La bancada de diputados del Partido de la Gente (PDG), liderada por la diputada Pamela Jiles, presentó su primer proyecto de reforma constitucional conjunto: una iniciativa que permitiría a cualquier extranjero residente en Chile —no solo a técnicos y profesionales, como exige la ley actual— retirar hasta el 75% de los fondos acumulados en su cuenta individual de AFP al momento de abandonar el país de forma definitiva.

Cómo se distribuiría el dinero según la propuesta

El proyecto establece que del total de los fondos, el migrante podría llevarse directamente 75% al salir del país. El 25% restante tendría un destino distinto: 10% se destinaría a financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU), el beneficio previsional básico que reciben los chilenos, mientras que el 15% final sería devuelto al beneficiario recién después de cinco años, y únicamente si esa persona no volvió a solicitar residencia en Chile durante ese período. El propio proyecto establece además que quienes se acojan a este retiro no podrán volver a solicitar residencia en el país, y deberán declarar bajo juramento si intentan regresar, lo que habilitaría a las AFP a emprender acciones legales para recuperar los fondos entregados.

El objetivo declarado: incentivar la salida voluntaria

“Queremos hacer una contribución concreta y efectiva a la posibilidad de que, con total respeto a los derechos humanos y a la legislación vigente, puedan salir del país la mayor cantidad de migrantes, voluntariamente, que quieran hacerlo, estimulados por la posibilidad de llevarse a su país de origen sus fondos previsionales”, declaró Jiles al presentar la iniciativa. Según explicó, el diseño busca evitar cualquier efecto inflacionario, ya que los fondos retirados saldrían del sistema financiero chileno junto con la propia persona que los recibe.

Una afirmación que contradice los datos oficiales

Vale la pena señalar una contradicción real entre el discurso político detrás de este proyecto y los datos oficiales que ya documentamos en esta sección. Jiles justificó la necesidad de esta nueva ley argumentando que el mecanismo actual, bajo la Ley 18.156, “no ha tenido efectividad” y que existe “una cantidad muy reducida de casos en que esto se haya hecho efectivo”. Sin embargo, las propias cifras de la Superintendencia de Pensiones muestran lo contrario: solo los venezolanos solicitaron 12,406 retiros bajo esa misma ley en 2023, la cifra más alta de cualquier nacionalidad registrada hasta ahora. Es posible que la diputada se refiera a la baja proporción de migrantes que califican para el beneficio actual —limitado a técnicos y profesionales con requisitos específicos— frente al total de la población migrante en el país, pero la caracterización de “muy reducida” no se sostiene frente al volumen real de solicitudes que ya documentamos.

El estado actual del proyecto

Se trata, por ahora, de una reforma constitucional recién ingresada a tramitación, respaldada por los 13 parlamentarios de la bancada del PDG. Como cualquier reforma de este tipo en el sistema legislativo chileno, deberá superar las etapas correspondientes en ambas cámaras del Congreso antes de convertirse eventualmente en ley, un proceso que puede extenderse considerablemente en el tiempo.

Por qué esto importa para la diáspora venezolana: si este proyecto avanza, representaría una ampliación considerable respecto al mecanismo que hoy existe bajo la Ley 18.156 —que, como explicamos en nuestra guía completa sobre el retiro de fondos de AFP, exige un título profesional y una serie de requisitos que muchos migrantes venezolanos en Chile simplemente no cumplen—. Para la comunidad venezolana, que ya lidera el uso del mecanismo actual, una eventual aprobación de esta reforma podría abrir la puerta a que un número mucho mayor de personas, sin necesidad de un título técnico o profesional, también pueda recuperar parte de sus ahorros previsionales al dejar el país.