“Después de 16 años de persecución e injusticia, la jueza María Lourdes Afiuni ha logrado recuperar su libertad plena. Este proceso arbitrario, que nunca debió haber existido, representa una de las manifestaciones más crueles de la destrucción del Estado de Derecho en Venezuela.” Con esas palabras reaccionó este viernes el gobernador del Zulia, Manuel Rosales, a la noticia que sacudió al país entero: la justicia venezolana cerró de manera definitiva el caso contra la jueza Afiuni y le otorgó la libertad plena, poniendo fin a un proceso que se extendió durante más de 16 años. Rosales fue más allá de la reacción puntual: “Esta decisión debe marcar el comienzo del fin de la persecución y debe extenderse a todos los presos políticos que continúan encarcelados por defender la democracia.”
La noticia de la libertad de Afiuni fue confirmada por su hermano, Nelson Afiuni, y su representante legal, Thelma Fernández, mediante un comunicado público difundido este viernes. “La orden del tribunal… pone fin de manera definitiva al proceso seguido en su contra y restituye plenamente su libertad, cerrando formalmente un caso que nunca debió existir”, afirmaron ambos. El caso Afiuni comenzó en diciembre de 2009, cuando la entonces jueza fue detenida después de otorgar libertad condicional al banquero Eligio Cedeño, en cumplimiento de una recomendación del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas. Al día siguiente de esa decisión judicial, y tras conocerse que Cedeño había huido del país rumbo a Miami, el entonces presidente Hugo Chávez exigió públicamente en cadena nacional que se le impusiera a Afiuni la condena máxima de 30 años de prisión, acusándola de haber facilitado la fuga del banquero.
Ese señalamiento directo de Chávez marcó, según ha documentado extensamente la organización Acceso a la Justicia, un antes y un después en la historia judicial venezolana: fue la primera vez que un presidente en funciones pedía públicamente una condena específica contra un juez por una decisión tomada en el ejercicio de sus funciones. Afiuni permaneció en prisión hasta 2011, cuando pasó a arresto domiciliario, y en 2013 obtuvo libertad condicional. Pero el proceso judicial en su contra continuó: el 21 de marzo de 2019, casi una década después de su detención inicial, el juez Manuel Antonio Bognanno la condenó a cinco años de prisión por el insólito delito de “corrupción espiritual” —es decir, corrupción sin que mediara ningún beneficio económico, algo que la propia fiscalía reconoció en su momento. En enero de 2023, fue notificada de su destitución como jueza titular sin que se le hubiera dado participación formal en ese procedimiento.
Hasta el día de hoy, Afiuni mantenía una libertad condicional que, según detalló su familia, incluía la prohibición de salir de la ciudad, hablar con la prensa, usar redes sociales, votar o tramitar un pasaporte —una restricción casi total de sus derechos civiles y políticos que se extendió durante años, pese a que la propia condena impuesta ya se había cumplido. La noticia de su libertad plena llega, además, en un momento de particular fragilidad para su salud: un día antes, su familia había denunciado públicamente que le fueron detectadas tres lesiones tumorales tras ser trasladada de emergencia a un centro asistencial, y solicitó formalmente que se le permitiera viajar a Estados Unidos para recibir atención médica especializada junto a su única hija, quien reside allí.
El caso Afiuni trascendió hace tiempo el ámbito estrictamente personal para convertirse, como señaló su propia familia en el comunicado de este viernes, en “un símbolo inequívoco del deterioro de la independencia judicial en Venezuela”. Tres expertos independientes de las Naciones Unidas llegaron a calificar su detención como un golpe directo del entonces presidente Chávez contra la independencia de jueces y abogados en el país, y en 2023 la magistrada recibió el premio de derechos humanos de la Asociación Alemana de Jueces en reconocimiento a lo que representó su caso.
La reacción de Manuel Rosales se inscribe, además, en una coincidencia cronológica que vale la pena señalar: 2009, el año en que Afiuni fue detenida, fue también el año en que el propio Rosales —entonces alcalde de Maracaibo, tras haber sido gobernador del Zulia y candidato presidencial contra Chávez en 2006— fue acusado de enriquecimiento ilícito y forzado a partir al exilio en Perú, donde permaneció hasta el fallecimiento de Chávez en 2013. No hay registro de una defensa pública específica de Rosales hacia Afiuni durante esos años de exilio, pero ambos casos —el de una jueza encarcelada por una decisión judicial, y el de un político opositor exiliado por una acusación que él mismo calificó después de motivada políticamente— forman parte de la misma ola de persecución que caracterizó ese período particularmente duro del chavismo original.
La reacción de Rosales no llegó aislada. En las horas posteriores al anuncio de la familia Afiuni, otras figuras de la política venezolana y de organizaciones de derechos humanos se sumaron a los pronunciamientos celebrando el cierre del caso, en lo que se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados en redes sociales venezolanas de esta jornada. Ese tipo de respuesta colectiva y casi inmediata refleja cuánto peso simbólico conserva el caso Afiuni dentro de la memoria política reciente del país, incluso años después de que dejara de ser noticia de portada de forma regular: para buena parte de la clase política opositora, su nombre sigue funcionando como una referencia obligada al hablar de independencia judicial y persecución política en Venezuela.
El propio Rosales llega a este momento con su propia trayectoria reciente marcada también por el enfrentamiento directo con el poder: regresó a Venezuela en 2015 tras años de exilio, fue detenido al aterrizar en el Aeropuerto Internacional La Chinita por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, y más tarde reconstruyó su liderazgo político hasta recuperar la gobernación del Zulia en las elecciones de 2021. Esa trayectoria de haber pasado, él mismo, por detención, exilio y un regreso político disputado, es parte de lo que le da a su pronunciamiento sobre Afiuni un peso distinto al de otros comentarios protocolarios de figuras públicas: habla desde la experiencia directa de haber estado del otro lado de decisiones judiciales que, según ha sostenido él mismo en distintas entrevistas a lo largo de los años, respondieron más a cálculo político que a criterios estrictamente legales.
Por qué esto importa para la diáspora venezolana: el cierre del caso Afiuni, y el llamado explícito de Rosales a que esta decisión “se extienda a todos los presos políticos que continúan encarcelados”, pone de nuevo sobre la mesa una pregunta que atraviesa a toda la diáspora venezolana desde la captura de Maduro: cuántos casos similares —personas perseguidas, encarceladas o inhabilitadas por decisiones tomadas en el ejercicio legítimo de su profesión o su derecho a disentir— siguen sin resolverse, y qué mecanismo real existe para que casos como el de Afiuni dejen de ser la excepción que se resuelve tras 16 años, y se conviertan en la norma de un sistema judicial que finalmente funcione con independencia. Para millones de venezolanos que huyeron precisamente de ese tipo de persecución, la liberación de Afiuni es una noticia que reconforta, pero que también recuerda cuánto tiempo puede tardar la justicia en llegar, incluso cuando finalmente lo hace.