Agentes de Homeland Security Investigations (HSI), la unidad de investigaciones criminales que depende de ICE, registraron la madrugada de este lunes 12 de octubre la casa en Washington de la congresista demócrata Ilhan Omar, de Minnesota.
El Departamento de Justicia confirmó que la orden de registro fue obtenida por la fiscalía y que el procedimiento es “parte de una investigación criminal federal en curso”. No se informaron cargos.
Qué se investiga
Según fuentes citadas por CBS News, la investigación se centra en los papeles migratorios de la infancia de Omar, tramitados por su padre, ya fallecido. Omar nació en Somalia y llegó a Estados Unidos como refugiada cuando era niña. Ha negado en varias ocasiones las acusaciones de fraude migratorio.
El caso no surge de la nada. En marzo, el vicepresidente JD Vance dijo que creían que Omar “definitivamente cometió fraude migratorio”. En septiembre, el zar fronterizo Tom Homan confirmó que había una investigación abierta, y el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, anticipó que “algo va a pasar”. Trump ha amenazado durante años con quitarle la ciudadanía.
La respuesta de Omar
Su oficina dijo que la congresista “no ha hecho nada malo” y calificó el registro de “abuso de poder escandaloso”. En redes sociales, Omar escribió: “Estoy bien” y “No me van a silenciar”. Agregó que Trump la ha atacado durante diez años y que esto es su último intento de intimidación política.
Los líderes demócratas de la Cámara, Hakeem Jeffries, Katherine Clark y Pete Aguilar, calificaron el registro de “profundamente perturbador” y advirtieron sobre el uso del gobierno federal contra los adversarios de Trump.
Lo que está en juego
Hay dos lecturas posibles, y ambas merecen atención. Si existen pruebas de fraude, la justicia debe seguir su curso como con cualquier persona. Pero el registro de la casa de una congresista en funciones, a tres semanas de unas elecciones en las que ella misma está en la boleta, y después de años de declaraciones públicas del gobierno anticipando el resultado, es un hecho con muy pocos precedentes.
Un registro no es una acusación, y una acusación no es una condena. Para millones de ciudadanos naturalizados, la pregunta de fondo es otra: si papeles tramitados por los padres hace décadas pueden convertirse en una investigación criminal, ¿cuál es el límite?