“No tiene sentido”. Así resumió el canciller español, José Manuel Albares, su posición sobre las sanciones europeas que pesan sobre Delcy Rodríguez. Lo dijo el martes 10 de noviembre en Bruselas, ante periodistas, según EFE recogida por Infobae: una “mayoría” de los países de la Unión Europea está a favor de levantarlas, la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, “estuvo de acuerdo conmigo desde el primer momento”, y ahora ella está hablando con los “pocos países que todavía tienen alguna duda”.

Les explico por qué esa frase, dicha así, a mí me dice más de lo que parece. Albares no anunció nada. Lo que hizo fue admitir que la propuesta sigue trancada. España la empujó en febrero, después de la ley de amnistía, y el 23 de ese mes Kallas dijo que propondría levantar la prohibición de entrada y el congelamiento de bienes de Delcy, según Eunews. Han pasado casi nueve meses. Para sacar a alguien de esa lista hace falta que los 27 estén de acuerdo, y esa unanimidad no ha llegado, como recordó Estrella Digital la semana pasada.

Conviene recordar qué es lo que se quiere levantar. La UE tiene un régimen de medidas restrictivas contra Venezuela desde noviembre de 2017, que empezó con un embargo de armas y de material para la represión interna. Delcy está en la lista desde 2018, cuando presidía la Constituyente. Hoy la lista incluye a 69 personas, entre ellas Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, y el Consejo la prorrogó el 15 de diciembre de 2025 hasta el 10 de enero de 2027, citando “acciones persistentes que socavan la democracia y el Estado de Derecho”. En abril, el Parlamento Europeo pidió mantenerlas hasta que haya avances “irreversibles”. Todo eso, según el mismo recuento de Estrella Digital.

Ahí está la fecha que hay que mirar. Antes del 10 de enero, Bruselas tiene que decidir si renueva la lista como está, si saca a Delcy o si cambia el régimen completo. Y ese debate va a coincidir con la ruta que Marco Rubio puso sobre la mesa en París: un Tribunal Supremo nuevo hacia mediados de diciembre, un CNE después y, con los dos funcionando, que Delcy declare vacante la Presidencia para que corran seis meses hasta las elecciones. Nada de eso ha pasado todavía. El cuarto ciclo del diálogo, que se había anunciado para hoy, ahora arrancaría el viernes 13, según fuentes citadas por EFE (La Nación), y sin agenda publicada.

A mí me llama la atención el argumento de Albares de que Delcy “ha visitado varios países europeos” sin generar “ninguna dificultad”. La prohibición de entrada tiene excepciones, por ejemplo para reuniones intergubernamentales, siempre que el país anfitrión lo notifique. Pero la semana pasada, en la Cumbre Iberoamericana de Madrid, en la casa del propio Albares, la delegación venezolana no la encabezó ella sino el canciller Oliver Blanco. Si las sanciones fueran tan irrelevantes como dice el ministro, uno esperaría haberla visto en el Teatro Real.

Y hay otra cosa que no se puede pasar por alto. Albares habló de acompañar la transición y de “unas elecciones libres competidas, donde todo el que quiera pueda participar”. Lo comparto. Pero la secuencia que propone va al revés: primero se le quita el castigo a quien hoy controla el poder, y después se espera que cumpla. En febrero el argumento eran los 379 excarcelados de la amnistía que citó el mismo Albares. Desde entonces hubo más excarcelaciones, sí, pero Foro Penal todavía contaba 322 presos políticos en su balance de octubre, y la falta de una vacante declarada ya la está usando la defensa de Cilia Flores en Nueva York para decir que Maduro “seguiría” siendo presidente.

Las sanciones no son un fin en sí mismas. Son una palanca, y una palanca se suelta cuando ya hizo su trabajo, no antes. Estados Unidos ya sacó a Jorge Rodríguez de su lista el mismo día de la tercera ronda del diálogo. Si Europa hace lo mismo con Delcy antes de que haya un TSJ nuevo, un CNE creíble y una fecha para votar, ¿qué le queda a los venezolanos para exigir que la transición llegue hasta el final?