La mesa de diálogo formada por representantes del chavismo y un sector importante de la oposición venezolana se reunió este jueves por primera vez de manera completamente presencial, en un encuentro celebrado dentro del Centro de Convenciones Parque Simón Bolívar, ubicado en la base aérea La Carlota, en Caracas. Es el primer paso concreto y físico del proceso de negociación que busca diseñar la hoja de ruta hacia una transición democrática, siete meses después de la captura de Nicolás Maduro. El propio presidente de la Asamblea Nacional oficialista, Jorge Rodríguez, describió el lugar elegido como “casi un búnker”, una decisión que el bloque gobiernista tomó, según explicó, por razones de seguridad y para limitar el acceso de la prensa al encuentro.

La delegación opositora está encabezada por Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015 —la última institución democrática de Venezuela y el único parlamento reconocido tanto por Estados Unidos como por buena parte de la comunidad internacional—, acompañada por Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus y Sergio Vergara, con apoyo técnico de Macario González, Desiree Barboza, Julio César Moreno y Elimar Díaz. No trascendió públicamente si hubo participación directa de funcionarios estadounidenses dentro de la sala durante esta primera reunión, aunque sí se confirmó que la delegación opositora fue recibida por representantes de Estados Unidos a su llegada al país, en lo que confirma el rol de tutela activa que Washington ha mantenido sobre el proceso desde su misma gestación.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha sido la figura central en el diseño de este proceso, enmarcado en lo que la administración estadounidense denomina el “plan de tres fases” para Venezuela: estabilización, recuperación económica, y transición hacia elecciones democráticas. Apenas unos días antes de esta primera reunión presencial, Rubio había pedido paciencia sobre los tiempos reales del proceso: “Creo que va a requerir algo de constancia y un poco de paciencia; no años, pero sí meses y semanas”, declaró ante periodistas, comparando la situación venezolana con transiciones históricas como la de Europa del Este tras la caída del Telón de Acero, o la de Paraguay, que tomó casi tres años y medio en completar su cambio de un régimen autoritario a uno democrático.

El contraste de tono entre la diplomacia cuidadosa de Rubio y las declaraciones del propio presidente Trump sobre el mismo proceso resultó, para muchos observadores, difícil de pasar por alto. En comentarios públicos recientes, Trump se refirió al control que Estados Unidos ejerce actualmente sobre los recursos petroleros venezolanos con una frase que generó controversia inmediata: “al vencedor le pertenecen los despojos”, dijo, mientras presumía de estar “llevándose miles y miles de millones de barriles de petróleo” del país. La frase llega apenas semanas después de que, según testimonio del propio Rubio ante el Senado en enero, la entonces recién instalada presidenta encargada Delcy Rodríguez se comprometiera a abrir el sector energético venezolano a empresas estadounidenses, ofreciendo acceso preferencial a la producción petrolera como parte de la cooperación con Washington tras la caída de Maduro.

Esa combinación —un gobierno interino que depende en gran medida del respaldo estadounidense para sostener su propia legitimidad, y un presidente estadounidense que públicamente enmarca esa relación en términos de “despojos de guerra” sobre el petróleo del país— añade una capa de tensión adicional a un proceso de por sí frágil. Human Rights Watch y otras organizaciones de derechos humanos ya venían solicitando que el diálogo incluyera garantías más amplias, incluyendo la liberación de todos los presos políticos que persisten en el país, un reclamo que cobra más fuerza justo esta misma semana, tras conocerse la liberación plena de la jueza María Lourdes Afiuni después de 16 años de proceso judicial.

El propio proceso de diálogo ya sufrió una interrupción temporal por causas de fuerza mayor: los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron al país el 24 de junio, dejando más de 5,500 fallecidos según cifras oficiales, obligaron a posponer la instalación formal de la mesa técnica y política que ambas partes habían acordado crear tras una primera reunión el 18 de junio entre Figuera y Rodríguez. La agenda pactada contempla reformas institucionales de fondo, incluyendo la renovación del Consejo Nacional Electoral y la reconfiguración del Tribunal Supremo de Justicia —dos de las instituciones que la oposición venezolana señala como más comprometidas por el chavismo durante más de dos décadas de control político continuo.

Este primer encuentro presencial ocurre además apenas días después de que documentáramos en este medio el desplome en las cifras de aprobación de Delcy Rodríguez —22% según la más reciente encuesta de AtlasIntel, su nivel más bajo registrado— frente al fuerte repunte de imagen positiva de María Corina Machado, que alcanzó 72% en la misma medición. Esa brecha de legitimidad popular entre quien encabeza formalmente al gobierno interino que participa en esta mesa, y la dirigente opositora que reveló no haber sido consultada sobre su diseño, es el trasfondo político con el que se instaló hoy esta primera reunión presencial —un contraste que analistas ya señalan como una de las principales fuentes de fragilidad del proceso completo, independientemente de cuánto avance formal se logre en la mesa técnica instalada en La Carlota.

La comunidad internacional, más allá de Estados Unidos, también ha comenzado a posicionarse frente a este proceso. En los últimos días documentamos cómo Venezuela retomó gestiones de normalización diplomática con países como República Dominicana y Perú, en paralelo a esta mesa de diálogo interna, en lo que analistas interpretan como un esfuerzo del gobierno de Delcy Rodríguez por proyectar una imagen de apertura y legitimidad internacional que respalde su posición negociadora frente a la oposición y frente a Washington. Organismos como la Organización de los Estados Americanos han mantenido, hasta el momento, un rol más discreto en el proceso, limitándose a comunicados generales de respaldo a una “transición pacífica y democrática”, sin la participación operativa directa que sí ha asumido el Departamento de Estado estadounidense desde el primer momento.

Por qué esto importa para la diáspora venezolana: la imagen de la primera reunión presencial celebrada dentro de una base aérea, descrita por su propio anfitrión oficialista como “casi un búnker”, junto con las declaraciones de Trump sobre “despojos” petroleros, plantea una pregunta incómoda que millones de venezolanos en el exterior se hacen sobre este proceso: si la transición que se está negociando responde genuinamente a las necesidades y demandas del pueblo venezolano, o si termina siendo, en la práctica, una negociación entre el gobierno interino y Washington sobre el reparto de los recursos del país, con la participación formal de la oposición como una pieza más dentro de ese tablero más amplio. Para quienes siguen de cerca cada paso de este proceso desde fuera de Venezuela, la sinceridad y la transparencia de esta mesa de diálogo —más que su velocidad— seguirá siendo la vara con la que se mida si esta transición realmente construye algo sostenible, o si simplemente reorganiza el poder entre actores distintos.