La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela presentó este 16 de septiembre un nuevo informe con una conclusión central: pese a mejoras limitadas en materia de derechos humanos, las instituciones estatales responsables de la represión, las graves violaciones y los crímenes de lesa humanidad siguen intactas. El documento será presentado formalmente ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el próximo 18 de septiembre.

La frase que resume el hallazgo central

Sofía Macher, presidenta de la Misión, lo planteó con precisión: “la reducción de algunas de las formas más severas de represión es significativa, pero de ninguna manera constituye una transformación del sistema que las hizo posibles”. Es una distinción importante que conecta directamente con lo que documentamos hace unos días sobre Delcy Rodríguez reforzando con equipamiento a la DGCIM, uno de los principales órganos represivos, en el mismo período donde se proyecta una imagen de apertura diplomática hacia el exterior.

Los 64 nuevos casos de tortura, con métodos no reportados antes

El dato más grave del informe es la documentación de 64 nuevos casos de tortura ocurridos después del 3 de enero de 2026, fecha de la captura de Nicolás Maduro. La Misión identificó métodos que no habían sido reportados anteriormente, entre ellos la intubación forzada y el sondaje urinario forzado. La desnudez forzada, según el informe, fue una característica común en distintas formas de maltrato documentadas, lo que aumentaba la vulnerabilidad de las víctimas.

Los centros más denunciados fueron El Rodeo I, el mismo penal donde documentamos hace unas semanas el traslado arbitrario de presos sin notificación a sus familiares, y Fuerte Guaicaipuro. La Misión concluyó que la especificidad de estos métodos, propios de esas instalaciones y del personal responsable de administrarlas, indica que no se trata de actos aislados, sino de “una cultura institucionalizada alimentada por la tolerancia y la impunidad”.

Las cifras de detenciones

Entre el 1 de septiembre de 2025 y el 29 de julio de 2026, organizaciones de la sociedad civil registraron al menos 214 detenciones arbitrarias por motivos políticos, el 94% de las cuales ocurrió antes de finalizar 2025. Después del 3 de enero, la Misión identificó un patrón recurrente de arrestos breves destinados a intimidar a activistas opositores, periodistas y otros integrantes de la sociedad civil. Pese a las excarcelaciones registradas, organizaciones no gubernamentales calculan que entre 379 y 500 personas permanecen detenidas por razones políticas.

Lo que más preocupa a la Misión: quién sigue en el poder

Uno de los hallazgos más relevantes del informe es que al menos 19 funcionarios previamente identificados por su presunta participación en graves violaciones de derechos humanos continúan en cargos relevantes, o fueron trasladados a otras posiciones estratégicas. La Misión también denunció que no se ha adoptado ninguna medida para desarmar a los “colectivos”, grupos civiles armados progubernamentales que, según sus conclusiones, mantienen vínculos con autoridades y fuerzas de seguridad, y que han sido una fuente permanente de intimidación a nivel comunitario.

Por qué este informe llega en un momento especialmente contradictorio

Este reporte se conoce apenas un día antes de que documentáramos, en el resumen de nuestro podcast diario, el arranque del segundo ciclo de diálogo entre chavismo y oposición, y el desbloqueo de varios medios digitales anunciado por el propio gobierno de Delcy Rodríguez. La coincidencia temporal no podría ser más reveladora: mientras se negocian garantías políticas y se celebra la apertura de nuevos espacios informativos, la Misión de la ONU documenta con nombre y método la persistencia de la tortura dentro del propio sistema de detención venezolano.

Lo que la ONU pide, más allá de la denuncia

El informe plantea que la liberación de personas detenidas y la reducción de ciertas prácticas represivas no sustituyen la necesidad de investigar las violaciones cometidas y establecer responsabilidades concretas. Es una distinción que separa dos cosas que suelen presentarse como equivalentes en el discurso oficial: dejar de detener y torturar no es lo mismo que rendir cuentas por haberlo hecho.

Para la diáspora venezolana que sigue de cerca cada señal sobre el rumbo del país, este informe confirma, con la autoridad de un organismo internacional independiente, algo que hemos venido documentando en esta serie con casos individuales: la distancia entre los gestos de apertura hacia el exterior y las condiciones reales que persisten dentro de las instituciones de seguridad venezolanas sigue siendo, según la propia ONU, una transformación pendiente, no consumada.