El Servicio Nacional de Migraciones de Chile (SERMIG) informó a finales de julio a las oficinas municipales de migrantes que, mediante el Oficio N.° 23542, a partir del 1 de agosto se les retiraba la posibilidad de solicitar, a través de la plataforma del programa Sello Migrante, la visa humanitaria para niños, niñas y adolescentes inmigrantes en el país. El Sello Migrante es una iniciativa que buscaba fortalecer el trabajo de los gobiernos locales chilenos en materia de inclusión e interculturalidad, ofreciéndoles a las municipalidades acceso directo y ágil a ese permiso de residencia humanitario para menores.

La medida llega en un momento de cambios profundos dentro de la propia institución migratoria chilena. El nuevo director nacional de SERMIG, Frank Sauerbaum, asumió el cargo con la nueva administración del presidente José Antonio Kast, y el pasado 5 de agosto el propio mandatario se refirió en cadena nacional a su nueva Agenda Contra el Crimen Organizado y Terrorismo (ACOT), un conjunto de medidas que la autoridad presenta como parte de un fortalecimiento general del control migratorio y de seguridad en el país.

El contexto detrás de esta decisión se entiende mejor con las cifras de movimiento migratorio que el propio Sauerbaum compartió en una declaración oficial reciente: entre enero y julio de 2026, un total de 6,722 migrantes abandonaron Chile de forma voluntaria, siendo la mayoría ciudadanos venezolanos. De esa cifra, 1,184 venezolanos salieron del país específicamente después del doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio, un dato que el propio director atribuyó al impacto que tuvo esa emergencia en las decisiones de retorno de parte de la comunidad migrante.

La situación se vuelve todavía más compleja al considerar que, en paralelo a estas restricciones internas, Chile y Venezuela avanzan en sentido contrario en el plano diplomático. El pasado 6 de agosto, el director general de Asuntos Consulares, Inmigración y Chilenos en el Exterior de Chile, Hernán Núñez, se reunió en Caracas con el viceministro para América Latina de Venezuela, Mauricio Rodríguez, como parte del proceso de normalización de relaciones bilaterales que ambos países anunciaron formalmente a finales de julio, tras casi dos años de ruptura diplomática. Es decir: mientras las relaciones oficiales entre ambos gobiernos se reconstruyen a nivel consular, las protecciones específicas para los niños migrantes venezolanos dentro de Chile se están reduciendo al mismo tiempo.

Chile alberga la mayor comunidad venezolana de Sudamérica fuera de Colombia, con más de 500,000 personas según estimaciones del Departamento de Extranjería y Migración, convertida en la primera comunidad extranjera del país desde 2018, por encima incluso de la histórica migración peruana. La captura de Nicolás Maduro en enero reabrió, según analistas migratorios citados por La Tercera, la incertidumbre sobre el futuro de cientos de miles de esos venezolanos, muchos de los cuales llegaron con la intención de establecerse de forma permanente en el país.

Por qué esto importa para la diáspora venezolana: la eliminación de una vía administrativa específicamente diseñada para proteger a los menores migrantes, en el mismo periodo en que miles de familias venezolanas ya están tomando la decisión de dejar Chile, envía una señal preocupante sobre hacia dónde se dirige la política migratoria del nuevo gobierno chileno hacia esta comunidad. Para las familias venezolanas que hoy residen en Chile con hijos menores de edad, este cambio específico —que no elimina la visa humanitaria en sí, pero sí retira el canal ágil que las municipalidades tenían para tramitarla— representa un obstáculo adicional en un momento donde, según las propias cifras oficiales, la comunidad venezolana en el país ya enfrenta más incertidumbre que en años anteriores sobre su futuro migratorio.