“Ya son nueve años esperando el asilo.” Con esa frase, Oreanna Burgos resume la angustia que vive su familia desde el 27 de julio, cuando agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a su padre y a su hermano en el Aeropuerto Internacional de Miami. Ambos permanecen bajo custodia mientras Estados Unidos reanudó, esta semana, los vuelos de deportación hacia Venezuela por primera vez desde los terremotos que devastaron buena parte del país en junio. Para la familia Burgos, y para cientos de familias venezolanas en el sur de Florida que siguen el caso de cerca, la pregunta ya no es abstracta: es si sus propios familiares podrían estar en el próximo vuelo.

El vuelo que reactivó la alarma aterrizó el lunes en el aeropuerto de Barcelona, en el estado Anzoátegui, con 147 ciudadanos venezolanos a bordo, según información difundida por el diputado oficialista Mervin Maldonado. La aeronave había despegado desde el sur de Florida, y su llegada representó la primera deportación masiva hacia Venezuela desde que el país fue golpeado por un doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 el mes pasado, un desastre que dejó miles de muertos confirmados y buena parte de la infraestructura del país seriamente dañada. José Colina, presidente de la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX), cuestionó directamente la decisión de reanudar estos vuelos en medio de ese escenario: “Pareciera que ha primado la política migratoria agresiva, por encima de la cordura, la protección y el sentido común”, declaró. Colina fue más allá al describir el estado del país receptor: “La situación política y física del país está completamente dañada por el terremoto. De hecho, un vuelo de deportados murió casi completo producto de esa tragedia natural.”

El caso específico de la familia Burgos ilustra, con nombre y apellido, lo que para VEPPEX es un patrón más amplio de riesgo. Según confirmó la propia agencia ICE a Telemundo 51, Carlos Enrique Burgos Acosta padre e hijo son “inmigrantes indocumentados de Venezuela”: el padre fue admitido en Estados Unidos en enero de 2018, y el hijo en marzo del mismo año. Ambos, según la agencia, dejaron de mantener un estatus migratorio legal, y permanecerán bajo custodia mientras se resuelven sus procesos. Pero Oreanna Burgos ofrece una lectura distinta de esa misma situación: sostiene que su familia continúa, literalmente, esperando que se les asigne una audiencia migratoria. “No eres indocumentado. Simplemente el proceso de corte no se ha realizado porque el mismo Estado no tiene jueces”, explicó, apuntando a un problema estructural del sistema migratorio estadounidense —la escasez crónica de jueces de inmigración— que deja a miles de solicitantes de asilo en un limbo legal que puede extenderse, como en este caso, durante casi una década.

En medio de esa incertidumbre, el respaldo político más visible para familias como la de los Burgos sigue viniendo del propio Partido Republicano de Florida. El congresista Carlos Giménez, republicano por el sur de Florida, reiteró su respaldo a mantener las protecciones migratorias para los venezolanos poco después de los terremotos de junio. En una declaración enviada a Telemundo 51, la oficina del legislador fue explícita: “El congresista Giménez apoya que todo venezolano con un caso de asilo político creíble y verificable debe tener la oportunidad de presentar su caso ante un juez para ajustar su estatus”, y agregó que Giménez “se opone a enviar a los beneficiarios de TPS a Venezuela durante esta época”. Hasta el momento, sin embargo, el gobierno federal no ha anunciado ningún cambio sobre una posible extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos que dependen de él para permanecer legalmente en el país.

Ese silencio oficial es, para buena parte de la comunidad venezolana en el sur de Florida, la parte más difícil de sobrellevar. No se trata solo de la incertidumbre legal individual de cada caso, sino de la falta de una señal clara sobre si Washington ajustará su política migratoria a la luz de un desastre natural de la magnitud del que golpeó a Venezuela en junio. La postura de organizaciones como VEPPEX es que el país, en su estado actual —con infraestructura dañada, sistema de salud sobrecargado y una transición política todavía en curso tras la captura de Nicolás Maduro en enero— no reúne condiciones mínimas para garantizar un retorno seguro, independientemente del estatus legal previo de cada persona deportada.

El caso Burgos, además, no ocurre en el vacío: se suma a un flujo constante de historias similares que han ido apareciendo en medios de Miami a lo largo de este año, de familias que combinan procesos migratorios legales sin resolver con el temor concreto de terminar en un vuelo de deportación mientras esperan su turno ante un juez que, en la práctica, todavía no existe para atenderlos. Esa brecha entre lo que la ley permite en teoría —el derecho a una audiencia antes de cualquier decisión final— y lo que realmente ocurre en la práctica administrativa, es el núcleo del reclamo que tanto Oreanna Burgos como organizaciones de derechos migratorios han planteado repetidamente ante las autoridades federales.

Por qué esto importa para la diáspora venezolana: el caso de los Burgos no es una anécdota aislada, es el ejemplo más concreto y humano de una tensión que atraviesa a decenas de miles de familias venezolanas en Estados Unidos en este momento: la distancia entre el discurso de protección temporal que ofrece el sistema migratorio y la realidad de procesos que se extienden durante años sin resolución, mientras la política de deportaciones avanza en paralelo. Con Venezuela todavía reconstruyéndose tras los terremotos y sin una fecha clara para elecciones libres, la pregunta de si Washington ajustará el ritmo de estas deportaciones —o si historias como la de padre e hijo esperando nueve años por una audiencia seguirán siendo la norma— sigue completamente abierta.