El senador Manuel José Ossandón, de Renovación Nacional, afirmó este martes que logró convencer al presidente José Antonio Kast de aceptar una fórmula para regularizar a migrantes que se encuentran en situación irregular en Chile, según reportó BioBioChile. El mecanismo que describió el propio senador es, cuando menos, singular.

Cómo funcionaría, en las propias palabras del senador

Ossandón lo explicó con una franqueza poco habitual en este tipo de anuncios: “va a tomar una micro, va a pasar hacia Mendoza, pero antes de llegar a Argentina va a dar la vuelta el bus y va a entrar de nuevo a Chile. Así es el chiste, pero así va a ser”. Es decir, el migrante no llegaría a cruzar efectivamente la frontera hacia territorio argentino: el bus se detendría y regresaría antes de completar el trayecto, en lo que funcionaría como una salida simbólica del país.

Por qué esa “salida” simbólica es necesaria

Según explicó el propio senador, quienes cumplan los requisitos podrían abandonar el territorio nacional sin pagar la multa habitual y sin recibir una prohibición de reingreso, para luego realizar el trámite de retorno de manera regular. La lógica de fondo es que la normativa migratoria chilena exige, para ciertos mecanismos de regularización, que la persona haya salido del país; este esquema permitiría cumplir esa formalidad sin que el migrante realmente abandone el país de forma sostenida.

El contexto legal que hace posible este esquema

La actual normativa migratoria chilena, en su artículo 155, contempla la posibilidad de implementar mecanismos de regularización extraordinarios. Ya en 2024 el entonces subsecretario del Interior había señalado que se estudiaba esta posibilidad, en el marco del plan de acción del Estado chileno derivado del encuentro de Cartagena+40, y a comienzos de 2025 la propia ministra del Interior confirmó que una propuesta de regularización había superado la revisión del Tribunal Constitucional.

Cómo se relaciona con el Plan Retorno anunciado en junio

Este esquema se suma al Plan Retorno que el propio Kast había anunciado el 1 de junio, orientado a incentivar la salida voluntaria de migrantes que ingresaron por pasos no habilitados. Aquel plan contemplaba, para quienes tuvieran arraigo familiar o un contrato de trabajo vigente, la posibilidad de presentar una solicitud previa de residencia temporal antes de abandonar el país, con la solicitud activándose recién al momento de salir del territorio chileno, y un plazo de 180 días corridos para tramitarla.

El giro político que representa este anuncio

Vale la pena el contraste con el propio discurso de Kast desde que asumió: en junio, durante un viaje a Buenos Aires, había declarado que su gobierno iba a “ir avanzando, paso a paso, en la expulsión de migrantes irregulares”, y confiaba en que los venezolanos y otros extranjeros sin papeles se fueran del país de manera voluntaria. Que ahora acepte una fórmula orientada explícitamente a la regularización, aunque sea mediante este mecanismo poco convencional, sugiere un ajuste respecto a esa postura inicial más orientada a la expulsión.

Por qué esto importa para la diáspora venezolana en Chile

Desde 2014, cerca de 500,000 venezolanos se trasladaron a Chile, convirtiéndose en la colonia extranjera más numerosa del país. Una parte significativa de quienes ingresaron por pasos no habilitados durante los años de mayor crisis migratoria, particularmente por el paso de Colchane, siguen hoy en situación irregular. Para esa población, un mecanismo de regularización, incluso uno tan particular como este, representaría una vía concreta para acceder a estatus legal sin tener que abandonar realmente el país donde ya construyeron su vida.

Lo que todavía no está claro

Hasta el momento, este anuncio proviene de las declaraciones de un senador, no de un comunicado oficial del gobierno ni del Servicio Nacional de Migraciones detallando el procedimiento formal, los requisitos exactos, o el cronograma de implementación. Seguiremos de cerca si el Ejecutivo confirma oficialmente este mecanismo, y con qué condiciones específicas se aplicaría a la comunidad venezolana en Chile.