Esta es una de esas noticias que uno lee dos veces antes de contarla, porque sé el uso que se le va a dar. El jueves 5 de noviembre en la noche, agentes del Servicio Secreto se acercaron a un carro estacionado en la avenida Constitución, en Washington, a pocas cuadras de la Casa Blanca, porque el comportamiento del conductor les pareció sospechoso. Adentro estaba Ronny Yordrix Guanipa Chirinos, venezolano. Según el comunicado que publicó el viernes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), recogido por Infobae y La Patilla, el hombre dijo que escuchaba voces que le ordenaban viajar a la capital y matar a Donald Trump.

Lo que encontraron en el vehículo es lo que convierte esto en algo serio: un fusil tipo AR-15, un arma tipo MAC-10, una pistola Glock 43X y varias decenas de cartuchos. El carro, además, había sido reportado como robado. Esa lista coincide entre lo que reporta Infobae con base en el DHS y lo que publicó en X el comandante Jesús Romero, según Diario Las Américas. El DHS enumera cargos que van desde portar un fusil fuera de casa o negocio y transporte ilegal de armas hasta posesión de armas y municiones no registradas, uso no autorizado de un vehículo y recepción de bienes robados. Está bajo custodia del Servicio de Alguaciles, y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ya presentó una solicitud de retención migratoria.

Sobre su historia migratoria, lo único que hay es la versión oficial: según el DHS, entró de manera irregular por Texas en marzo de 2024, la Patrulla Fronteriza lo interceptó y luego lo dejó en libertad durante el gobierno de Joe Biden. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, felicitó a los agentes por detenerlo “antes de que pudiera dañar a alguien” y remató que ese hombre no tenía derecho a estar en el país. El director del Servicio Secreto, Sean Curran, dijo que les “alarma el aumento de casos de amenazas” y habló de “individuos armados que se sienten atraídos por el complejo de la Casa Blanca”.

Ahora, lo que no sabemos, que es bastante. No hay una fecha conocida de audiencia, no se sabe si tiene abogado ni qué va a declarar, y ninguna de las fuentes que revisé informa su edad, dónde vivía ni de dónde sacó las armas. Tampoco hay, hasta esta mañana, una evaluación pública de su salud mental, y yo no voy a jugar al psiquiatra con lo de las voces. Lo que sí les recuerdo es lo básico: esto es una acusación, no una condena, y el caso lo decidirá un tribunal.

Y aquí viene lo que a mí me preocupa como venezolano. Este arresto cae justo en la semana en que el TPS de más de medio millón de compatriotas está congelado por una pausa de 14 días del Noveno Circuito, que corre en principio hasta el 20 de noviembre, como les expliqué aquí. Fíjense que el propio comunicado del DHS ya trae el argumento político empacado: “lo soltó Biden”. No hace falta ser adivino para saber que el caso de un solo hombre va a aparecer en discursos, en escritos judiciales o en redes como si dijera algo de los cientos de miles de venezolanos que trabajan, pagan impuestos y no han tocado un arma en su vida. Ya lo vimos con el Tren de Aragua, y ya vimos también cómo terminan detenidos venezolanos con todos sus papeles en regla.

Si alguien amenaza con un fusil al presidente de Estados Unidos, que responda ante la justicia con todo el peso de la ley, sea venezolano, gringo o de donde sea. Lo que no puede pasar es que la culpa se reparta por pasaporte. Mi pregunta es si en Washington alguien va a tener la decencia de separar a un hombre armado en la avenida Constitución de una comunidad entera que lleva años esperando que un juez le diga si puede quedarse.