El gobierno de Donald Trump busca ampliar el acceso de Estados Unidos a los minerales de Venezuela, incluido el oro, apenas una semana después de anunciar el control mayoritario sobre las reservas petroleras del país, según reveló Reuters citando a tres fuentes familiarizadas con las conversaciones. Es la confirmación de que el interés estadounidense sobre los recursos naturales venezolanos no se detiene en el petróleo que documentamos extensamente en nuestra serie sobre el acuerdo con NABEP y Alejandro Betancourt.

Lo que Washington evalúa formalmente

Entre las alternativas que analiza la administración figura una posible orden ejecutiva centrada en minerales críticos, aunque un funcionario de la Casa Blanca aclaró que, por ahora, no existe necesidad de emitirla porque las leyes vigentes ya ofrecen un marco suficiente para la inversión. Funcionarios estadounidenses ya se han reunido con compañías del sector para explorar el terreno.

El problema de fondo: nadie sabe realmente cuánto hay

El obstáculo más serio para cualquier avance rápido no es político, sino técnico. Un informe del propio gobierno venezolano de 2018 estimó los recursos del país en 644 toneladas métricas de oro, 14,680 millones de toneladas de mineral de hierro, 321.5 millones de toneladas de bauxita y 407,885 toneladas de níquel. Pero ese informe usó los términos “reserva” y “recurso” de manera intercambiable, lo que dificulta determinar cuánto de eso podría extraerse de forma económicamente viable.

Un mapa gubernamental de 2021, basado en datos compilados en 2009, identificó además depósitos de cobre, coltán, uranio y tungsteno, sin precisar volúmenes. Es decir, buena parte de la información geológica sobre la que se basaría cualquier inversión minera tiene entre cinco y ocho años de antigüedad, o más.

Un detalle que Venezuela probablemente no tiene

Vale la pena precisar algo que suele generar confusión: el país no parece contar con reservas significativas de tierras raras, los minerales que se usan en imanes y tecnologías avanzadas, y que han sido el centro de buena parte de la disputa geopolítica global entre Estados Unidos y China en los últimos años.

El territorio real: control ilegal y daño ambiental

Aquí está el matiz que más complica la ecuación. Buena parte de los depósitos de oro se concentran en el Arco Minero del Orinoco, una vasta área cercana a las fronteras de Venezuela con Guyana y Brasil, donde grupos ilegales controlan la extracción. La minería ilegal de oro ya genera un daño creciente al delicado ecosistema y a la población de esa región, y frenar ese daño sigue siendo, formalmente, responsabilidad del gobierno en Caracas.

Es decir, antes de que cualquier empresa estadounidense pueda operar formalmente en esos territorios, tendría que resolverse un problema de control territorial que el propio Estado venezolano no ha logrado contener hasta ahora.

El marco legal que ya existe del lado venezolano

Los legisladores venezolanos aprobaron por unanimidad en abril una ley minera destinada a estimular nueva inversión. La legislación establece que los depósitos minerales permanecen como propiedad del Estado, y contempla regalías de hasta 13% sobre el valor bruto de producción de los minerales extraídos.

El temor que ya circula dentro de Venezuela

Reuters recoge un elemento político que no puede pasarse por alto: dentro de Venezuela existe el temor de que Trump esté convirtiendo al país en lo que algunos describen como una “colonia moderna”, extrayendo de forma secuencial cada uno de sus recursos estratégicos, primero petróleo, ahora minerales, sin que exista todavía transparencia plena sobre los términos legales de ninguno de esos acuerdos.

Cómo conecta con los nueve vacíos que ya documentamos

Esta noticia se suma directamente a la lista de preguntas sin responder que publicamos hace unos días sobre el acuerdo petrolero: si ni siquiera está claro el destino final del 65% de NABEP que no controla Estados Unidos, ni quién asume los costos operativos del petróleo, la posibilidad de que ahora se abra un frente paralelo sobre minerales, con datos geológicos desactualizados y territorios bajo control de grupos armados ilegales, multiplica la cantidad de variables que ningún documento público ha aclarado hasta ahora.

Los analistas consultados por Reuters coinciden en algo concreto: antes de cualquier inversión significativa, las empresas mineras probablemente exigirán estudios geológicos actualizados, dada la incertidumbre sobre las estimaciones, la infraestructura deficiente, y el mismo riesgo de seguridad jurídica que economistas como José Toro Hardy ya señalaron respecto al petróleo, cuando calificó a Venezuela como el país más riesgoso del mundo para invertir.