Cuatro días después del anuncio, el acuerdo petrolero entre Estados Unidos y el gobierno interino de Venezuela enfrenta un frente de cuestionamientos que ya no proviene solo de la política, sino del derecho constitucional y del análisis financiero institucional. Es precisamente la pregunta legal que dejamos planteada en el pilar de esta serie, y que ahora empieza a tener respuestas concretas de especialistas.

El vacío documental que señala UBS

El banco suizo UBS puso bajo la lupa el acuerdo y advirtió que su ejecución enfrenta interrogantes legales, políticos y financieros que podrían limitar tanto la llegada de inversión extranjera como el aumento real de la producción venezolana. El equipo liderado por Alejo Czerwonko, Chief Investment Officer para Mercados Emergentes de UBS Financial Services, hizo notar un hecho que resume el problema de fondo: hasta ahora, ninguno de los dos gobiernos ha publicado un decreto, licencia o contrato que respalde los términos que ambos anunciaron públicamente.

Los analistas de UBS fueron precisos sobre lo que exigiría cualquier petrolera seria antes de comprometer capital: “desde la perspectiva de una compañía petrolera estadounidense, cualquier inversión significativa en Venezuela generalmente tendría que estar acompañada de un marco legal que pudiera sobrevivir a un cambio de liderazgo tanto en Estados Unidos como en Venezuela”. Es decir, el acuerdo necesitaría resistir no solo un cambio de gobierno en Caracas, sino también uno en Washington, algo que ningún documento público garantiza por ahora.

El riesgo de nulidad constitucional

Desde el ámbito jurídico venezolano, el abogado José Ignacio Hernández advirtió que el convenio presenta serios riesgos de nulidad constitucional, según recogió El Pitazo. Es la formulación técnica más directa hasta ahora del problema que veníamos señalando: si el gobierno interino carecía de facultad legal para comprometer reservas estratégicas mediante concesiones de largo plazo sin proceso legislativo ni licitación pública, el acuerdo completo podría ser anulado por un tribunal en el futuro.

Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, reforzó esa lectura en declaraciones recogidas por Reuters y El Nacional: “a pesar de haber sido reconocido formalmente por Estados Unidos, el acuerdo podría ser llevado a los tribunales en el futuro”. El reconocimiento formal de Washington, en otras palabras, no blinda jurídicamente el pacto dentro del ordenamiento venezolano.

La advertencia más incómoda: podría lograr lo contrario de lo que busca

Luisa Palacios, investigadora principal adjunta del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia, planteó la crítica más punzante de todas: “si el objetivo era reducir el riesgo de invertir en Venezuela, Estados Unidos podría estar logrando precisamente lo contrario con esta transacción: debilitar aún más el ya frágil marco institucional del país”.

Es un argumento que merece atención porque invierte por completo la lógica oficial del acuerdo. Un pacto negociado sin licitación pública, sin proceso competitivo para seleccionar operadores, y sin documentación publicada, no fortalece las instituciones venezolanas: refuerza precisamente la práctica de decisiones discrecionales que ahuyentó a los inversionistas en primer lugar.

El país más riesgoso del mundo para invertir

José Toro Hardy, economista, experto petrolero y exmiembro de la junta directiva de PDVSA, aportó el contexto más crudo sobre el atractivo real de esta apuesta: Venezuela es, según su evaluación, el país más riesgoso del mundo para invertir, superando incluso a naciones en guerra activa como Ucrania. Toro Hardy señaló además el elemento político detrás del momento del anuncio: Trump está hablando principalmente para el público estadounidense, con las elecciones legislativas de medio término aproximándose, un ángulo que coincide con lo que el economista Román Sastre ya nos había planteado al calificar el acuerdo como portador de “un fuerte componente de propaganda electoral”.

Lo que sí aportan las nuevas cifras conocidas

Entre los datos que se han ido precisando, el economista Luis Oliveros detalló que se trataría de unos 17 proyectos, más de la mitad de ellos nuevos desarrollos bajo la figura de Convenios de Producción Compartida (CPP), con un horizonte de 25 años, coincidiendo con la cifra que Delcy Rodríguez confirmó y que contradice los 100 años reportados inicialmente, discrepancia que documentamos el domingo. Rodríguez precisó además que la proyección de 209,335 millones de dólares está calculada sobre la base de un barril a 65 dólares.

Oliveros mantiene una lectura más optimista que otros analistas: considera que, de confirmarse los términos, “estamos ante un verdadero game changer”, cuyo mayor impacto se sentiría a mediano y largo plazo. Es una postura que conviene registrar junto a las críticas, porque muestra que el debate entre especialistas venezolanos no es unánime.

La condición que todos repiten

Pese a sus diferencias, hay un punto donde coinciden prácticamente todos los especialistas consultados en los últimos días: sin un marco legal transparente, sin instituciones capaces de fiscalizar operaciones de esta escala, y sin consenso político que le dé continuidad más allá de un cambio de gobierno, el acuerdo tiene, en palabras de la exviceministra Dolores Dobarro, “pies de barro”. Es exactamente el mismo diagnóstico que Román Sastre nos había adelantado hace días al describirlo como “débil, insostenible y reversible”.