Han pasado tres días desde que Donald Trump anunció, a través de Truth Social, lo que calificó como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”. En ese tiempo, la cobertura ha sido intensa en ambos lados de la frontera, pero la cantidad de preguntas sin respuesta pública no ha disminuido: al contrario, cada nueva declaración oficial ha tendido a abrir más interrogantes de los que cierra. Estos son los vacíos que, hasta ahora, ni Washington ni el gobierno interino de Delcy Rodríguez han explicado.

1. ¿El acuerdo dura 100 años o 25?

Es la contradicción más flagrante, y la documentamos ayer: un funcionario estadounidense confirmó a The Hill que las concesiones se otorgaron por 100 años, mientras que la propia Delcy Rodríguez detalló el sábado que el convenio tiene una vigencia de 25 años. Ninguna de las dos partes ha explicado la discrepancia.

2. ¿Quién es el operador privado?

El acuerdo contempla una empresa conjunta entre el gobierno de Estados Unidos y un operador privado que, hasta ahora, permanece sin identificar públicamente. No se conoce su nombre, su tamaño, ni su experiencia previa en operaciones de esta magnitud.

3. ¿Qué recibe realmente el 45% que no es de Estados Unidos?

Si Washington controla “más de la mitad del valor” de la nueva empresa, el 45% restante debería corresponder a alguna contraparte venezolana. No está claro si ese porcentaje va a PDVSA, al Estado venezolano directamente, a empresas mixtas, o a operadores privados intermediarios.

4. ¿Quién asume los costos operativos de extracción?

Es una pregunta con consecuencias económicas enormes: si Estados Unidos asume el costo completo de la extracción, el 45% venezolano sería ganancia relativamente limpia; si esos costos se descuentan proporcionalmente, la cifra real que recibe Venezuela cambia por completo.

5. ¿Qué pasa con PDVSA?

Varios de los 17 campos involucrados tienen presencia operativa actual de PDVSA. No se ha explicado si la petrolera estatal mantiene algún rol, si es desplazada, o si recibe compensación por los activos e infraestructura que ya tiene instalados en esas áreas.

6. ¿Qué ocurre con la concesión china previa?

Como documentamos en esta misma serie, algunos campos maduros del Lago de Maracaibo son operados actualmente por una pequeña empresa china, con un contrato firmado durante el gobierno de Nicolás Maduro. Nadie ha aclarado qué sucede con esos derechos contractuales previos.

7. ¿De dónde salen realmente los $209,000 millones en tributos?

El economista Román Sastre ya señaló en nuestra cobertura que esa cifra, dividida entre las reservas involucradas, arroja apenas 3.22 dólares de impuesto por barril, frente a los aproximadamente 20 dólares que se pagan en Estados Unidos. No se ha explicado la metodología detrás de esa proyección oficial.

8. ¿Tiene el gobierno interino facultad legal para ceder concesiones de esta magnitud?

Es la pregunta que David Goldwyn, presidente de Goldwyn Global Strategies, planteó desde el lado estadounidense al señalar que “no hay precedente de que el gobierno de Estados Unidos entre en un arrendamiento para operar campos petroleros”, y que resulta incierto si ese arrendamiento tendría base legal bajo la propia Constitución venezolana.

9. ¿Cuándo empieza realmente a producir, y cuándo llega el retorno?

Delcy Rodríguez fijó la meta de superar 1.5 millones de barriles diarios, frente a los 1.23 millones actuales. Pero, como documentamos, la producción venezolana solo creció unos 200,000 barriles diarios en todo el último año, sin que exista un cronograma público que explique cómo se alcanzaría ese salto ni en qué plazo.

Estos nueve vacíos no son detalles técnicos menores: cada uno determina, de forma directa, cuánto recibe realmente Venezuela, quién asume los riesgos, y qué tan sólido es jurídicamente un acuerdo que, según su propia descripción oficial, comprometería recursos estratégicos del país durante décadas. Mientras no se respondan públicamente, cualquier evaluación sobre si este pacto beneficia o perjudica a los venezolanos seguirá dependiendo más de la confianza en quien lo anuncia que de datos verificables.