El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, respondió este martes, en una entrevista con el periodista venezolano Sergio Novelli, varias de las preguntas centrales que el acuerdo petrolero venía acumulando sin respuesta pública desde su anuncio. Es la primera vez que un funcionario del gabinete estadounidense aborda directamente los vacíos que documentamos esta misma mañana en nuestra revisión de los nueve puntos sin explicar del pacto, y sus respuestas modifican de forma sustancial lo que se sabía hasta ahora.

El operador privado tiene nombre: NABEP, de Alejandro Betancourt

La incógnita más repetida desde el anuncio era la identidad del operador privado que participaría junto al gobierno estadounidense. Rubio la despejó: se trata de North American Blue Energy Partners (NABEP), empresa dirigida por el empresario venezolano Alejandro Betancourt. Es un dato de peso, porque NABEP no es una compañía desconocida en el sector: como documentamos días atrás, ya opera desde 2024 campos de Petrozamora en el Lago de Maracaibo.

Rubio justificó la selección afirmando que la empresa cuenta con experiencia y capacidad de producción real dentro de Venezuela, y agregó un argumento que reencuadra por completo el acuerdo: “la mayoría de estos campos eran en manos de los chinos y los rusos y muchos de ellos ni eran utilizados”. Según su explicación, el nuevo esquema permitiría a NABEP incrementar la producción y atraer inversión privada adicional.

La cifra que cambia: 35% para Washington, no 55%

Uno de los datos que se venía reportando desde el anuncio original era que Estados Unidos controlaría “más de la mitad del valor” de la nueva empresa, lo que distintos análisis, incluido el nuestro, tradujeron como aproximadamente 55%. La Casa Blanca precisó ahora una cifra distinta: la participación del gobierno estadounidense en la matriz de NABEP es de 35%. Es una diferencia considerable que modifica todos los cálculos previos sobre control efectivo y reparto de beneficios.

“Este realmente no es un acuerdo con el gobierno interino”

Quizás la afirmación con más consecuencias jurídicas de toda la entrevista fue la precisión de Rubio sobre con quién se firmó realmente el pacto: “este realmente no es un acuerdo con el gobierno interino, es un acuerdo con una compañía privada con la cual está participando junto a Estados Unidos, obviamente a través del sistema que existe en este momento”. Washington participa, además, a través del Departamento de Guerra.

Es una distinción que apunta directamente al centro del debate legal que documentamos hoy mismo: si el acuerdo se firmó con una empresa privada y no con el Estado venezolano, cambia el marco de análisis sobre la facultad constitucional del gobierno interino para comprometer reservas estratégicas, aunque no elimina necesariamente las objeciones que plantearon juristas como José Ignacio Hernández o el decano de Derecho de la UCV, Juan Carlos Apitz.

Confirmados los 100 años, contradiciendo a Delcy Rodríguez

La Casa Blanca confirmó que el pacto contempla concesiones por 100 años sobre los 17 campos que concentran unos 65,000 millones de barriles de reservas probadas. Esto resuelve, del lado estadounidense, la contradicción que documentamos el domingo: mientras Delcy Rodríguez había afirmado que el convenio tenía una vigencia de 25 años, tanto el reporte original de The Hill como ahora la confirmación oficial de la Casa Blanca sostienen el plazo de un siglo. La discrepancia entre ambas versiones oficiales sigue sin explicación pública.

Lo que Rubio respondió sobre Betancourt

Novelli preguntó directamente por los cuestionamientos que pesan sobre Alejandro Betancourt, quien ha sido objeto de investigaciones en distintos países. Rubio afirmó que la administración realizó verificaciones: “nosotros investigamos bien cuáles eran los elementos que conocíamos en nuestro sistema. Con eso hemos chequeado con todas las autoridades, y no existía ninguna investigación dentro de nuestro sistema en contra de él”. Es importante señalar la precisión exacta de esa respuesta: Rubio se refiere específicamente a investigaciones activas dentro del sistema estadounidense, no descarta procesos o señalamientos en otras jurisdicciones.

Las cifras que NABEP se comprometió a cumplir

Según detalló la cobertura de la entrevista, NABEP se comprometió a invertir hasta 100,000 millones de dólares en infraestructura y a pagar unos 200,000 millones en regalías e impuestos durante la vigencia del acuerdo. Son las mismas cifras que ya circulaban, pero ahora con un responsable identificado: no es una promesa abstracta del gobierno venezolano, sino un compromiso atribuido a una empresa con nombre propio.

El argumento de fondo: desplazar a China y Rusia

Rubio enmarcó todo el acuerdo dentro de una lógica geopolítica explícita, y fue directo al describir lo que ocurría antes: “a Cuba se le regalaba miles de millones de dólares en valor de barriles de petróleo. China estaba pagando muy poco por el petróleo, lo estaban recibiendo en un descuento. En el caso de Rusia estaban simplemente tomando el petróleo a cambio de pago sobre deuda”. La Casa Blanca presenta el convenio, en esa misma línea, como una herramienta para reducir la influencia de China y Rusia en el sector energético venezolano.

Sobre las elecciones y María Corina Machado

Rubio también abordó el componente político de la transición. Sobre las elecciones, afirmó que “tienen que ocurrir” y que deben celebrarse “lo más pronto posible”, aunque no estableció ninguna fecha concreta. Sobre María Corina Machado, fue categórico al negar que necesite permiso de Washington para volver: “María Corina Machado es una ciudadana venezolana que tiene todo el derecho a entrar a su país cuando ella quiere regresar. Ella no es panameña, ella no es americana”. Y agregó: “si ella regresa a Venezuela, no pensamos que deba ocurrirle nada negativo en contra de ella”.

Lo que dejó abierto sobre los venezolanos en EE.UU.

Consultado sobre la angustia de miles de venezolanos ante la pérdida de sus protecciones migratorias, Rubio aseguró que las medidas adoptadas no están dirigidas específicamente contra los venezolanos. Ante la posibilidad de que esas protecciones se restablezcan, respondió que actualmente no se está discutiendo, aunque evitó descartarlo del todo con una frase que ha generado expectativas entre la diáspora: “todo es posible”.

Con estas declaraciones, varios de los nueve vacíos que documentamos esta mañana quedan parcialmente resueltos, pero otros persisten: sigue sin aclararse qué recibe exactamente el 65% restante de NABEP, quién asume los costos operativos de extracción, qué ocurre con PDVSA en los campos donde ya opera, ni cómo se resuelve la contradicción entre los 100 años que confirma la Casa Blanca y los 25 que anunció Delcy Rodríguez.