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La administración Trump solicitó al Departamento de Justicia presentar ante un tribunal federal de Florida una declaración formal para reconocer la inmunidad judicial de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una demanda civil que enfrenta en ese estado. La petición se apoya en un argumento simple pero significativo: Washington la reconoce oficialmente como jefa de Estado desde marzo de 2026, y ese reconocimiento diplomático es, según el propio Ejecutivo, motivo suficiente para blindarla de procesos judiciales civiles en cortes estadounidenses mientras ocupe ese cargo.

Este tipo de inmunidad, conocida como inmunidad de jefe de Estado, es un principio reconocido en el derecho internacional que protege a mandatarios en funciones de ser demandados personalmente en tribunales de otro país, precisamente para evitar que disputas legales privadas interfieran con las relaciones diplomáticas entre gobiernos. Que Estados Unidos decida invocarlo a favor de Rodríguez confirma, una vez más, algo que ya veníamos documentando: el nivel de respaldo directo que Washington sostiene hacia el gobierno interino venezolano, incluso mientras mantiene una posición de control estrecho sobre buena parte de sus decisiones, como reveló recientemente una investigación de The New York Times.

La demanda civil en cuestión no se originó por hechos de su actual gestión, sino que la precede, lo que añade una capa adicional de complejidad legal: los tribunales estadounidenses deberán decidir si la inmunidad de jefe de Estado aplica de manera retroactiva a conductas anteriores al reconocimiento diplomático, una pregunta que no tiene una respuesta uniforme en la jurisprudencia previa sobre este tipo de casos.

Para cualquiera que siga de cerca la relación entre Washington y el gobierno interino venezolano, este episodio importa como una pieza más del mismo patrón: Estados Unidos no solo coordina ayuda humanitaria y presiona con sanciones, sino que también está dispuesto a usar su propio aparato legal para proteger a Rodríguez de consecuencias judiciales dentro de su territorio, un nivel de respaldo que va más allá de la cooperación diplomática habitual entre dos gobiernos.