El gobernador republicano de Wyoming, Mark Gordon, expresó esta semana preocupación por el comportamiento de los observadores electorales que el Departamento de Justicia envió para monitorear la primaria del estado, calificándolo de “agresivo” e “irregular”, y pidió formalmente a su propio fiscal general que investigue el asunto. “Sonaba como que el comportamiento de los observadores fue un poco agresivo”, declaró Gordon durante una reunión de la junta estatal de escrutinio el miércoles. “Simplemente fue irregular, y le he pedido al fiscal general que empiece a revisar la naturaleza de las visitas y todo ese tipo de cosas”.

Quiénes fueron enviados, y quién no se enteró

El Departamento de Justicia envió a dos abogados de su División de Derechos Civiles al condado de Laramie, Wyoming, el más poblado del estado, sede de la capital Cheyenne, como parte de lo que la propia agencia describió como una “iniciativa de monitoreo”, según un comunicado publicado el 18 de agosto, el mismo día de la elección primaria. Sin embargo, funcionarios estatales y locales no fueron informados con antelación: Gordon señaló específicamente a la Oficina de Seguridad Nacional de Wyoming, a la Fiscalía General del estado y a la oficina de la secretaria del condado de Laramie como entidades que quedaron fuera de ese aviso previo. “Hasta donde yo sé, el fiscal federal tampoco estaba al tanto”, agregó Gordon.

La respuesta oficial que llegó horas después

Varias horas después de que el Departamento de Justicia anunciara públicamente sus planes de monitoreo en el condado de Laramie, la oficina del fiscal federal para Wyoming, Darin Smith, emitió un comunicado independiente: “los votantes merecen la confianza absoluta de que sus papeletas están seguras y sus voces son escuchadas sin interferencia. Estamos trabajando junto a los funcionarios locales para garantizar que se proteja cada voto legal”. Gordon, sin embargo, aclaró que no se oponía a la presencia de observadores electorales en sí, sino a que su comportamiento pareciera exceder la autoridad que el Congreso les había conferido.

Una disputa incluso entre funcionarios republicanos del propio estado

El secretario de Estado de Wyoming, Chuck Gray, republicano, salió a cuestionar públicamente las afirmaciones del gobernador, señalando el comunicado del fiscal Smith como evidencia de que todo se manejó correctamente. Es un desacuerdo revelador dentro del propio Partido Republicano estatal, entre funcionarios que normalmente se han alineado con la agenda de “integridad electoral” que ha impulsado la administración Trump.

Parte de un despliegue mucho más amplio, con la mira puesta en noviembre

Según NBC News, el Departamento de Justicia ha desplegado más de 80 observadores electorales en siete estados durante las primarias de este año, incluidas las segundas vueltas de esta semana en Carolina del Sur. El propio departamento confirmó que envió monitores federales a nueve estados durante las elecciones intermedias de 2022, por lo que la práctica en sí no es inusual. Lo que sí ha generado alarma entre demócratas y defensores del derecho al voto son los planes de la administración Trump de desplegar hasta 1,000 monitores durante las elecciones intermedias de noviembre, en medio de las acusaciones persistentes y sin fundamento del presidente sobre fraude electoral generalizado.

Por qué esto importa para la comunidad hispana en Estados Unidos: que un gobernador republicano, generalmente alineado con la agenda de su propio partido, cuestione públicamente el comportamiento de observadores electorales federales enviados por la administración de su propio presidente, es una señal significativa sobre los límites que incluso dentro del Partido Republicano se están empezando a poner a la expansión de la vigilancia electoral federal. Con hasta 1,000 monitores planeados para las elecciones de noviembre, el episodio de Wyoming ofrece un anticipo de las tensiones que probablemente se repitan, a mayor escala, en comunidades hispanas y de otros grupos minoritarios que históricamente han reportado sentirse intimidados por la presencia de observadores electorales en sus centros de votación.