La Corte Suprema de Estados Unidos falló el lunes que el presidente Trump puede comenzar a aplicar partes de un decreto ejecutivo de marzo destinado a restringir el voto por correo, a menos de tres meses de las elecciones legislativas de noviembre. “La resolución del tribunal sobre esta solicitud no significa que cualquier medida adoptada por el Gobierno para implementar la orden necesariamente será legal. En ese sentido, el tiempo lo dirá”, escribió el propio tribunal, dejando claro que el fallo aborda únicamente el momento de la impugnación, no la legalidad de fondo del decreto.
Qué autoriza exactamente el fallo, y qué sigue bloqueado
El decreto de marzo otorgó al Servicio Postal de Estados Unidos y al Departamento de Seguridad Nacional funciones sin precedentes en la administración de las elecciones. Una de sus disposiciones instruye al Servicio Postal a exigir a los estados que quieran enviar papeletas por correo que presenten sus propias listas de votantes aptos, e incluyan información de seguimiento en los sobres de las papeletas. Los jueces dieron luz verde a esa parte específica del plan, aunque un tribunal inferior la bloqueó a nivel nacional en un caso separado, lo que significa que probablemente serán necesarias nuevas acciones judiciales —posiblemente en cuestión de días— antes de que el Servicio Postal pueda avanzar realmente.
El camino judicial que llevó hasta aquí
Tribunales federales de Boston habían bloqueado la implementación del decreto en los 23 estados liderados por demócratas que lo impugnaron, pero un tribunal de apelaciones de Washington permitió que siguiera adelante, lo que llevó a Trump a presentar una apelación de emergencia ante la Corte Suprema el 27 de julio. Es la segunda vez este año que el máximo tribunal se pronuncia sobre disputas relacionadas con el voto por correo: en junio, dictaminó —tras un proceso completo de informes y argumentos, no por vía de emergencia— que los estados pueden seguir contando papeletas que lleguen después del día de las elecciones, un revés previo para los argumentos de Trump en esta misma materia.
El trasfondo: años de acusaciones sin evidencia
Trump ha promovido durante años teorías sin fundamento sobre fraude electoral generalizado a través del voto por correo, como forma de explicar su derrota ante Joe Biden en 2020. El voto indebido, sin embargo, sigue siendo sumamente infrecuente en Estados Unidos, y ni el gobierno de Trump ni ninguna otra parte ha presentado evidencia de fraude a una escala capaz de alterar el resultado de esa elección ni de ninguna otra. El propio decreto se ha promovido oficialmente como una medida para impedir que no ciudadanos voten, en paralelo a la presión constante de Trump para que el Congreso apruebe legislación que exija prueba de ciudadanía en las urnas.
La reacción de los estados demócratas
Steve Vladeck, analista legal citado por CNN, resumió el fallo con precisión: “es una victoria para Trump por el momento, pero no despeja por completo el camino para que entre en vigor su iniciativa de limitar las papeletas enviadas por correo”. Los estados demócratas que impugnaron el decreto advirtieron que ahora deberán desviar de inmediato tiempo y recursos de sus preparativos electorales —ya en marcha para unos comicios legislativos que se celebran en menos de tres meses— para responder a esta nueva incertidumbre jurídica.
Por qué esto importa para la comunidad hispana en Estados Unidos: cualquier cambio en las reglas de votación por correo, aplicado a solo semanas del inicio efectivo del calendario electoral de noviembre, genera incertidumbre real sobre cómo y cuándo podrán votar millones de electores que dependen de esa modalidad, incluida una proporción significativa de votantes hispanos en distintos estados. Que la Corte Suprema haya optado por permitir el avance parcial del decreto sin pronunciarse todavía sobre su legalidad de fondo deja a los estados, a los votantes y a los propios tribunales inferiores en una posición de improvisación jurídica acelerada, justo en el tramo final antes de una elección legislativa clave.