La administración de Donald Trump confirmó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no planea desplegar agentes para vigilar los centros de votación en las elecciones de medio término del 3 de noviembre, según informó Associated Press.

La aclaración tiene letra pequeña. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, lo había dicho en septiembre a CNN: “No estaremos en los centros de votación salvo que exista una amenaza que requiera nuestra presencia”. Es decir, los agentes podrían aparecer ante amenazas concretas a la seguridad pública o para ejecutar órdenes de arresto específicas.

Lo que dice la ley

Una norma federal vigente desde la Guerra Civil prohíbe la presencia de tropas u hombres armados en los centros de votación, salvo para repeler enemigos armados. Jonathan Diaz, del Campaign Legal Center, cuestionó las excepciones de Mullin: la ley no contempla permisos para tareas policiales habituales en esos lugares. David Becker, exabogado del Departamento de Justicia, advirtió que la entrada de personas armadas podría provocar acciones judiciales inmediatas.

La demanda

El 7 de octubre, la organización Common Cause amplió una demanda contra la administración. Se sumaron el condado de Hennepin (Minnesota), la ciudad y el condado de Denver (Colorado), LULAC y UnidosUS, con un nuevo reclamo basado en la Ley de Derecho al Voto, que prohíbe intimidar o coaccionar a votantes.

Juan Proaño, director ejecutivo de LULAC, resumió la preocupación: incluso una aparición aislada de ICE podría disuadir a votantes latinos de acudir a las urnas.

Por qué importa a la comunidad venezolana

Muchos venezolanos naturalizados votarán en noviembre, especialmente en Florida, mientras familiares y vecinos perdieron el TPS hace apenas unos días. En hogares de estatus mixto, el temor a encontrarse con agentes de inmigración puede pesar más que cualquier comunicado oficial.

Por su parte, Mullin aseguró que el DHS tiene 1.620 investigaciones abiertas y más de 151 arrestos por presuntas infracciones vinculadas al voto de personas sin ciudadanía. Organizaciones como VoteSafe y OCA-Asian Pacific American Advocates preparan observadores electorales e información sobre derechos de los votantes en estados como Georgia, Michigan, Carolina del Norte y Ohio.

Para los ciudadanos con derecho a voto, la regla básica no cambia: votar es un derecho protegido, y cualquier intento de intimidación en un centro de votación puede denunciarse ante las autoridades electorales locales.