Quinientas noventa y ocho horas. Esa es la cifra que puso sobre la mesa la alcaldía de El Hatillo: las horas sin electricidad que contó en el municipio solo en octubre. Con ese número, y con más de 55 sectores con fallas severas de agua, el alcalde Fernando Melena se sentó este lunes junto a Darwin González, de Baruta, y Édgar Laya, de Los Salias, para pedir algo que en el chavismo nadie quiere firmar: que se declare la emergencia de los servicios públicos en la Gran Caracas, según El Nacional.
Les aclaro algo del número, porque no quiero venderles más de lo que dice. El Nacional no detalla si esas 598 horas son la suma de todos los sectores del municipio o de un circuito en particular. Si fueran seguidas, serían más de 19 horas diarias sin luz durante todo el mes, así que lo más probable es que sea la suma por sectores. Aun así, es la medida de un municipio donde apagarse ya no es la excepción sino el horario.
Y el agua va detrás de la luz. En Baruta, según la alcaldía, hay comunidades que pasan hasta 15 días seguidos sin una gota por tubería, y la cuenta de afectados llega a unas 500.000 personas, muchas de ellas adultos mayores. Los alcaldes lo explicaron con una lógica que cualquiera que haya vivido en Caracas entiende: sin electricidad no hay bombeo, y sin bombeo los ciclos de distribución se caen. González, que leyó el comunicado conjunto, hizo «un llamado formal y enérgico a Corpoelec, Hidroven y a las autoridades nacionales competentes», como recogió TalCual, y pidió información técnica y transparente sobre las fallas.
A mí lo que más me llama la atención es el costo para la familia. En El Hatillo, la gente gasta entre 80 y 160 dólares al mes en camiones cisterna privados. Les hice la cuenta con la tasa del BCV de hoy, 914,02 bolívares por dólar: son entre 73.000 y 146.000 bolívares al mes solo para tener agua en la casa. Y lo pongo al lado del otro número del día, el «Bono de Fin de Año» de 75 dólares con el que el gobierno de Delcy Rodríguez le respondió a los maestros, los médicos y los profesores que hoy pararon 12 horas en todo el país. Ese bono no paga ni el mes de la cisterna más barata.
Lo que piden los tres alcaldes es bastante concreto y nada revolucionario. Que se autorice a alcaldías y gobernaciones a reparar averías menores con cuadrillas certificadas por Corpoelec, que se les exonere del IVA para comprar transformadores, cables y luminarias, y que se cree una mesa técnica permanente entre los distintos niveles de gobierno. Insistieron en que no buscan «una confrontación institucional». O sea, piden permiso para arreglar con su propio dinero lo que el Estado central no arregla, y que no les cobren impuesto por hacerlo. Ni El Nacional ni TalCual recogieron una respuesta de Corpoelec, de Hidroven o del gobierno.
El contexto lo hace más incómodo. Hace apenas unos días Jorge Rodríguez admitió un «tremendo problema eléctrico» y la Asamblea chavista aprobó la reforma que abre el sector eléctrico al capital privado, una reforma que los propios alcaldes saludaron. Y en octubre ya les conté de las protestas frente a sedes de Corpoelec con el grito de «se llevan el petróleo y nos dejan en tinieblas». La ley puede traer inversión dentro de años. El transformador quemado de la esquina es de esta noche.
Lo que veo aquí es a tres alcaldes que no controlan ni la luz ni el agua, pero que son los primeros a los que el vecino les toca la puerta. El régimen centralizó los servicios durante dos décadas, los dejó caer y ahora le pide paciencia a la gente mientras anuncia leyes. Yo me pregunto cuánto tiempo más va a tardar Miraflores en reconocer lo que en El Hatillo se mide por horas: que esto ya es una emergencia, la firme o no.
