“Sí, nosotros tenemos un tremendo problema eléctrico en Venezuela”. La frase es de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y la dijo el viernes 6 de noviembre en una reunión con productores agroindustriales de Yaracuy, según El Nacional y Noticias Venevisión. Agregó que “si uno no reconoce los problemas, no hay forma de resolverlos” y que todo “tiene mucho que ver con la necesidad de una inversión gigantesca”.
Yo tengo que detenerme en esa frase, porque la memoria importa. Durante años, cada apagón en Venezuela fue un “sabotaje”, un “ataque electromagnético”, una “guerra eléctrica” del imperio. Lo dijeron con cadena nacional incluida, y el que se quejaba de la luz era tratado como enemigo. Ahora el mismo Jorge Rodríguez descubre que el problema era de inversión, que es exactamente lo que ingenieros, gremios y la gente que pasa hasta 16 horas sin luz en el occidente del país llevan diciendo desde hace más de una década. Bienvenido a la realidad, aunque llega con veinte años de retraso y con el sistema que su propio movimiento manejó.
La parte noticiosa es la ley. Rodríguez anunció que el próximo martes, 10 de noviembre, la Asamblea sancionará la nueva Ley del Servicio de Energía Eléctrica para enviarla luego al Ejecutivo. Según Noticiero Digital, la reforma permitiría que empresas privadas produzcan, comercialicen y vendan electricidad, tanto a industrias como a otros usuarios, con tarifas reguladas, y abriría también la transmisión y la distribución al capital privado, hoy concentradas en Corpoelec. El Nacional precisa que habría acuerdos de venta directa entre generadores privados e industrias dentro de bandas tarifarias fijadas por el Estado. Rodríguez la describió como “una ley extensísima” y prometió mecanismos “que no perjudiquen a la gente, que no perjudiquen a los productores y que no perjudiquen a la industria”. El texto final todavía no es público, así que el detalle de las tarifas está por verse.
También culpó en parte al terremoto del 24 de junio, que según él sacó 800 megavatios del sistema “en cuestión de segundos”. Esa cifra es oficial y no la he podido contrastar con una fuente independiente. Delcy Rodríguez la había mencionado en octubre, cuando aseguró que ya se habían recuperado 600 megavatios y que el resto volvería antes de fin de año, como recoge Noticiero Digital. Ese mismo mes, por cierto, Delcy ya nos había dicho que Venezuela tenía acceso a repuestos para el sistema eléctrico, el mismo día en que se reportaban protestas casi diarias por apagones.
¿Qué significa esto para el venezolano de a pie? Abrir la generación a privados puede ser una buena noticia para la industria, para el comercio y para el productor de Yaracuy que hoy depende de una planta a gasoil para no perder la cosecha. La pregunta es quién va a invertir en serio en un país sin tribunales independientes, donde una ley se cambia según el humor del poder y donde el que firma la ley es el mismo que durante años negó el problema. Y la otra cara: si la electricidad privada se vende a la industria con tarifas de mercado, ¿quién garantiza que el barrio de Maracaibo no siga a oscuras mientras la fábrica de al lado tiene luz las 24 horas? El martes veremos el texto. Yo, por ahora, me quedo con la confesión, y con la duda de cuántas otras cosas tendrán que admitir antes de entregar el poder.