El jueves en la noche, con velas en la mano, un grupo de familiares de presos políticos se paró frente a la embajada de Estados Unidos en Caracas. No fueron a Miraflores ni al Ministerio Público. Fueron a la embajada. Y eso, a mí, me dice más del país que cualquier comunicado.

“Nuestra exigencia aquí es que Estados Unidos, que está tutelando a Venezuela, que nos ayuden, que nos escuchen”, le dijo a EFE Mayra Morales, hermana del preso político Ricardo Fonseca, según recogió El Diario. Morales acusó a Delcy Rodríguez de no liberar a los presos como le dice a Washington que está haciendo, y prometió: “No vamos a descansar hasta que liberen hasta el último de los presos políticos”. El grupo, la Alianza por la Libertad de los Presos Políticos, dice que lleva unos 150 días yendo a esa puerta. María Altagracia Spiezia, hermana de José Alberto Vásquez, pidió justicia por los detenidos que murieron bajo custodia del Estado y por los familiares que se murieron esperando.

La vigilia llegó tres días después de que Marco Rubio recibiera en Washington al canciller Oliver Blanco y le pidiera, según el Departamento de Estado, que “continúe la liberación de los presos políticos que aún permanecen detenidos”. Horas después salió Magbis Rondón, después de siete años preso. O sea, las familias aprendieron algo que es triste pero es real: en la Venezuela de Delcy una llamada desde Washington abre más celdas que un tribunal.

Mientras tanto, a las afueras del Internado Judicial El Rodeo I, en Miranda, otras familias cumplieron el 4 de noviembre 300 días de campamento. Llegaron el 8 de enero, cuando Jorge Rodríguez anunció las primeras excarcelaciones, y no se han movido. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) convocó para este domingo 8, a las 11:30 de la mañana, un “Campamento de la Dignidad” en ese mismo lugar, según El Diario. El comité describe el campamento como “un escudo de protección para los presos políticos” y dice algo que me tocó: que las familias de hoy “no son las mismas que llegaron aquel 8 de enero”.

Los números ayudan a ponerlo en su sitio. Foro Penal contaba 322 presos políticos al 5 de octubre: 308 hombres y 14 mujeres, 182 civiles y 140 militares, 170 de ellos sin condena, 31 extranjeros y uno del que no se sabe dónde está. A finales de enero, recién capturado Maduro, la misma ONG contaba al menos 711. Ha bajado, sí. Pero el gobierno sigue diciendo que en Venezuela no hay presos políticos sino delincuentes, y mientras eso no cambie, cada liberación es un gesto que se puede revertir y no un derecho que se reconoce.

Yo me quedo con la imagen de las velas frente a una embajada extranjera. ¿Qué clase de transición es esta, en la que una hermana venezolana tiene que pedirle a otro país que le devuelva a su hermano?