El canciller de Venezuela, Félix Plasencia, anunció dos decisiones de alto impacto apenas semanas después de haber sido nombrado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez para conducir la política exterior y el comercio exterior del país. La primera: Venezuela comunicó al secretario general de la ONU, António Guterres, su determinación de “iniciar su retiro definitivo” de la Corte Penal Internacional (CPI), a la que Plasencia acusó de actuar de forma sesgada en detrimento de países de África y América Latina. La segunda, anunciada minutos después: Venezuela comenzará un proceso para restablecer relaciones con Perú, rotas desde hace casi dos años.

El anuncio sobre la CPI llega en un momento en que esa misma institución ha estado en el centro de la tensión entre Washington y varios gobiernos: el propio secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, había declarado semanas atrás lo que describió como una “guerra legal” contra la Corte Penal Internacional, en un movimiento que analistas interpretaron como parte de un esfuerzo más amplio por debilitar la capacidad de ese tribunal de investigar a aliados o socios de Estados Unidos. Que Venezuela anuncie ahora su propio retiro se suma a una tendencia regional de gobiernos que cuestionan abiertamente la legitimidad de la CPI para investigar sus asuntos internos.

El segundo anuncio tiene un peso simbólico distinto: Plasencia confirmó en un comunicado conjunto que Venezuela y Perú acordaron “iniciar un proceso progresivo de reanudación integral de relaciones bilaterales”, comenzando por reactivar los servicios consulares para proteger a los ciudadanos de ambos países que residen mutuamente en el otro. La ruptura entre ambos países se remonta a julio de 2024, cuando Perú y otros gobiernos desconocieron el resultado electoral que dio como ganador a Nicolás Maduro. El acercamiento llega apenas días antes de que Keiko Fujimori, del partido de derecha Fuerza Popular, asumiera la presidencia de Perú el 28 de julio —un dato que sugiere que el nuevo gobierno peruano ve margen para una relación distinta a la de su antecesor con la Venezuela post-Maduro.

Por qué esto importa para la diáspora venezolana: casi siete meses después de que Delcy Rodríguez asumiera como presidenta encargada tras la captura de Maduro, estos dos anuncios simultáneos —alejarse de un tribunal internacional mientras se reconstruyen puentes diplomáticos regionales— reflejan una estrategia de política exterior que prioriza las relaciones bilaterales pragmáticas sobre el escrutinio multilateral. Para las familias venezolanas que tienen parientes viviendo en Perú, la reactivación de servicios consulares —aunque sea solo un primer paso— representa un beneficio concreto y tangible en medio de una relación diplomática que llevaba casi dos años completamente congelada.