Si alguien todavía piensa que la política migratoria de esta administración se planificó con calculadora en mano, este informe le va a quitar esa idea rápido.

La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno, la GAO, el organismo que audita el gasto federal en Estados Unidos, encontró que ICE compró 11 bodegas industriales por unos 1.070 millones de dólares entre enero y abril de 2026 para convertirlas en centros de detención de migrantes. Meses después, ya intenta vender siete de ellas, por las que había pagado 707 millones, según reportó El Tiempo. ICE se quedó con cuatro, entre ellas las de Hagerstown, en Maryland, y Surprise, en Arizona, para las que comprometió 113 y 313 millones más en adecuaciones. Las dos obras estaban mayormente paralizadas en septiembre por demandas ambientales.

Lo que ya se perdió no vuelve: al menos 20,5 millones de dólares en estudios de zonificación, seguros, trámites, seguridad, luz y mantenimiento de edificios vacíos. Y la cuenta puede crecer si las bodegas se venden por menos de lo que se pagó.

La GAO habla de “graves deficiencias de planificación” y dice que ICE “comenzó a invertir miles de millones” sin una estrategia con objetivos, costos y riesgos definidos. Los ejemplos que da son para enmarcar. En Fort Bliss, Texas, se pagaron unos 7,1 millones en comidas que no hacían falta. En Guantánamo se montaron carpas para 5.000 personas y se desmontaron sin usar, después de gastar 2,85 millones; el promedio de detenidos ahí en el año fiscal fue de 16. Y en Alligator Alcatraz, en Florida, detener a una persona llegó a costar hasta 249 dólares diarios, frente a una mediana de unos 92 en instalaciones convencionales.

Lo que esto significa para el migrante

Detrás de las cifras de gasto hay otra que a mí me parece la más importante. El promedio diario de personas detenidas por ICE pasó de 39.314 el 20 de enero de 2025 a 67.180 el 30 de julio de 2026, un aumento de 71%, y las instalaciones autorizadas pasaron de 134 a 272. El plan de diciembre de 2025 hablaba de 24 nuevos centros antes de noviembre de 2026, algunos para hasta 10.000 personas. El Congreso, además, aprobó en julio de 2025 unos 45.000 millones adicionales para ampliar la detención hasta 2029.

Es decir: el desorden en la compra de bodegas no significa que la detención se haya frenado. Significa que creció tan rápido que ni la propia agencia sabía dónde iba a meter a la gente. El DHS aceptó la recomendación de la GAO de hacer un plan integral, pero le puso fecha para el 31 de agosto de 2027.

Si usted o un familiar están en proceso migratorio en Estados Unidos, el mensaje práctico no cambia: tenga sus documentos a mano, conozca sus derechos ante un agente de ICE y busque la asesoría de un abogado de inmigración o de una organización acreditada antes de cualquier cita. Esta nota es informativa y no sustituye la asesoría legal individual.

Y me queda una duda que a lo mejor ustedes también tienen: con mil millones de dólares en bodegas vacías, ¿cuántos jueces de inmigración se habrían podido contratar para resolver los casos más rápido?