Cuando dos gobiernos que hasta hace poco ni se hablaban se ponen de acuerdo rápido, conviene preguntar quién paga el acuerdo. En este caso, la respuesta es clara: cientos de miles de venezolanos en Perú que no tienen sus papeles al día.
El jueves 15 de octubre, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, conversaron por teléfono. Las dos contaron la llamada de manera distinta, y esa diferencia dice mucho.
Dos versiones de la misma llamada
Delcy Rodríguez habló en X de fortalecer los mecanismos para el “retorno seguro” de los venezolanos, con vuelos del Plan Vuelta a la Patria, el programa de repatriación que el chavismo creó en 2018.
Keiko Fujimori fue más directa. Dijo que Perú apoyará ese plan y que ambos gobiernos coordinarán la expulsión de venezolanos indocumentados. Al día siguiente agregó que los cancilleres ya trabajan en los protocolos para hacer los traslados por vía aérea, de forma ordenada y segura.
Retorno voluntario y expulsión no son lo mismo, aunque viajen en el mismo avión. Uno es una decisión personal; el otro es una medida del Estado. Lo que se negocia ahora parece incluir las dos cosas, y esa mezcla es justamente lo que genera incertidumbre.
Cuántos venezolanos podrían estar en riesgo
Perú es el segundo país del mundo con más venezolanos, después de Colombia. La Plataforma R4V, que coordinan ACNUR y la OIM, estima que viven allí entre 1,5 y 1,6 millones. Los registros locales muestran unos 900.000 residentes, una diferencia que se explica por la movilidad de esta población y por quienes siguieron rumbo a otros países.
Lo importante está en el siguiente dato: según estimaciones de la Superintendencia Nacional de Migraciones y del Ceplan, entre 35% y 44% de los venezolanos en Perú estaría en situación irregular, ya sea por haber entrado por pasos no habilitados, por tener documentos temporales vencidos o por no poder cumplir los requisitos. Aplicando esos porcentajes a las cifras de R4V, hablamos de entre 525.000 y 700.000 personas.
La otra cara es que entre 56% y 65% está regularizado o en proceso de hacerlo. Ese grupo, en principio, no sería el objetivo de las expulsiones.
Lo que todavía no se sabe
Y aquí está el problema. El anuncio llegó sin la información que cualquier migrante necesita:
- Cuántas personas se incluirían.
- Cuándo saldrían los primeros vuelos, desde qué aeropuertos y con qué frecuencia.
- Qué criterios se usarán: si solo se trata de personas sin ningún documento o también de quienes tienen trámites pendientes.
- Si habrá una etapa voluntaria de inscripción antes de cualquier expulsión.
Lo único definido es que las cancillerías trabajan en protocolos sobre identificación, coordinación consular, documentos y traslados, y que las autoridades venezolanas verificarían la identidad y la nacionalidad de cada persona.
El contexto político
El acuerdo no se entiende sin la historia reciente. Venezuela rompió relaciones con Perú y cerró sus consulados el 30 de julio de 2024, después de que Lima reconociera a Edmundo González como presidente electo. Desde julio de este año, ambos países retoman poco a poco la relación. Esta llamada es, en buena medida, la primera gran prueba de esa reconciliación, y la moneda de cambio son los migrantes.
Perú no está solo en esta tendencia. En la región, los gobiernos endurecen sus políticas: en Chile, por ejemplo, ya contamos cómo se eliminó la vía rápida de visa humanitaria para niños migrantes, y en Estados Unidos los venezolanos enfrentan el fin del TPS. La ventana de acogida que se abrió hace casi una década se está cerrando en varios países al mismo tiempo.
Si tienes familia en Perú
Mientras no haya reglas publicadas, lo prudente es no dejarse llevar por rumores ni por cadenas de WhatsApp. Algunas recomendaciones básicas:
- Ordenar los papeles. Quien tenga un trámite de regularización en curso debe tener a mano el comprobante y seguir el proceso hasta el final.
- Asesorarse. Antes de firmar cualquier documento de salida o “retorno”, conviene consultar con una organización de apoyo a migrantes o con un abogado.
- Desconfiar de intermediarios. Cada vez que se anuncia un programa así, aparecen quienes cobran por “trámites rápidos” que no existen.
Mi lectura
Para el gobierno de Delcy Rodríguez, cada vuelo de Vuelta a la Patria es propaganda: la imagen de venezolanos que “regresan” a un país que, según el discurso oficial, se está recuperando. Para el gobierno de Fujimori, es una respuesta a la presión interna contra la migración irregular.
Pero ninguno de los dos discursos responde la pregunta de fondo: ¿a qué vuelven? Un país donde la canasta alimentaria cuesta 755 dólares y el salario mínimo vale 15 centavos no es un lugar al que la mayoría de esas personas haya decidido volver. Y cuando el regreso no se decide, sino que se impone, el nombre correcto no es retorno. Es expulsión.