La administración Trump presionó en las últimas semanas a autoridades policiales, tanto en funciones como exfuncionarios, para ayudar a reunir apoyo a la Ley Clarity, una legislación cripto de gran alcance que sus críticos advierten podría ser aprovechada por narcotraficantes, terroristas y otros grupos criminales, según reportó CNN citando a varias personas informadas sobre el asunto. La presión llega en momentos en que la legislación enfrenta resistencia en el Senado, incluida la de legisladores que sostienen que el proyecto le permite a Trump seguir beneficiándose de sus propias inversiones en criptomonedas mientras ocupa el cargo.

La campaña sobre los grupos policiales es parte de un esfuerzo más amplio liderado por funcionarios de la Casa Blanca, legisladores republicanos y el fiscal general interino Todd Blanche —la misma figura envuelta esta semana en la disputa por su propia nominación y en el escrutinio del caso Epstein— para rebatir las preocupaciones planteadas sobre partes del proyecto. La administración y grupos de la industria cripto sostienen que, de aprobarse, la ley traería certeza regulatoria a la industria de monedas digitales y garantizaría el intercambio de información sobre actividad ilícita con las autoridades.

El punto de mayor fricción, según los críticos, es que la legislación no prohíbe que Trump siga obteniendo ganancias de sus propios emprendimientos cripto, incluida la memecoin $TRUMP, lanzada apenas días antes de que asumiera su segundo mandato. Esos mismos legisladores señalan que el proyecto contiene “vacíos” que dejan espacio para que el presidente incursione en nuevos negocios cripto, y que no incluye ningún mecanismo de aplicación si se determina que viola las restricciones incluidas en la propia ley. La presión sobre grupos policiales ya tuvo un resultado visible: la Asociación de Jefes de Grandes Ciudades, que agrupa a autoridades policiales de las principales urbes del país, expresó su respaldo esta semana después de cambios que, según su presidente, el jefe de policía de Milwaukee Jeffrey Norman, “amplían la capacidad de la policía estatal y local para frustrar el lavado de dinero y otras transacciones ilícitas”.

Por qué esto importa más allá del debate legislativo: desde que asumió su segundo mandato, Trump ha impulsado activamente a la industria cripto —firmó una orden ejecutiva para reducir las cargas regulatorias del sector y estableció una reserva nacional de criptomonedas—, en un giro que sus críticos vinculan directamente con los millones de dólares en donaciones que esa misma industria aportó a su campaña electoral. Para quienes seguimos de cerca cómo se regula este sector —relevante para millones de personas que usan stablecoins para remesas en Venezuela, México y el resto de la región— la pregunta de fondo que deja este episodio no es solo si la Ley Clarity mejora o no la seguridad del sistema financiero digital, sino si un presidente con negocios cripto propios y activos debería ser quien defina, junto a su fiscal general, las reglas que van a regular esos mismos negocios.