Hay encuestas que confirman lo que ya se sospechaba dentro y fuera del país, y hay encuestas que sacuden por completo el tablero político. La que publicó este jueves AtlasIntel, en alianza con Bloomberg, entra claramente en la segunda categoría. El estudio Latam Pulse Venezuela, correspondiente a julio, ubicó la aprobación de la presidenta encargada Delcy Rodríguez en apenas 22%, con una desaprobación de 64.5% —el nivel más alto que ha registrado esta encuestadora desde que comenzó a medirla. Un 58% de los consultados calificó su gestión como “mala” o “muy mala”, frente a solo 11.9% que la evaluó de forma positiva.

El contraste con María Corina Machado no podría ser más marcado. Su imagen positiva pasó de 53% en junio a 72% en julio, mientras que su imagen negativa cayó de 28% a apenas 14%. El sondeo se realizó entre el 30 de julio y el 3 de agosto, con una muestra de 1,110 personas, un margen de error de ±3 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95% —una metodología que, según el propio historial de la firma, ha sido razonablemente consistente en captar el estado de ánimo político venezolano a lo largo de este año convulso. Un dato adicional que vale la pena destacar de este mismo sondeo es la relativa consolidación de la opinión pública venezolana: a diferencia de mediciones anteriores, donde una porción considerable del electorado todavía se declaraba indecisa mientras esperaba resultados concretos de la transición, este estudio de julio muestra un electorado que ya formó un juicio bastante definido tanto sobre Rodríguez como sobre Machado.

Para entender la magnitud de esta caída, hay que mirar de dónde partió Rodríguez. Cuando asumió la presidencia encargada hace apenas siete meses, tras la captura de Nicolás Maduro, AtlasIntel le otorgaba un 37% de aprobación frente a un 44.3% de rechazo inicial —una posición nada cómoda, pero manejable. Desde entonces, la tendencia ha sido de deterioro casi constante: en una medición de julio (correspondiente a junio), su aprobación ya había caído a 34.6% con 44.8% de desaprobación. El salto hasta el 22% actual confirma que no se trata de una fluctuación estadística menor, sino de una caída sostenida que se ha acelerado en las últimas semanas.

El terremoto del 24 de junio es, casi con certeza, el factor que más pesa en ese deterioro. Encuestas anteriores de la misma firma ya habían detectado que el 79% de los venezolanos calificaba negativamente la situación económica del país, y el 75% consideraba desfavorable el mercado laboral, incluso antes de que el sismo agravara la crisis. Con la reconstrucción avanzando a un ritmo que activistas y organizaciones humanitarias han calificado de insuficiente —como documentamos hace unos días con el reforzamiento de lealtad que la Guardia Nacional le expresó públicamente a Rodríguez en medio del descontento creciente—, no sorprende que la paciencia ciudadana con el gobierno interino se esté agotando a este ritmo.

Lo que sí resulta más inesperado es la magnitud del salto de Machado. Pasar de 53% a 72% de imagen positiva en un solo mes no es un movimiento gradual: es un repunte abrupto, del tipo que normalmente se asocia a un evento político concreto y no a una acumulación lenta de simpatías. Ese evento, muy probablemente, es la firmeza con la que Machado se plantó públicamente hace apenas unos días frente al proceso de diálogo entre el gobierno de Rodríguez y la Asamblea Nacional de 2015, del que reveló no haber sido consultada. Su frase —“si buscan que yo ceda en el mandato, eso no va a pasar jamás”— parece haber resonado con fuerza en un electorado que, según reflejan estos mismos números, cada vez confía menos en las instituciones formales y más en la dirigente que se niega a hacer concesiones silenciosas.

Este contraste de percepciones llega, además, en el peor momento posible para la credibilidad del proceso de negociación en curso. El propio jueves en que se publicó la encuesta, el Departamento de Estado de Estados Unidos expresó su respaldo al inicio de las conversaciones presenciales entre la delegación de Dinorah Figuera y el chavismo, calificando el proceso como una “oportunidad única” para la transición. Pero una mesa de diálogo que Washington respalda con entusiasmo, mientras la propia base social venezolana le retira la confianza a una de sus partes centrales y se la entrega en bloque a la dirigente que quedó fuera de esa misma mesa, es una combinación que genera una pregunta incómoda: ¿negocia el proceso en nombre de quién, si el respaldo popular real está en otro lado?

Vale la pena notar que este no es el primer sondeo de AtlasIntel que documenta un deterioro sostenido de Rodríguez. Una medición anterior de la misma firma, realizada tras los terremotos de junio, ya ubicaba su desaprobación en 63.3%, con apenas 24% de respaldo explícito y un 12.7% de indecisos. En ese estudio, el segmento de jóvenes entre 18 y 24 años era el único grupo demográfico con balance neto positivo hacia su gestión (+4.8 puntos), mientras que el rechazo entre adultos mayores de 35 años superaba el 66% en promedio, llegando a un pico de 77.7% entre los ciudadanos de mayor edad. Esa brecha generacional en la percepción del gobierno interino sugiere que el descontento no es uniforme: se concentra con más fuerza entre quienes vivieron más años bajo el chavismo original y probablemente esperaban una ruptura más clara con ese pasado tras la captura de Maduro.

Es importante también notar el rol que ha jugado el propio hermano de la presidenta encargada en esta ecuación política. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y coordinador designado del proceso de diálogo con la oposición de 2015, acumula según mediciones anteriores de la misma encuestadora una imagen negativa de 73%, prácticamente al mismo nivel que Diosdado Cabello. Que dos de las figuras más visibles del chavismo post-Maduro compartan niveles de rechazo tan altos, mientras la propia Delcy Rodríguez se hunde en esta última medición, sugiere que el desgaste no es un problema aislado de liderazgo individual, sino un fenómeno que atraviesa a la cúpula completa del gobierno interino, independientemente de qué figura específica encabece formalmente cada proceso de negociación o gestión pública.

Por qué esto importa para la diáspora venezolana: estos números no son solo un termómetro de opinión pública abstracto —son, en la práctica, el argumento más contundente que tiene Machado para exigir un asiento real en cualquier negociación sobre el futuro del país, y una señal de alarma para un gobierno interino que necesita legitimidad popular para sostener cualquier acuerdo que alcance. Para millones de venezolanos en el exterior que siguen de cerca cada movimiento de esta transición, una encuesta que muestra a la presidenta encargada con menos de una cuarta parte de respaldo, frente a una oposición que roza las tres cuartas partes de aprobación, es una señal clara de hacia dónde se está inclinando la legitimidad real del proceso —independientemente de quién ocupe formalmente la mesa de negociación en este momento.