La Guardia Nacional Bolivariana (GNB), uno de los cinco componentes de la Fuerza Armada Nacional venezolana, exigió públicamente el martes mantener la lealtad a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para “garantizar la soberanía de la nación” en un momento de máxima presión política, económica, social y humanitaria sobre el gobierno. El comandante general de la GNB, Juan Sulbarán Quintero, expresó en un comunicado oficial difundido con motivo del 89 aniversario del cuerpo militar: “Somos los llamados a cumplir con nuestro deber y a mantenernos leales a nuestra presidenta de la república Dra. Delcy Eloína Rodríguez”, declaró con firmeza y sin ambigüedades. El mensaje se produjo el mismo día en que la mandataria encargada inauguró áreas de atención médica en una policlínica del componente militar en Caracas, agradeciendo a los guardias nacionales por estar “ayudando al que lo necesite”.

El gesto militar no llega en un momento cualquiera. Siete meses después de que Rodríguez asumiera el cargo tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, su gobierno enfrenta lo que varios analistas describen como su prueba política más dura hasta ahora: la respuesta a los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron al país el 24 de junio, dejando más de 6,125 muertos según el último balance presentado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. El Banco Mundial estimó los daños físicos directos en 19,600 millones de dólares, y esta misma semana el gobierno confirmó que trabaja en la reparación de casi 4,000 viviendas solo en el estado La Guaira, la zona más golpeada por el desastre, clasificadas dentro de las categorías de daño más leve.

Analistas consultados por CNN en Español coinciden en que la magnitud de la crisis pone a prueba la capacidad del gobierno de Rodríguez como nunca antes. “Delcy Rodríguez enfrenta ahora la mayor prueba para su liderazgo. Al mismo tiempo, el enojo público está aumentando por la mala gestión y la lenta respuesta. Pero en regímenes autoritarios, crisis como esta con frecuencia fortalecen a quienes están en el poder”, señaló Imdat Oner, académico de la Universidad Internacional de Florida. Esa tensión entre el descontento ciudadano y el reforzamiento del poder mediante el respaldo militar es precisamente lo que el mensaje de la GNB parece buscar contrarrestar: proyectar una imagen de institucionalidad sólida justo cuando las críticas sobre la lentitud de la respuesta gubernamental se intensifican dentro y fuera del país.

El trasfondo histórico de la propia Guardia Nacional le añade una capa de complejidad a este gesto de lealtad. En diciembre pasado, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, creada por la ONU para investigar abusos en Venezuela desde 2014, denunció en un informe que funcionarios de la GNB cometieron graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad durante más de una década. Que sea precisamente este cuerpo militar, señalado por organismos internacionales de derechos humanos, el que emita ahora un mensaje público y formal de lealtad incondicional a la presidenta encargada, es una señal que distintos sectores de la oposición y de la comunidad internacional probablemente interpretarán con cautela, más como una muestra de cohesión del aparato de seguridad del Estado que como un simple gesto protocolar de aniversario institucional.

Este respaldo militar se suma a una estrategia más amplia que Rodríguez ha desplegado desde el inicio de la crisis sísmica: cerrar filas con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en su conjunto. El pasado 5 de julio, durante un acto de graduación en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, la mandataria pronunció un mensaje que varios medios describieron como más enérgico y defensivo que los llamados a la paz y la reconciliación que habían caracterizado sus primeras semanas en el cargo, advirtiendo contra cualquier intento de “desestabilización” y enfatizando su condición de comandante en jefe de la FANB. Ese giro hacia un tono más militarista, según analistas citados por Diario de Cuba, refleja un patrón reconocible: recurrir al respaldo de las fuerzas armadas como ancla de estabilidad política en momentos de máxima presión pública, en lugar de depender únicamente de la gestión visible de la crisis humanitaria.

La respuesta internacional a la catástrofe, mientras tanto, sigue siendo motivo de fricción diplomática. El gobierno de Rodríguez ha insistido en que la reconstrucción es competencia “exclusiva” de Venezuela, respondiendo con dureza a declaraciones de mandatarios de la región, como el presidente electo de Colombia, que había sugerido un rol más activo de su país en las labores de recuperación. Esa insistencia en mantener el control nacional del proceso de reconstrucción, incluso mientras acepta ayuda humanitaria puntual de distintos países, es consistente con el mensaje de soberanía que la propia Guardia Nacional invocó en su comunicado de esta semana.

Vale la pena recordar además que este no es el primer episodio de tensión entre Rodríguez y sus propias bases desde que asumió el cargo. En mayo, cuando el gobierno permitió el ingreso de un ejercicio militar conjunto con Estados Unidos, sectores del propio chavismo expresaron su indignación en redes sociales, y el Ministerio de Información llegó a editar un video antiguo de Hugo Chávez en un intento de calmar los ánimos internos. Ese antecedente muestra que la relación entre Rodríguez y las fuerzas armadas, lejos de ser un bloque monolítico y automático, requiere gestos de reafirmación constante —como el de esta semana— precisamente porque la cohesión interna no puede darse por sentada en un momento de tanta presión simultánea: la crisis sísmica, el escrutinio internacional, y las negociaciones políticas internas de las que hemos venido informando en los últimos días.

La cifra de daños calculada por el Banco Mundial —19,600 millones de dólares— equivale a una fracción considerable del PIB venezolano, lo que da una idea de la magnitud del desafío financiero que enfrenta un gobierno que, además, sigue operando bajo sanciones internacionales sustanciales y con acceso limitado a los mercados de capital tradicionales. La reparación de 3,938 viviendas en La Guaira, aunque representa un avance concreto y verificable, sigue siendo una fracción pequeña frente a los casi 59,000 edificios que, según estimaciones de investigadores de la Universidad Estatal de Oregon citadas por la revista Semana, resultaron destruidos o dañados en todo el país. Esa brecha entre lo ya reparado y lo que aún falta es, en última instancia, el terreno real donde se va a medir si el respaldo institucional que hoy expresa la Guardia Nacional se traduce en resultados tangibles para la población afectada.

Por qué esto importa para la diáspora venezolana: el respaldo público de la Guardia Nacional a Delcy Rodríguez, en medio de una crisis humanitaria que sigue sin resolverse siete semanas después del terremoto, es una señal temprana de hacia dónde podría inclinarse el gobierno si el descontento social sigue creciendo —hacia una mayor dependencia del aparato militar para sostener la estabilidad, en lugar de una aceleración visible y verificable de la reconstrucción misma. Para millones de venezolanos en el exterior con familiares en las zonas afectadas, la pregunta que más importa no es si el gobierno cuenta con el respaldo formal de sus fuerzas armadas, sino si esas mismas fuerzas y esa misma institucionalidad se van a traducir, en las próximas semanas, en viviendas reparadas y ayuda que efectivamente llegue a quienes la necesitan.