La mesa de diálogo entre el gobierno interino de Delcy Rodríguez y un sector de la oposición venezolana respaldado por Washington entra esta semana en su segundo tramo de trabajo, después de que documentáramos hace apenas unos días la primera reunión presencial celebrada en un centro de convenciones dentro de la base aérea La Carlota, en Caracas. El proceso, que arrancó formalmente el 1 de agosto, sigue avanzando sin la participación de María Corina Machado, la dirigente opositora con mayor respaldo popular según la más reciente encuesta de AtlasIntel que documentamos la semana pasada, y sin Edmundo González Urrutia, ambos en el exilio desde la captura de Nicolás Maduro en enero.
Machado ha mantenido, a lo largo de las últimas semanas, una postura pública consistente sobre los términos bajo los cuales estaría dispuesta a involucrarse en cualquier proceso de transición. En una entrevista con el periodista venezolano Luis Olavarrieta, la líder opositora y Premio Nobel de la Paz fue categórica al abordar la posibilidad de que se le pida renunciar a su propio reclamo sobre la legitimidad del mandato presidencial: “si lo que buscan es que yo ceda en el mandato, eso no va a pasar jamás”, declaró, insistiendo en que su posición no responde a un interés personal sino a la defensa de lo que considera la voluntad electoral genuina del pueblo venezolano. “Esto no se trata de mí como persona, se trata de los venezolanos”, añadió, al ser consultada sobre si se ve siendo “reemplazada” por Delcy Rodríguez como la figura que finalmente encabece la transición del país.
La propia Machado y González Urrutia habían explicado, en un comunicado conjunto emitido antes del inicio formal del diálogo, por qué decidieron no participar directamente en este proceso: aseguraron que, aunque esperan que las conversaciones entre el chavismo y el sector opositor participante logren establecer un cronograma electoral presidencial oportuno, no serán “un obstáculo” para que esas conversaciones avancen, incluso sin su presencia directa en la mesa. Esa postura de no bloquear activamente el proceso, combinada con su negativa a participar en él bajo los términos actuales, ha generado un debate persistente entre analistas venezolanos sobre si un acuerdo alcanzado sin la dirigente de mayor legitimidad popular puede sostenerse políticamente a largo plazo.
Alejandro Fleming, exministro de Relaciones Exteriores durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro antes de romper con el chavismo en 2016, expresó en una entrevista con la agencia AFP una posición que resume bien esa tensión de fondo: “es fundamental” que Machado participe en el diálogo, o al menos “nombre a un representante”, para que el proceso tenga la legitimidad necesaria de cara al resto del país. Fleming también planteó una pregunta que ha circulado con fuerza entre sectores críticos del proceso: si no existen garantías claras de que figuras como Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez o Diosdado Cabello se abstendrán de presentarse como candidatos en cualquier elección futura que resulte de esta negociación, ¿bajo qué criterio se excluyó específicamente a Machado de la mesa mientras esas figuras del oficialismo permanecen en ella?
El propio Departamento de Estado estadounidense, que ejerce un rol de tutela directa sobre este proceso, ha defendido la fórmula actual como una vía pragmática hacia la estabilización del país, enmarcada dentro del plan de tres fases —estabilización, recuperación económica, transición electoral— que el secretario de Estado Marco Rubio ha descrito públicamente en semanas recientes. Washington sostiene que su papel de “observación” sobre las conversaciones es garantía suficiente de que cualquier acuerdo alcanzado se cumplirá, aunque esa misma garantía externa es, precisamente, uno de los puntos que sectores críticos del proceso —incluidos algunos aliados históricos de la propia oposición— cuestionan con más insistencia.
La dimensión petrolera del proceso, que documentamos hace unos días al cubrir las declaraciones de Trump sobre los recursos energéticos venezolanos, sigue siendo otro de los ejes que atraviesa esta negociación sin que Machado tenga participación directa sobre cómo se están definiendo los términos de acceso de empresas estadounidenses al sector energético del país, un tema que su propio sector considera que debería discutirse con la mayor transparencia posible ante la opinión pública venezolana, dentro o fuera del país.
Por qué esto importa para la diáspora venezolana: la ausencia sostenida de las dos figuras con mayor respaldo popular real dentro de un proceso que aspira a definir el futuro institucional del país sigue siendo, siete meses después de la caída de Maduro, la tensión no resuelta más importante de toda esta transición. Para millones de venezolanos en el exterior que depositaron buena parte de su esperanza de un cambio genuino en la figura de Machado, cada semana que la mesa de diálogo avanza sin ella es una semana adicional en la que la pregunta de fondo —si este proceso terminará reflejando la voluntad popular medida en las encuestas, o si terminará siendo una negociación de élites políticas que excluye deliberadamente a quien más respaldo tiene— sigue sin una respuesta clara.