La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este lunes tres nuevas licencias generales relacionadas con Venezuela, reemplazando las versiones anteriores: la 46E sustituye a la 46D, la 48D a la 48C, y la 49B a la 49A, según confirmaron múltiples medios, entre ellos Efecto Cocuyo y Descifrado.

Lo que autoriza cada licencia

La Licencia General 46E habilita a empresas estadounidenses constituidas antes del 29 de enero de 2025 a levantar, exportar, comercializar, transportar, almacenar y refinar petróleo pesado y productos petroquímicos venezolanos hacia el mercado estadounidense, incluyendo contratación de servicios portuarios y swaps de crudo (variaciones de precio sin necesidad de entregar los barriles físicamente). Las exportaciones a terceros países deberán reportarse cada 90 días.

La Licencia General 48D autoriza el suministro desde Estados Unidos de bienes, tecnología, software y servicios para la exploración, desarrollo o producción de petróleo, gas y petroquímicos, pero también, por primera vez de forma explícita, para la generación, transmisión, almacenamiento y distribución de electricidad en Venezuela.

La Licencia General 49B permite negociar y firmar contratos contingentes para nuevas inversiones en petróleo, gas, petroquímicos o electricidad, incluyendo la formación de joint ventures, aunque la ejecución final de cada contrato seguirá requiriendo una autorización específica adicional de la propia OFAC.

Por qué la mención explícita a electricidad conecta directamente con lo que documentamos ayer

Este es el dato que más nos interesa señalar: hasta ahora, nuestra cobertura sobre el sector eléctrico venezolano, incluido el resumen del podcast que publicamos ayer sobre los 15,000 a 40,000 millones de dólares que necesita el sistema, se había centrado en la reforma legislativa interna que avanza en la Asamblea Nacional. Esta actualización de la OFAC confirma, por primera vez de forma explícita en el marco regulatorio estadounidense, que el sector eléctrico venezolano también queda habilitado para recibir suministro de bienes, tecnología y servicios desde Estados Unidos, no solo el sector petrolero.

Lo que sigue prohibido

Pese a esta ampliación, las licencias mantienen restricciones claras: prohíben expresamente los pagos en oro, en criptoactivos como el Petro, o mediante reestructuraciones de deuda. Todos los contratos deben además exigir que cualquier resolución de controversias se celebre en jurisdicciones internacionales o estadounidenses, no venezolanas.

El contexto inmediato: una cumbre con 600 empresas

Esta actualización regulatoria llega justo antes de un encuentro de gran magnitud: se espera la asistencia de más de 600 representantes de compañías del sector energético a un evento en Venezuela, el primero de esta escala desde la captura de Maduro en enero, según reportó Diario Las Américas. Trump comentó sobre el avance del proceso: “es tremendo lo que está sucediendo”.

Por qué esto no despeja las dudas que ya documentamos

Vale la pena recordar que esta ampliación de licencias no resuelve la controversia que documentamos hace unos días: el propio secretario del Tesoro, Scott Bessent, no pudo confirmar ante el Congreso estadounidense a dónde va exactamente el dinero de los más de 13,000 millones de dólares ya recaudados por el petróleo venezolano. Una cosa es ampliar el marco legal para que más empresas puedan operar; otra distinta es la transparencia sobre el destino final de los recursos que ya se están generando.

Lo que sigue

Con estas tres licencias ya en vigencia, y con la cumbre energética por celebrarse en los próximos días, seguiremos de cerca si esta ampliación regulatoria efectivamente se traduce en inversión concreta hacia el sector eléctrico venezolano, el mismo que hemos documentado como condición mínima indispensable para que cualquier otra inversión, petrolera o de cualquier tipo, tenga sentido práctico dentro del país.