Meta Platforms acordó pagar hasta 18,000 millones de dólares para resolver las demandas presentadas por fiscales generales de 29 estados de Estados Unidos, que acusaban a Facebook e Instagram de dañar deliberadamente a menores mediante un diseño diseñado para fomentar la adicción. El acuerdo se alcanzó el miércoles, en plena celebración de un juicio federal en Oakland, California, que examinaba estas mismas acusaciones, y todavía está pendiente de aprobación judicial.
Cómo se distribuye el dinero, y qué depende de la competencia
Según el desglose ofrecido por la propia compañía, aproximadamente 12,700 millones de dólares, 70% del total, se distribuirán entre las jurisdicciones participantes mediante pagos anuales durante una década. Los 5,300 millones restantes son condicionales: se activarían solo si TikTok y YouTube adoptan protecciones similares para adolescentes y realizan pagos equivalentes, un mecanismo con el que Meta busca presionar públicamente a sus competidores para que se sumen al mismo esquema de reformas.
Los cambios concretos que Meta se compromete a implementar
El documento judicial detalla que Meta establecerá límites diarios y bloqueos del uso nocturno para usuarios adolescentes, además de “medidas reforzadas de verificación de edad para evitar que los niños accedan a la plataforma o a contenido con restricción de edad”. Un auditor independiente supervisará el cumplimiento de estas medidas, con amplios derechos de acceso a información y la obligación de reportar directamente a las autoridades estatales. Si TikTok y YouTube llegaran a sumarse al esquema, las restricciones se endurecerían todavía más, reduciendo el límite de uso a una hora diaria por plataforma y ampliando el bloqueo nocturno.
Las acusaciones de fondo, y la posición de Meta
Los fiscales generales de estados como California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey habían acusado a Meta de diseñar deliberadamente sus plataformas para generar comportamientos adictivos en menores, de recopilar información personal de niños sin el consentimiento parental requerido por la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA), y de contribuir a agravar una crisis de salud mental entre adolescentes y niños en el país. El documento judicial deja constancia de que Meta “niega las acusaciones en su contra y que tenga responsabilidad alguna ante los demandantes”. El fiscal general de California, Rob Bonta, describió el acuerdo como un cambio desde medidas voluntarias de seguridad hacia obligaciones legalmente exigibles: “Meta ha acordado realizar transformaciones masivas que reducirán el riesgo de daño de sus plataformas, y lo hará en cuestión de meses”.
La reacción de una madre que perdió a su hija
Victoria Hinks, madre de Alexandra “Owl” Hinks, quien murió a los 16 años, declaró sentirse satisfecha con los términos del acuerdo, siempre y cuando las medidas comprometidas se apliquen efectivamente en la práctica. Su testimonio refleja el peso humano detrás de un litigio que, más allá de la cifra millonaria, responde a preocupaciones reales de familias que atribuyen parte de las dificultades de sus hijos al uso de estas plataformas.
Un acuerdo que no cierra todos los frentes legales
El pacto resuelve el litigio con la coalición de estados, pero Meta continúa enfrentando demandas presentadas por particulares y distritos escolares en distintos puntos del país, casos que la compañía ha dicho que seguirá defendiendo por considerarlos distintos a los argumentos planteados por los fiscales estatales. Antes de este acuerdo, Meta ya había perdido este año dos casos relevantes relacionados con menores en Nuevo México y Los Ángeles, y enfrenta además escrutinio adicional en Europa, donde la Comisión Europea concluyó preliminarmente en julio que ciertos elementos de sus plataformas también podrían representar riesgos para menores.
Por qué esto importa para la comunidad hispana en Estados Unidos: este acuerdo, uno de los mayores de su tipo hasta ahora, establece un precedente que probablemente influya en cómo se regula el uso de redes sociales por parte de menores en todo el país, incluidas las comunidades hispanas donde el uso de estas plataformas entre adolescentes es particularmente alto. Para las familias que han lidiado de cerca con los efectos del uso excesivo de redes sociales en sus hijos, este acuerdo representa el primer compromiso legalmente exigible, no solo voluntario, de introducir límites reales de tiempo de uso y verificación de edad, aunque su efectividad dependerá en última instancia de que la supervisión independiente prometida se cumpla tal como se anunció.