Esta es una columna de opinión de Kevin Rondón, fundador de este medio.
El presidente de Chile, José Antonio Kast, ingresó el lunes al Senado, con suma urgencia, un proyecto de reforma constitucional de ocho artículos, el corazón de su Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). “Se requiere llevar ese combate al crimen organizado, al terrorismo, a nuestra Carta Fundamental”, declaró Kast desde La Moneda. Y aquí quiero ser directo: no dudo de que el crimen organizado sea un problema real en Chile. Lo que cuestiono es el mecanismo que se está usando para justificar meterle mano a la Constitución, y hacia dónde puede terminar llevando ese precedente.
Lo que el proyecto dice, en concreto
Vale la pena ser preciso sobre el contenido real, porque es más amplio de lo que el discurso de “lucha contra el terrorismo” deja entrever. La reforma crea un nuevo estado de excepción constitucional, aplicable cuando exista “una amenaza grave e inminente” contra la seguridad pública, con una duración máxima de 120 días y con el propio presidente decidiendo qué zonas quedan afectadas. Le otorga además al Ejecutivo la facultad de declarar a una organización como “terrorista” o de “crimen organizado” —con revisión posterior del Senado—, crea registros oficiales de ese tipo de organizaciones, y establece inhabilidades para ejercer cargos públicos. Y el punto que más ha generado ruido: restringe el acceso a prestaciones financiadas por el Estado —salud, educación, jubilación— para quienes sean condenados por estos delitos, no solo mientras cumplen condena, sino durante 15 años adicionales después de cumplirla.
Incluso dentro del propio gobierno esto generó fricción: la ministra de Salud, May Chomali, cuestionó la versión original —que buscaba bloquear por completo el acceso a la salud pública— por el riesgo de “incompatibilidad con algunas leyes que nosotros tenemos”. El Ejecutivo terminó suavizando esa parte, dejando en manos del Congreso definir exactamente cuáles prestaciones se restringen. Ese matiz importa: incluso adentro del propio gabinete de Kast, alguien vio un problema legal en lo que se estaba proponiendo.
El argumento que no cuadra
Aquí está mi desacuerdo de fondo, y no es solo mío: el diario chileno El Despertar ya lo planteó esta misma semana con una frase que resume bien el problema: “el miedo como coartada”. El terrorismo y el crimen organizado, tal como los define formalmente la ley chilena, representan una fracción mínima del total de causas penales del país. Construir sobre esa base —un fenómeno estadísticamente marginal— la justificación para reformar ocho artículos de la Constitución, incluyendo la creación de un nuevo estado de excepción que el propio presidente puede activar por decisión unilateral, es exactamente el tipo de desproporción que debería generar sospecha, no aplauso automático.
Y esta no es una lección nueva para quien ha seguido, aunque sea de lejos, cómo funcionan este tipo de procesos en la región: nunca es solamente el artículo que se dice que se va a modificar. Una vez que la Constitución queda abierta —una vez que el mecanismo de reforma se activa y la discusión se instala en el Congreso—, el terreno queda disponible para que se negocien y se incorporen otras modificaciones que, en un inicio, no formaban parte del argumento de venta original. Es la misma cautela que uno debería aplicar sin importar el color político de quien lo proponga: cuando alguien pide una reforma constitucional apoyándose en un dato de crimen que representa una porción mínima del problema total, la pregunta correcta no es “¿por qué te opones a combatir el terrorismo?” —esa es la pregunta que el propio argumento quiere que te hagas—. La pregunta correcta es: ¿qué más se puede modificar, ahora que la puerta ya está abierta?
Un país donde esa pregunta pesa distinto
Chile no es un país cualquiera para tener esta conversación. Es una sociedad con una división política extremadamente demarcada entre derecha e izquierda, con una memoria constitucional todavía fresca —el propio país vivió, apenas hace pocos años, dos intentos fallidos de redactar una Constitución completamente nueva, ambos rechazados en plebiscito—. En ese contexto, cualquier intento de tocar la Carta Fundamental, venga de donde venga, activa de inmediato las alarmas de la mitad del país que no comparte esa visión. Kast ganó la presidencia con más del 58% de los votos en las 16 regiones, un mandato electoral real y contundente. Pero un mandato electoral fuerte no es lo mismo que un cheque en blanco para reescribir, con el pretexto de un fenómeno delictivo minoritario, las reglas de juego constitucional del país entero.
No estoy diciendo que Kast tenga, de forma comprobada, una agenda oculta específica más allá de lo que ya presentó —eso todavía no lo sabemos, y sería injusto afirmarlo como un hecho—. Lo que sí digo, con la misma claridad, es que el argumento que sostiene esta reforma —terrorismo y crimen organizado como justificación central— no resiste el peso proporcional que le están dando, y que la historia constitucional de América Latina nos ha enseñado, una y otra vez, a desconfiar precisamente de ese tipo de desproporción entre el problema invocado y el alcance real de la solución propuesta.
Por qué esto importa más allá de Chile: cada vez que un gobierno de la región abre la puerta a modificar su Constitución apoyándose en una amenaza real pero estadísticamente menor, y lo hace con la urgencia legislativa que Kast le imprimió a este proyecto, vale la pena que cualquier ciudadano de cualquier país —no solo el chileno— preste atención al patrón, no solo al titular. No porque toda reforma constitucional sea automáticamente sospechosa, sino porque la desproporción entre el argumento y el alcance de lo que se propone es, históricamente, la señal más confiable de que el verdadero objetivo todavía no se ha dicho en voz alta.