Seis agencias federales de Estados Unidos —la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC), la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito (NCUA), el Departamento del Tesoro, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)— dejaron pasar, sin cumplir, el plazo legal del 18 de julio para terminar de redactar las reglas definitivas que deben regir a las stablecoins en el país. Ese plazo lo estableció la propia Ley GENIUS, que el presidente Trump firmó hace exactamente un año, en julio de 2025, como la primera legislación federal integral sobre monedas digitales indexadas al dólar —justamente el tipo de activo que hoy usan millones de personas en Venezuela, México y el resto de Latinoamérica para enviar y recibir remesas.

La ley no contempla ninguna prórroga automática ni un mecanismo de respaldo en caso de que las agencias no cumplan el plazo: simplemente no había ninguna instrucción sobre qué hacer si eso ocurría, y ahora ocurrió. Según reportó CoinDesk, los reguladores llevan meses recibiendo comentarios públicos sobre distintos aspectos de la gobernanza de las stablecoins —incluida una propuesta para exigirles a los emisores controles de identificación de clientes similares a los que ya aplican los bancos tradicionales— pero ninguno de esos borradores se convirtió en regla final antes de la fecha límite.

El vacío que deja este retraso no es solo burocrático, tiene una consecuencia muy concreta que la FDIC ya confirmó: las billeteras de stablecoins no cuentan con ningún tipo de seguro de depósito, ni siquiera de forma indirecta. Es decir, a diferencia de una cuenta bancaria tradicional, si la empresa detrás de una stablecoin como USDT o USDC llegara a tener un problema de solvencia, quien tenga esos fondos guardados ahí podría perderlos por completo, sin la misma red de protección que existe para el dinero en un banco. Analistas del sector ya advierten que, para la generación más joven de usuarios digitales —que cada vez usa más las stablecoins como sustituto de una cuenta bancaria tradicional— este vacío regulatorio es más relevante que cualquier movimiento de precio de Bitcoin o Ethereum.

Por qué esto importa específicamente para quien envía o recibe remesas en Latinoamérica: proyectos que reportamos esta semana, como Open USD (respaldado por Visa, Mastercard y Stripe) o la nueva plataforma de stablecoins de Visa, dependen en buena medida de que exista claridad regulatoria para escalar con confianza institucional. Mientras ese marco siga incompleto, emisores más pequeños enfrentan lo que un análisis reciente describió como presión hacia la consolidación —quienes no puedan cumplir los futuros requisitos de capital tendrán que asociarse con jugadores más grandes o salir del mercado—, mientras que gigantes como Tether, que opera desde fuera de Estados Unidos, enfrentan un riesgo de aplicación normativa que todavía no tiene reglas claras ni fecha definida. Para la familia que hoy recibe dinero por USDT porque es más rápido y barato que un banco, la recomendación práctica no cambia: sigue siendo el canal más eficiente disponible, pero conviene entender que, a diferencia de una cuenta bancaria, ese dinero todavía no tiene ningún tipo de red de seguridad regulatoria detrás.