El presidente Donald Trump firmó este lunes una orden ejecutiva que reduce de 18 a 11 las enfermedades para las cuales el gobierno federal de Estados Unidos recomienda vacunar a todos los niños, en una de las revisiones más profundas al calendario de inmunización infantil en la historia reciente del país. La medida, impulsada junto al secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., mantiene la recomendación universal únicamente para sarampión, paperas, rubéola, difteria, tétanos, tos ferina, poliomielitis, Haemophilus influenzae tipo B, enfermedad neumocócica, el virus del papiloma humano (VPH) y varicela.

El resto de las vacunas que hasta ahora formaban parte del esquema recomendado para todos los niños pasan a categorías más restringidas. Las vacunas contra el virus respiratorio sincitial (VRS), meningococo, dengue y las dosis iniciales de hepatitis A y B quedan reservadas únicamente para poblaciones o grupos identificados como de alto riesgo. Para el resto de los niños, las fórmulas contra COVID-19, la gripe estacional, el rotavirus y las propias hepatitis A y B pasan a regirse bajo un esquema de “decisión clínica compartida”, dejando la aplicación al criterio conjunto entre médicos y padres, en lugar de una recomendación federal universal.

Uno de los puntos más controvertidos de la orden es la instrucción de separar la vacuna triple vírica (MMR, contra sarampión, paperas y rubéola) en tres inyecciones individuales, administradas en visitas médicas distintas, en lugar de la dosis combinada única que se ha usado durante décadas. “No se trata solo de administrar menos vacunas, sino de administrarlas en varias visitas al médico”, declaró Trump desde el Despacho Oval durante la firma. Durante el mismo acto, el presidente cuestionó públicamente la seguridad de la vacuna combinada y vinculó esta revisión con el aumento de casos de autismo diagnosticados en las últimas décadas —una conexión que la evidencia científica reiterada, incluidos decenas de estudios independientes realizados en múltiples países durante más de dos décadas, no ha logrado encontrar.

La Casa Blanca justificó la medida presentándola como un esfuerzo por establecer un calendario de vacunación de “estándar de oro” y alinear las recomendaciones estadounidenses con las de otros países desarrollados. Según cifras difundidas por la propia administración, en 1980 el calendario de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) contemplaba 23 dosis mediante siete inyecciones para siete enfermedades, mientras que para 2024 esas recomendaciones habían crecido a al menos 84 dosis en 57 inyecciones para 17 enfermedades. El gobierno sostiene que Estados Unidos recomienda más vacunas infantiles que otros países comparables, y que varias naciones europeas manejan esquemas más reducidos.

La orden también instruye al Departamento de Justicia a desafiar activamente las leyes estatales relacionadas con mandatos de vacunación y las excepciones que estas contemplan, lo que podría abrir frentes legales en distintos estados que mantienen sus propios requisitos de vacunación escolar, independientes del calendario federal. Las autoridades estatales, sin embargo, ya han señalado que sus requisitos específicos para la inscripción escolar no cambian de forma automática con la sola firma de esta orden ejecutiva —cualquier modificación real a esos requisitos tendría que pasar, en la mayoría de los casos, por las propias legislaturas o agencias de salud estatales.

La reacción del sector médico ha sido rápida y, en buena parte, crítica. El senador republicano Bill Cassidy, médico de profesión y quien dejará el Senado el próximo año tras perder las primarias de su partido, cuestionó públicamente el fundamento de la medida. Especialistas de salud pública y hasta miembros de la propia Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) han advertido que espaciar la aplicación de la triple vírica en visitas separadas aumenta el riesgo de que los niños queden parcialmente desprotegidos durante más tiempo, justo en un año en que Estados Unidos ya registra su mayor número de casos de sarampión en varias décadas.

Organizaciones médicas de referencia, como la Academia Estadounidense de Pediatría, mantienen desde hace años una posición firme y respaldada por décadas de evidencia científica: la vacuna triple vírica combinada es segura, y su combinación en una sola dosis no incrementa ningún riesgo adicional frente a administrarla por separado, mientras que espaciar las tres inyecciones en visitas distintas sí deja al niño sin protección completa durante un periodo de tiempo más largo. Grupos de salud pública han señalado que la propia orden, al no derogar directamente los requisitos estatales de vacunación escolar, probablemente termine generando más confusión práctica para las familias que un cambio real e inmediato en cuántas vacunas recibe un niño en la mayoría de los estados del país, al menos en el corto plazo.

El propio Robert F. Kennedy Jr. ha sido, desde años antes de asumir el cargo de secretario de Salud, una de las figuras públicas más conocidas de Estados Unidos por su postura crítica hacia el consenso científico establecido sobre las vacunas, incluyendo afirmaciones repetidas sobre supuestos vínculos con el autismo que múltiples estudios científicos, revisados por pares y replicados en distintos países, han desmentido de forma consistente durante más de dos décadas. Su nombramiento al frente de la agencia que ahora impulsa esta revisión del calendario de vacunación ha sido, desde el principio, uno de los puntos más señalados por organizaciones médicas que temen una erosión progresiva de las políticas de salud pública basadas en evidencia científica consolidada.

Por qué esto importa para la comunidad hispana en Estados Unidos: los cambios en las recomendaciones federales de vacunación llegan justo cuando millones de niños regresan a las aulas tras las vacaciones de verano, un momento en el que las familias hispanas —que dependen en una proporción considerable de clínicas comunitarias y programas de salud pública para la vacunación de sus hijos— van a tener que navegar una capa adicional de confusión entre lo que recomienda el gobierno federal, lo que exige la escuela de su estado específico, y lo que finalmente decidan junto a su propio pediatra. En un contexto donde el sarampión ya registra su peor año en décadas, cualquier reducción en las tasas de vacunación infantil, incluso si es resultado de una reorganización administrativa más que de un rechazo activo a vacunar, representa un riesgo de salud pública que probablemente se sienta con más fuerza en las comunidades con menor acceso regular a atención médica preventiva.