El Senado de Estados Unidos confirmó, en una votación de madrugada, a Todd Blanche como fiscal general permanente del país, por un margen de apenas un voto: 50 a favor y 49 en contra. La confirmación llega después de semanas de resistencia dentro de las propias filas republicanas, y con una particularidad que no pasó desapercibida: dos senadoras del propio partido de Trump, Susan Collins (Maine) y Lisa Murkowski (Alaska), se sumaron a la oposición demócrata en bloque para votar en contra de la nominación.

Blanche, quien se desempeñaba como fiscal general interino desde abril, escribió en la red social X tras conocerse el resultado: “Me siento profundamente honrado por la confianza que el presidente Trump ha depositado en mí para dirigir el Departamento de Justicia como el fiscal general número 88 de nuestra gran nación”, y agregó un agradecimiento al Senado “por permanecer hasta altas horas de la noche para completar este proceso”. Antes de asumir el cargo interino, Blanche fue abogado personal de Trump y dirigió su defensa en el juicio de Nueva York por los pagos para silenciar a la actriz Stormy Daniels durante la campaña de 2016, además de integrar su equipo legal en los casos federales por el manejo de documentos clasificados y los intentos de revertir el resultado electoral de 2020.

La razón detrás del voto en contra de Collins y Murkowski no fue un dato menor ni una diferencia protocolar: ambas senadoras consideraron a Blanche responsable de contribuir a la politización del Departamento de Justicia, según reportó la agencia EFE. Esa preocupación no surgió de la nada. Durante el periodo en que Blanche ejerció el cargo de manera interina, la Fiscalía estadounidense presentó cargos contra el exdirector del FBI, James Comey, un adversario político declarado de Trump, e inició investigaciones sobre denuncias de fraude electoral en las presidenciales de 2020 —dos movimientos que los demócratas señalan como evidencia directa de que el Departamento de Justicia dejó de actuar como una agencia independiente para convertirse en una herramienta al servicio de los intereses políticos del presidente.

El obstáculo más concreto que estuvo a punto de descarrilar la confirmación, sin embargo, no fue ninguno de esos casos, sino un fondo de 1,800 millones de dólares que Blanche había impulsado para compensar a lo que Trump considera “víctimas de persecución judicial”. Ese fondo, según reportó NBC News, era visto con enorme sospecha porque incluiría potencialmente a partidarios de Trump que participaron en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, en el intento de impedir la certificación de la victoria electoral de Joe Biden. Dos senadores republicanos clave, John Cornyn y Thom Tillis, bloquearon la nominación de Blanche mientras ese fondo siguiera en pie, lo que obligó a Blanche a anularlo formalmente el pasado 3 de agosto para poder destrabar su propia confirmación en el Senado.

Blanche también cargaba con otro antecedente que generó rechazo, esta vez desde fuera del Capitolio: sobrevivientes de Jeffrey Epstein se opusieron públicamente a su nominación, señalando su historial como abogado personal de Trump como un conflicto de interés directo para dirigir una institución que en algún momento podría tener que investigar casos relacionados con las redes del propio Epstein. Ese antecedente, sumado a la creación y posterior anulación del fondo de 1,800 millones, y a la actuación del Departamento de Justicia durante su gestión interina, formó el trasfondo completo de una nominación que, pese a todo, terminó aprobándose por el margen más estrecho posible dentro de un Senado que los republicanos controlan con una mayoría mínima.

Esta confirmación no ocurrió de forma aislada, sino como parte de la última sesión del Senado antes del receso de cinco semanas de agosto —la misma sesión en la que también avanzó la resolución de gasto que evita un cierre de gobierno antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre. Ambas votaciones, sobre Blanche y sobre el presupuesto, formaban parte de una agenda apretada que los líderes del Senado querían cerrar antes de que los legisladores regresaran a sus estados a hacer campaña.

Por qué esto importa: la confirmación de Blanche consolida a un exabogado personal de Trump al frente de la institución encargada, en teoría, de operar con independencia del poder ejecutivo —incluyendo cualquier investigación que pudiera involucrar al propio presidente o a su círculo cercano. El hecho de que dos senadoras republicanas, no solo la oposición demócrata, hayan votado en contra por preocupaciones sobre la politización de la justicia es una señal de que esa tensión no es exclusiva de un bando político. Para la comunidad hispana, que interactúa con el Departamento de Justicia en temas que van desde inmigración hasta derechos civiles, quién dirige esa institución y bajo qué criterios opera no es un detalle administrativo: es la diferencia entre un sistema de justicia que aplica la ley de forma pareja y uno que responde primero a la lealtad política.