La jueza federal Ana Reyes, del Tribunal de Distrito de Columbia, formalizó este miércoles el último paso judicial que todavía impedía al gobierno de Trump poner fin, de manera definitiva, al Estatus de Protección Temporal (TPS) para Haití, dejando expuestos a la deportación a cerca de 350,000 haitianos que residían legalmente en Estados Unidos bajo esa protección específica. “La orden del tribunal, que había suspendido la fecha de entrada en vigor de la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de terminar formalmente la designación de Haití para el Estatus de Protección Temporal, pendiente de revisión judicial, ya no está vigente en absoluto”, escribió Reyes en su fallo formal, según recogió CNN en Español.

La decisión de este miércoles es, en realidad, la culminación final de un proceso legal que se extendió durante meses y que la propia jueza Reyes había frenado en un primer momento de forma temporal. A principios de este año, la jueza —nombrada durante la administración de Joe Biden— había bloqueado la cancelación del TPS, concluyendo que la entonces secretaria Noem había eludido el procedimiento legal adecuado y que la decisión probablemente estuvo motivada por prejuicios raciales contra la población haitiana. Sin embargo, la Corte Suprema revocó ese fallo hace más de un mes mediante una votación de 6 a 3 dividida estrictamente por líneas ideológicas, determinando con claridad que los tribunales federales carecen por completo de la facultad para revisar este tipo específico de impugnaciones contra las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional en materia de TPS. La propia Corte Suprema señaló además que las pruebas presentadas en el caso no respaldaban la conclusión de discriminación racial que Reyes había planteado inicialmente.

El TPS para Haití había expirado de manera formal a la medianoche del 27 de julio, pero la orden de Reyes de esta semana era el paso administrativo final necesario para levantar la protección temporal que ella misma había impuesto meses atrás mientras avanzaba una demanda presentada por cinco ciudadanos haitianos. Con el fin oficial del programa, los permisos de trabajo asociados a las categorías A12 y C19 dejaron de tener validez, y quienes se acogían a esa protección y no cuenten con otro estatus migratorio o alguna forma de amparo legal quedan expuestos a procesos de deportación por parte de ICE, agencia que según CBS News ya se preparaba desde el mes pasado para intensificar arrestos de ciudadanos haitianos en cuanto expirara la protección.

El impacto económico de esta población es un dato que distintas organizaciones han documentado con cifras concretas. Según un análisis de FWD.us, una organización de política migratoria que respalda el TPS para haitianos, cerca de 190,000 personas con esta protección estaban empleadas a comienzos de 2025, aportando un estimado de 5,900 millones de dólares a la economía estadounidense y pagando 1,600 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales. Son cifras que dan una dimensión concreta al golpe económico que representaría, tanto para las comunidades haitianas como para las economías locales donde estas familias trabajan, una ola significativa de deportaciones o de salida forzosa del mercado laboral formal.

En el Congreso, todavía existe una vía legislativa —aunque estancada— que podría revertir parcialmente esta decisión judicial. El proyecto de ley H.R. 1689 busca extender el TPS haitiano hasta enero de 2029, y fue aprobado por la Cámara de Representantes en abril con un margen de 224 votos a favor y 204 en contra, con respaldo bipartidista puntual. Sin embargo, el proyecto permanece bloqueado en el Senado, sin que exista hasta el momento una fecha clara para su votación, en medio de una agenda legislativa ya saturada con la resolución de gasto público y la presión de la Casa Blanca por la Ley SAVE America que hemos venido cubriendo esta semana.

Organizaciones de derechos civiles ya reportan efectos tangibles y medibles en las comunidades haitianas del país incluso antes de que se materialicen las deportaciones masivas: familias que evitan salir de sus casas por temor a un encuentro con ICE, cancelación de actividades agrícolas y educativas que dependían de trabajadores haitianos, y una caída notable en la asistencia a servicios religiosos y eventos comunitarios en barrios con alta concentración de población haitiana, como Little Haiti en Miami o secciones de Brooklyn, Nueva York. Los abogados que representan a los demandantes originales del caso, mientras tanto, continúan buscando pruebas adicionales que puedan sostener el argumento de discriminación racial en una futura instancia legal, aunque el camino judicial inmediato para revertir la decisión ya se agotó con el fallo de esta semana.

Este caso se suma a una lista creciente de designaciones de TPS que la administración Trump ha terminado desde su regreso al poder, en un patrón que ya afectó directamente a la comunidad venezolana: la designación de 2023 para Venezuela fue cancelada en febrero de 2025 y ratificada por la propia Corte Suprema en mayo de ese mismo año, mientras que la designación de 2021, con más beneficiarios, se extendió algo más gracias a distintas órdenes judiciales antes de terminar formalmente en noviembre de 2025. En conjunto, más de 600,000 venezolanos llegaron a depender del TPS en algún momento, según cifras citadas por Univision —una cifra que, sumada a los casi 350,000 haitianos afectados por esta nueva decisión, da una idea de la escala total de personas que han perdido esta forma específica de protección migratoria durante el actual mandato.

El contexto en Haití, el país receptor de estas eventuales deportaciones, agrava la dimensión humanitaria del caso. Haití continúa atravesando una crisis de seguridad e institucionalidad severa, con pandillas armadas controlando amplias zonas de la capital Puerto Príncipe y desplazando a cientos de miles de personas dentro del propio país, según reportes de organismos humanitarios internacionales. Es precisamente esa inestabilidad —sumada a los desastres naturales recurrentes que ha sufrido la isla en los últimos años— la que originalmente justificó la designación del TPS para los haitianos que huyeron en los últimos años, lo que hace que el argumento de fondo detrás de la extensión propuesta en el Congreso no sea solo económico, sino también una pregunta directa sobre qué tan seguro es, en la práctica, enviar de vuelta a decenas de miles de personas a un país que sigue sin resolver la crisis que las hizo salir en primer lugar.

Por qué esto importa para la comunidad hispana en Estados Unidos: aunque esta decisión afecta directamente a la comunidad haitiana, su lógica legal es la misma que ya se aplicó para poner fin al TPS de otros países, incluyendo Venezuela, y establece un precedente judicial claro: una vez que la Corte Suprema determinó que los tribunales federales no pueden revisar las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional sobre TPS, cualquier otra designación de protección temporal —presente o futura, para cualquier nacionalidad— queda con muchísimo menos margen de defensa legal ante una cancelación futura. Para las comunidades hispanas que dependen de este mismo mecanismo de protección, el caso haitiano es una muestra concreta de qué tan rápido y con qué escaso margen de maniobra judicial se puede terminar un programa del que dependen, en algunos casos, cientos de miles de personas y las economías locales donde trabajan.