El Senado de Estados Unidos aprobó, con un respaldo abrumador de 90 votos a favor y solo 6 en contra, una resolución provisional para mantener el financiamiento del gobierno federal hasta el 11 de diciembre, en la última gran votación antes de que los legisladores partieran a un receso de cinco semanas. La medida busca evitar un tercer cierre de gobierno en poco más de un año, justo antes de que arranque la recta final de campaña hacia las elecciones de mitad de mandato de noviembre. El problema es que esa amplia mayoría bipartidista en el Senado no garantiza absolutamente nada en la Cámara de Representantes, donde republicanos y demócratas llegan con posiciones distintas y un choque pendiente que podría resolverse —o explotar— recién a finales de agosto.
La resolución aprobada por el Senado mantiene el financiamiento del gobierno a los niveles actuales, con varias excepciones específicas, durante seis semanas más allá del 30 de septiembre, fecha en la que técnicamente vence el año fiscal. Para lograr ese respaldo casi unánime, los líderes republicanos del Senado —donde se necesita un umbral de 60 votos para aprobar la mayoría de la legislación— optaron deliberadamente por un enfoque bipartidista, reconociendo que necesitaban el apoyo demócrata para que la medida avanzara sin contratiempos. La senadora republicana Susan Collins, de Maine, presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, celebró públicamente el acuerdo por evitar cualquier cláusula que pudiera considerarse perjudicial para ninguno de los dos bandos.
Los demócratas, por su parte, destacaron como un logro concreto de la negociación una disposición que cierra un vacío legal que había impedido al gobierno transferir fondos a la Patrulla Fronteriza, después de que esa agencia se negara a financiar operaciones este año. Es un detalle técnico, pero con consecuencias prácticas directas sobre el funcionamiento de una de las agencias con mayor peso en la vida cotidiana de las comunidades fronterizas e inmigrantes del país.
El verdadero punto de fricción, sin embargo, está en lo que ocurrirá cuando el proyecto de ley llegue a la Cámara de Representantes. Antes de irse también a receso este mes, la Cámara —controlada por una estrecha mayoría republicana— ya había aprobado su propia resolución provisional, que igualmente financiaría al gobierno hasta diciembre, pero impulsada casi exclusivamente por votos republicanos y con fuerte oposición demócrata. Es decir: ambas cámaras dicen coincidir en el objetivo general —evitar un cierre de gobierno hasta diciembre— pero llegaron a ese objetivo por caminos políticamente muy distintos, y ahora tienen que reconciliar dos versiones que no son iguales.
La disposición concreta que amenaza con complicar todo el proceso es una cláusula incluida en el proyecto del Senado que impide, de forma temporal, que funcionarios designados políticamente dentro del gobierno implementen una regla propuesta sobre subvenciones federales. Los demócratas advirtieron que, sin esa restricción, la administración tendría margen para cancelar subvenciones federales y “retener aún más los fondos” destinados a distintos programas, y por eso insistieron en incluir la prohibición —aunque solo de forma temporal, ya que buscaban una prohibición permanente que no lograron. El problema es que esa misma cláusula, incluso en su versión temporal, podría hacer que la medida pierda apoyo entre los republicanos de la Cámara cuando llegue el momento de votarla, según reportó CBS News.
Todo depende, en última instancia, de una decisión que le corresponde tomar a Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes: si decide impulsar directamente el proyecto de ley tal como salió del Senado, probablemente pueda contar con el apoyo demócrata necesario para aprobarlo, incluso si eso genera fricción dentro de su propia bancada. Pero está por verse si la presión de los sectores más conservadores de su partido lo empuja, en cambio, a tomar una ruta distinta y renegociar el acuerdo desde cero, con el riesgo de reabrir toda la discusión a semanas del vencimiento del plazo fiscal.
La Cámara de Representantes tiene programado su regreso del receso para el 31 de agosto, lo que deja apenas unas pocas semanas de margen real para que ambas cámaras logren pactar una versión final antes del 30 de septiembre. Es, sin embargo, un contexto distinto al de los cierres de gobierno anteriores: después de dos cierres sin precedentes en los últimos doce meses, el interés de gran parte de los legisladores —de ambos partidos— por repetir esa experiencia parece genuinamente escaso. Con las elecciones de mitad de mandato cada vez más cerca, tanto republicanos como demócratas parecen inclinados, por ahora, a posponer cualquier disputa mayor que pudiera perjudicarlos electoralmente en noviembre.
Por qué esto importa para la comunidad hispana: un cierre de gobierno no es un dato abstracto de Washington —afecta directamente el pago de empleados federales, la operación de agencias migratorias, los programas de asistencia social y hasta los trámites consulares y de inmigración que dependen de que el gobierno siga funcionando con normalidad. La cláusula sobre la Patrulla Fronteriza que los demócratas lograron incluir, y el debate sobre subvenciones federales que ahora amenaza con complicar el acuerdo en la Cámara, son ejemplos concretos de cómo estas negociaciones presupuestarias, por técnicas que parezcan, terminan definiendo con qué recursos operan las agencias que más impactan a millones de familias inmigrantes y de bajos ingresos en todo el país.