La administración Trump publicó hoy una propuesta de regulación formal que cobraría a los empleadores 103,265 dólares por cada solicitud de visa H-1B, el programa que permite contratar temporalmente a trabajadores extranjeros altamente calificados. Según el propio documento, citado por The Washington Post, los ingresos de esta tarifa se destinarían a financiar el sistema de inmigración legal, incluidos los tribunales federales de inmigración.

Un segundo intento, tras el fracaso legal del primero

Este nuevo intento llega apenas dos meses y medio después de que el juez federal Leo Sorokin, del Distrito de Massachusetts, anulara en junio la tarifa original de 100,000 dólares que Trump había impuesto mediante una proclamación presidencial en septiembre pasado. En una decisión de 42 páginas, Sorokin determinó que ese cobro funcionaba como un impuesto, y que “el presidente no tenía poder ni autoridad delegada para imponer un impuesto sobre las peticiones H-1B” sin que el Congreso lo autorizara expresamente. El fallo, que benefició a una veintena de estados liderados por demócratas que habían demandado a la administración, representó uno de los reveses judiciales más contundentes contra la política migratoria de Trump hasta ese momento.

La diferencia clave: esta vez pasa por el proceso regulatorio formal

A diferencia del primer intento —una proclamación presidencial unilateral que el tribunal consideró un exceso de autoridad—, esta segunda tarifa se presenta como una propuesta de regulación formal, sujeta presumiblemente al proceso estándar de comentarios públicos antes de su implementación final. Es un cambio de estrategia legal evidente: al pasar por el canal regulatorio tradicional en lugar de una orden ejecutiva directa, la administración busca blindar la medida frente a exactamente el mismo tipo de impugnación judicial que tumbó su primer intento.

El argumento de fondo que sostiene la administración

Según reportó el propio Washington Post, el presidente sostiene que el programa de contratación de trabajadores extranjeros calificados “ha sido usado para quitarle empleos a los estadounidenses” —el mismo argumento central que ya había esgrimido el secretario de Comercio, Howard Lutnick, al justificar la tarifa original: que las grandes empresas tecnológicas debían “dejar de capacitar” trabajadores extranjeros y priorizar la contratación de personal estadounidense. Las visas H-1B, aunque asociadas mayoritariamente con el sector tecnológico, también se usan en medicina, ingeniería, investigación y agricultura especializada, dentro de un límite anual de 65,000 visas más 20,000 adicionales para quienes obtuvieron maestría o grado superior en instituciones estadounidenses.

Por qué esto importa para la comunidad hispana en Estados Unidos: aunque la mayoría de los solicitantes de visas H-1B provienen de países asiáticos, un número significativo de profesionales latinoamericanos altamente calificados —médicos, ingenieros, investigadores— dependen de este mismo programa para trabajar legalmente en Estados Unidos. Una tarifa de más de 100,000 dólares por solicitud, si finalmente logra sortear el escrutinio judicial esta segunda vez, encarecería drásticamente la contratación de ese talento específico, con el potencial de reducir las oportunidades disponibles para profesionales hispanos calificados que hoy consideran esta vía como su principal camino legal hacia el mercado laboral estadounidense.