Una jueza federal de Manhattan anuló el viernes la prohibición de visados de inmigrante que la administración Trump había impuesto en enero a ciudadanos de 75 países, al determinar que la medida era “manifiestamente ilegal” y que el secretario de Estado, Marco Rubio, excedió la autoridad que le confiere la ley. La jueza Jeannette Vargas, del Distrito Sur de Nueva York, emitió una sentencia de 61 páginas que representa uno de los reveses más contundentes hasta ahora contra la política migratoria de la actual administración.

Una prohibición que afectaba a casi el 40% de los países del mundo

La política, anunciada en enero, suspendía el procesamiento de visas de inmigrante para 75 países —incluidos varios latinoamericanos como Colombia, Brasil y Haití, además de Egipto, Somalia, Rusia, Afganistán e Irán—. El Departamento de Estado había justificado la medida argumentando que buscaba evitar la llegada de inmigrantes que pudieran convertirse en una “carga pública”, basándose en datos del Consejo de Asesores Económicos que identificaban países donde más del 30% de los hogares inmigrantes recibían algún tipo de asistencia pública. La prohibición afectaba específicamente a quienes buscaban reunificación familiar o visas de trabajo permanente, sin aplicar a visitantes o titulares de visas de corto plazo.

El razonamiento legal detrás del fallo

La jueza Vargas cuestionó directamente la justificación del Departamento de Estado, determinando que, en la práctica, se había ordenado a los funcionarios consulares rechazar visas de solicitantes basándose únicamente en su país de origen, incluso cuando esos mismos solicitantes podían demostrar capacidad de mantenerse por sí mismos. Según explicó la propia jueza, la ley exige que cualquier determinación sobre “carga pública” se haga mediante una evaluación individualizada de las finanzas, la edad, la salud, las habilidades y la situación familiar de cada persona —no mediante una exclusión general por nacionalidad—. El fallo no solo bloquea la política hacia adelante, sino que revoca cualquier denegación de visa que se haya basado exclusivamente en esta prohibición, lo que podría obligar a revisar miles de solicitudes ya resueltas.

Quiénes demandaron, y la única victoria parcial de la administración

Entre los demandantes figuraban seis ciudadanos estadounidenses que habían presentado peticiones familiares y denunciaron que la prohibición impedía a sus parientes en Ghana, Jamaica, Guatemala y Etiopía obtener visas, además de cinco colombianos que habían solicitado visas de trabajo. La administración Trump sí logró una victoria en un punto específico: la jueza coincidió en que la política no era el tipo de norma formal que debía someterse a consulta pública antes de implementarse. El Departamento de Estado respondió que el gobierno “protege al pueblo estadounidense al mantener los más altos estándares de revisión y verificación de los solicitantes de visas”, y que no comentaría sobre litigios en curso.

Por qué esto importa para la comunidad hispana en Estados Unidos: este fallo se suma a una serie de reveses judiciales que la administración Trump ha enfrentado este año en materia migratoria, y beneficia directamente a familias hispanas de países como Colombia y Haití que llevaban meses con procesos de reunificación familiar o visas de trabajo suspendidos sin ninguna evaluación individual de su caso. Para las miles de familias que esperaban reencontrarse con un familiar bajo este mecanismo, la decisión de la jueza Vargas representa una posibilidad concreta de que esas solicitudes vuelvan a procesarse, aunque es previsible que la administración apele el fallo en las próximas semanas.