Más de 175 integrantes de la organización estadounidense Veteranos por la Paz reafirmaron este miércoles su respaldo a Cuba durante una convención celebrada en Estados Unidos, en la que además manifestaron su oposición a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a las deportaciones de trabajadores migrantes impulsadas por el gobierno de Trump. La organización, que cuenta con unos 150 capítulos en todo el territorio estadounidense, aprobó durante el encuentro una declaración formal que rechaza las acusaciones que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha dirigido tanto contra el gobierno cubano como contra activistas de paz estadounidenses que mantienen vínculos de solidaridad con la isla.

La declaración de Veteranos por la Paz llega en un momento de escalada notable en la retórica oficial de Washington hacia Cuba. Como documentamos hace unos días, Estados Unidos elevó recientemente a la isla a la categoría de “Prioridad 1” dentro de su Marco Nacional de Prioridades de Inteligencia, colocándola junto a China, Rusia e Irán, mientras Díaz-Canel y Raúl Castro reforzaban su seguridad personal ante el temor a una operación similar a la que terminó con la captura de Maduro en Venezuela. El propio Rubio ha sido, en las últimas semanas, la voz más visible de esa presión, incluyendo la publicación de un extenso documento del Departamento de Estado que acusó a La Habana de haber “entrenado a terroristas” e infiltrado al propio gobierno estadounidense durante décadas.

Que una organización de veteranos militares estadounidenses —no un grupo de activistas sin vínculo con las fuerzas armadas del país— tome una posición pública tan explícita en contra de la política oficial de su propio gobierno hacia Cuba añade una capa de complejidad a la narrativa de unanimidad que Washington suele proyectar en estos temas. Veteranos por la Paz ha mantenido históricamente posiciones críticas hacia distintas intervenciones militares y políticas de sanciones estadounidenses, y su convención de este año amplió esa postura hacia otros temas de política exterior, incluyendo su respaldo declarado a Palestina en el conflicto en curso en Gaza.

La combinación de temas abordados durante la convención —Cuba, Palestina, y las redadas de ICE dentro del propio territorio estadounidense— refleja cómo, para ciertos sectores del activismo pacifista en Estados Unidos, la política exterior hacia países como Cuba y la política migratoria interna se leen como parte de la misma matriz de políticas de mano dura que caracteriza a la administración actual, más que como temas separados sin relación entre sí.

Por qué esto importa para la diáspora cubana en Estados Unidos: la existencia de voces organizadas dentro de la propia sociedad estadounidense que cuestionan públicamente la estrategia de máxima presión hacia Cuba es un dato relevante para cualquier diáspora que sigue de cerca hacia dónde se dirige la política de Washington hacia la isla. No representa un cambio de política oficial —el propio gobierno mantiene su postura sin matices—, pero sí confirma que la narrativa sobre Cuba dentro de Estados Unidos no es monolítica, y que existen sectores, incluso dentro de comunidades tradicionalmente vinculadas a las fuerzas armadas del país, dispuestos a manifestar públicamente su desacuerdo con el rumbo actual de esa política.