El gobierno cubano inauguró esta semana en la capital de la isla, La Habana, una asamblea internacional con 400 organizaciones provenientes de 25 países distintos, bajo el lema “Por el socialismo, cien años caminando con Fidel”, en homenaje al centenario del nacimiento de Fidel Castro. El evento, que reúne a unos 188 delegados extranjeros vinculados a la red ALBA Movimientos, se extiende hasta este sábado 8 de agosto, y busca proyectar hacia el exterior una imagen de solidaridad internacional activa con el proyecto político cubano, siete meses después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en Venezuela y en un momento de presión diplomática y económica sostenida sobre la isla, agravada esta misma semana por los reiterados colapsos del sistema eléctrico nacional que documentamos días atrás.

El centenario de Fidel Castro —que se cumple este año, ya que el histórico líder cubano nació el 13 de agosto de 1926— se ha convertido en un eje de propaganda estatal particularmente cargado de simbolismo para el gobierno de Miguel Díaz-Canel. Reunir a 25 países distintos bajo una misma consigna en La Habana es, en la práctica, un ejercicio de proyección de poder blando: una demostración de que, pese al aislamiento diplomático y las sanciones que enfrenta la isla, el chavismo cubano todavía puede convocar a una red internacional de organizaciones afines dispuestas a viajar hasta la capital cubana y respaldar públicamente su narrativa.

El contraste con la realidad interna que atraviesa el país en este mismo momento es, sin embargo, difícil de ignorar. Esta misma semana, como ya cubrimos en detalle, el Sistema Eléctrico Nacional cubano sufrió su séptimo colapso total del año —el sexto y el séptimo ocurrieron con apenas 24 horas de diferencia entre sí—, dejando a millones de cubanos sin electricidad durante horas o días. Mientras cientos de delegados internacionales eran recibidos con honores oficiales para conmemorar el legado de Fidel Castro, buena parte de la población cubana pasaba esos mismos días luchando por mantener alimentos refrigerados y cargar sus teléfonos con la ayuda de vecinos, en una rutina que se ha vuelto casi cotidiana a lo largo de 2026.

El propio Primer Ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz, en paralelo a estos mismos eventos internacionales, se presentó ante la Asamblea Nacional del Poder Popular para destacar “la calidad, celeridad y profundidad” de las transformaciones económicas que, según él, se están implementando en el país. Es un discurso institucional que convive, en la misma semana y en las mismas páginas de los medios estatales cubanos, con reportes técnicos sobre déficits de generación eléctrica que llegan a superar los 2,300 megavatios en horario pico —una brecha que representa, en términos prácticos, apagones para más del 70% del territorio nacional durante las horas de mayor demanda.

Medios internacionales que cubren la isla de forma constante, como Reuters y AFP, han documentado en los últimos meses cómo la combinación de crisis energética y eventos de proyección política se ha convertido en un patrón recurrente durante 2026, más que en una coincidencia puntual de esta semana en particular.

Este tipo de eventos de solidaridad internacional no son nuevos para el gobierno cubano, pero sí cobran un peso simbólico adicional en el contexto actual. Cuba enfrenta desde hace meses una ofensiva diplomática y judicial sostenida por parte de Washington, que incluye la imputación criminal contra el propio Raúl Castro por el derribo de dos avionetas civiles en 1996, además de sanciones económicas que el gobierno cubano atribuye directamente a la crisis energética que atraviesa la isla. En ese contexto, convocar a 400 organizaciones de 25 países para reafirmar la vigencia del proyecto socialista cubano funciona como un contrapeso narrativo deliberado: mientras Estados Unidos escala la presión legal y económica, La Habana responde proyectando una red de apoyo internacional que, aunque no resuelve ninguno de los problemas estructurales del país, sí le permite al gobierno sostener el relato de que no está tan aislado como sugieren las sanciones y los titulares sobre apagones.

Para los organizadores del evento, la fecha no es casual: el centenario de una figura tan central para la identidad política cubana ofrece una oportunidad única de reunir a una generación de simpatizantes internacionales del socialismo latinoamericano que, en muchos casos, se formó políticamente bajo la influencia directa del legado de Fidel Castro. Esa dimensión generacional —convocar no solo a gobiernos aliados, sino a movimientos sociales y organizaciones de base en 25 países— es parte de lo que distingue a esta asamblea de una cumbre diplomática convencional entre Estados.

Este patrón de eventos internacionales de gran escala mientras la infraestructura interna colapsa no es exclusivo de esta semana. A lo largo de 2026, el gobierno cubano ha sostenido una agenda diplomática activa —desde la reactivación de relaciones consulares con países como República Dominicana y Perú hasta la participación constante en foros multilaterales como el Consejo de Seguridad de la ONU, donde Cuba reafirmó recientemente su posición sobre Oriente Medio— incluso mientras enfrentaba, en paralelo, la crisis energética más severa de las últimas décadas. Esa capacidad de sostener dos frentes completamente distintos de la política estatal —proyección internacional activa y gestión doméstica en crisis permanente— es, para varios analistas cubanos consultados por medios independientes como 14ymedio y CiberCuba, una de las características más consistentes de cómo el régimen ha administrado su supervivencia política a lo largo de años de dificultades económicas acumuladas.

La elección de La Habana como sede, y no otra ciudad latinoamericana con mejores condiciones logísticas actuales, tampoco es casual. Recibir a 400 organizaciones y cientos de delegados extranjeros exige una infraestructura hotelera, de transporte y de seguridad considerable —precisamente el tipo de capacidad operativa que la propia crisis energética del país pone en entredicho cada vez que ocurre un colapso nacional del sistema eléctrico. Que el gobierno haya optado, aun así, por sostener el evento en la capital cubana en lugar de reubicarlo o reducir su escala, reafirma cuánto peso simbólico le atribuye Díaz-Canel a mantener a La Habana como escenario físico del centenario de Fidel Castro, incluso al costo de una logística visiblemente más compleja en medio de la crisis actual.

Por qué esto importa para la diáspora cubana en Estados Unidos: la capacidad del régimen cubano para movilizar recursos diplomáticos, logísticos y mediáticos en función de eventos de proyección internacional, mientras la infraestructura básica del país sigue colapsando semana tras semana, es exactamente el tipo de contraste que alimenta el escepticismo de la diáspora sobre las prioridades reales de La Habana. Para quienes envían remesas o mantienen vínculos familiares directos con la isla, ver que el aparato político-diplomático del gobierno sigue funcionando con total normalidad para sus propios fines de legitimación internacional, mientras la vida cotidiana de millones de cubanos depende de si hay o no electricidad ese día, es un recordatorio de que la distancia entre el relato oficial y la experiencia real en la isla sigue siendo, si acaso, cada vez más amplia.