Más de 95 organizaciones de la sociedad civil, junto a la Asociación Multicultural de Activistas “Voz y Expresión” (Amavex), exigieron incorporar a los 7,8 millones de migrantes venezolanos en cualquier proceso de diálogo, transición política y reinstitucionalización democrática del país, según reportó El Nacional. Las organizaciones demandaron además la apertura inmediata del Registro Electoral fuera del territorio nacional.

La magnitud del problema, en cifras

El documento presentado por las organizaciones dimensiona el desafío con una cifra reveladora: cerca de 7,8 millones de venezolanos viven fuera del país, de los cuales aproximadamente 5 millones son mayores de edad y, por tanto, elegibles para votar. Pese a ese universo, apenas 69,211 electores en el extranjero quedaron habilitados para participar en la elección presidencial de 2024, lo que representa alrededor de 1,4% del total de adultos venezolanos residentes fuera del territorio nacional.

El caso de Estados Unidos, calificado de “especial gravedad”

El documento señala particularmente la situación de Estados Unidos como un caso de exclusión especialmente severo. Alrededor de 37,000 venezolanos previamente inscritos fueron excluidos del registro electoral preliminar en 2024 debido a la ausencia de relaciones diplomáticas bilaterales entre ambos países, una circunstancia que, según las propias organizaciones, no figura entre las causales legales de exclusión establecidas en el artículo 34 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales.

La conexión directa con la noticia de hoy

Este reclamo adquiere una relevancia particular a la luz de lo que documentamos en otra nota de hoy: el Departamento de Estado confirmó el restablecimiento formal de relaciones diplomáticas y consulares con Venezuela, habilitando la reapertura progresiva de sedes consulares en territorio estadounidense. Si la exclusión de esos 37,000 electores se debió, según las propias organizaciones firmantes, a la ausencia de relaciones diplomáticas, la normalización que se confirmó esta semana podría convertirse en la vía formal para resolver precisamente esa causa de exclusión, aunque todavía no existe ningún anuncio oficial que garantice ese resultado.

Lo que piden exactamente las organizaciones

Entre las medidas concretas que plantean los firmantes del documento destacan cuatro puntos: la apertura inmediata y permanente del Registro Electoral en el exterior; la aceptación de la cédula de identidad venezolana, vigente o vencida, y del pasaporte como documento alternativo de identificación; el reconocimiento de los distintos regímenes de permanencia legal que los migrantes tienen en sus países receptores; y la publicación de requisitos únicos y transparentes para las sedes consulares, con el objetivo explícito de impedir decisiones discrecionales entre unas y otras.

Por qué el reconocimiento de documentos vencidos es una demanda central

El punto sobre aceptar cédulas vencidas merece una explicación, porque no es un detalle menor para la diáspora. Miles de venezolanos en el exterior llevan años sin poder renovar su documentación de identidad a través de los canales consulares tradicionales, precisamente por la falta de servicios consulares plenos durante el período de ruptura diplomática. Exigir que se acepte la cédula vencida es, en la práctica, reconocer que ese obstáculo administrativo no debería convertirse en una barrera adicional para ejercer el derecho al voto.

El contexto político más amplio

Esta exigencia se produce en medio de un proceso de negociación entre el gobierno interino y la oposición que, según ha sido reportado, arrancó formalmente en agosto de este año, con el objetivo declarado de avanzar hacia una elección presidencial libre y transparente. Que 95 organizaciones coincidan en plantear esta demanda de forma conjunta sugiere que la inclusión de la diáspora en ese proceso no es un tema marginal dentro de la negociación, sino una condición que amplios sectores de la sociedad civil consideran indispensable para la legitimidad de cualquier resultado electoral futuro.

Para los millones de venezolanos que siguen esta negociación desde fuera del país, la pregunta que queda planteada es directa: ¿la restauración de relaciones diplomáticas que documentamos hoy se traducirá, en los próximos meses, en un padrón electoral que finalmente refleje el tamaño real de la diáspora venezolana, o seguirá siendo, como hasta ahora, una fracción mínima del universo de electores que vive fuera del país?