El Servicio Nacional de Migraciones de Chile (SERMIG) firmó hoy una resolución que revoca formalmente la Circular N.° 10 del 16 de agosto de 2024 —el instructivo especial que regía desde entonces la gestión de trámites migratorios de venezolanos ante la falta de representación consular de Venezuela en Chile—. El propio documento, firmado por el director nacional Frank Sauerbaum Muñoz, justifica la revocación explícitamente “en el contexto de la reanudación de la relación consular con la República de Venezuela”.
Esta resolución es, en la práctica, la confirmación administrativa de un anuncio diplomático que ya habíamos seguido de cerca: el pasado 6 de agosto, los gobiernos de Chile y Venezuela formalizaron en Caracas el restablecimiento oficial de sus relaciones consulares, tras casi dos años de ruptura provocada por el cuestionamiento del entonces gobierno de Gabriel Boric a los resultados electorales venezolanos de 2024. El acuerdo lo sellaron el director general de Asuntos Consulares chileno, Hernán Núñez, y el viceministro venezolano para América Latina, Mauricio Rodríguez, con la presencia del canciller Félix Plasencia.
Lo que esto significa en la práctica para la comunidad
El acuerdo diplomático busca reactivar la atención y tramitación de documentos para más de 700,000 venezolanos residentes en Chile y unos 25,000 chilenos que viven en Venezuela, según cifras citadas en su momento por 24 Horas. Entre los trámites que se espera vuelvan a operar con normalidad están la renovación y bloqueo de pasaportes, la obtención o actualización de cédulas de identidad, y la inscripción de nacimientos y matrimonios —gestiones que durante casi dos años solo pudieron resolverse, cuando fue posible, a través de mecanismos administrativos alternativos como la propia Circular N.° 10 que hoy quedó sin efecto.
El otro lado de esta reactivación: las deportaciones
Vale la pena ser transparentes sobre un matiz importante que acompaña esta noticia positiva. El propio presidente José Antonio Kast ha sido explícito en vincular la reactivación de los lazos consulares con Venezuela a su agenda migratoria interna: según reportó Cibao Noticias, Kast destacó que la reapertura consular es “esencial” para avanzar en el procesamiento de más de 75,000 órdenes de expulsión pendientes en Chile, de las cuales más de la mitad corresponden a ciudadanos venezolanos. Sin una representación consular venezolana operativa, resulta legalmente mucho más difícil ejecutar una deportación, ya que el país receptor generalmente exige documentación consular para aceptar el regreso de sus propios nacionales. Es decir: el mismo mecanismo que facilita que un venezolano en Chile pueda renovar su pasaporte con normalidad, es también el que facilita que Chile pueda deportarlo con mayor rapidez si así lo decide.
Por qué esto importa para la diáspora venezolana: para las más de 700,000 personas venezolanas que hoy viven en Chile, esta reactivación consular representa, sin duda, un alivio administrativo real después de casi dos años sin poder resolver trámites básicos de identidad y documentación. Pero el propio contexto en el que Kast enmarca esta medida —como pieza clave para acelerar decenas de miles de expulsiones pendientes— es un recordatorio de que, en la política migratoria actual, incluso los avances que benefician directamente a la comunidad migrante pueden estar entrelazados con objetivos de control y deportación que corren en sentido contrario a los intereses de esa misma comunidad.