El Servicio Nacional de Migraciones de Chile (SERMIG) anunció esta semana la implementación del trámite de Habilitación Laboral, una nueva herramienta digital disponible en su Portal de Trámites Digitales que permite verificar en cuestión de minutos si una persona extranjera está autorizada para desarrollar actividades remuneradas en el país. El certificado es completamente gratuito, y se obtiene ingresando al portal —con cuenta ya creada o registrándose por primera vez— y seleccionando la opción “Consulta de Habilitación Laboral”. El sistema realiza la validación en el momento y, en caso de ser exitosa, emite el certificado con un código QR que el empleador puede escanear para verificar el estado de la habilitación de forma rápida y segura.

Vale la pena decirlo sin rodeos: esta herramienta no está pensada para ayudar a quien todavía no tiene papeles a conseguir trabajo. Está pensada para lo contrario —para que sea mucho más fácil detectar, en segundos, a quien ya está trabajando sin la autorización correspondiente—. El propio SERMIG identificó el problema que busca resolver a través de un cruce de información con la Superintendencia de Pensiones chilena: según explicó el director Frank Sauerbaum, “llegamos a establecer que en los últimos 4 años hay más de 232 mil personas que han cotizado y trabajado sin tener los permisos respectivos”. Es decir, personas que sí estaban aportando formalmente a la seguridad social, sí pagaban impuestos, sí generaban actividad económica real para el país —pero que, por no contar con el permiso migratorio correcto, quedan del lado equivocado de esta nueva herramienta. El mismo informe detectó que más de 40,000 empresas y personas naturales en Chile han contratado trabajadores extranjeros sin que estos contaran con la autorización correspondiente, concentrados principalmente en agroindustria, gastronomía, comercio y construcción.

¿Es obligatorio que el empleador lo pida?

No hay ningún anuncio oficial que indique que solicitar este certificado sea ahora un requisito legal obligatorio para contratar. Lo que sí es obligación legal desde hace tiempo, bajo la Ley de Migración y Extranjería (21.325), es que el propio trabajador cuente con autorización vigente para desarrollar actividades remuneradas —y que el empleador que contrata a alguien sin esa autorización se expone a multas—. Lo que cambia con esta herramienta no es la ley, sino qué tan fácil es comprobarla: antes, un empleador podía alegar desconocimiento razonable sobre el estatus migratorio real de quien contrataba; ahora, con una consulta gratuita de minutos, esa excusa se vuelve mucho más difícil de sostener.

Dicho eso, es poco probable que la mayoría de los empleadores adopten este trámite por iniciativa propia, sobre todo en los mismos sectores que el propio informe de SERMIG identificó como los de mayor informalidad —agroindustria, gastronomía, comercio, construcción—, donde la contratación informal muchas veces conviene económicamente a ambas partes en el corto plazo. Sin una obligación legal explícita de exigirlo, y sin fiscalización activa que lo haga cumplir, el certificado corre el riesgo de convertirse en una herramienta que existe, pero que la mayoría de los empleadores que hoy contratan de forma irregular simplemente no van a usar por voluntad propia —a menos que SERMIG respalde su lanzamiento con inspecciones reales, como la que ya documentó esta misma semana en los malls chinos de Rancagua.

“Nosotros esperamos que con esto vayamos terminando la irregularidad laboral en Chile, la informalidad que hoy día existe, y de esa manera también vayamos promoviendo el control migratorio que el presidente Kast nos ha solicitado”, declaró el propio director del organismo. La referencia directa al mandato del presidente José Antonio Kast conecta esta nueva herramienta con el conjunto más amplio de medidas migratorias que su gobierno ha venido implementando desde que asumió el cargo, entre ellas la eliminación de la vía rápida de visa humanitaria para niños migrantes que documentamos ayer en esta misma sección, y la nueva Agenda Contra el Crimen Organizado y Terrorismo presentada a comienzos de mes.

Una medida que golpea a quien ya está integrado, no a quien recién llega

Es importante ser precisos sobre a quién afecta realmente esta herramienta. No está dirigida a quien busca trabajo por primera vez sin papeles —a esa persona, un empleador informado simplemente no la contrata, con o sin certificado—. Está dirigida, en la práctica, a las 232,000 personas que el propio SERMIG ya identificó: quienes llevan meses o años trabajando, cotizando, aportando a la economía chilena de forma genuina, y que ahora quedan mucho más expuestas a perder ese trabajo apenas su empleador —o cualquier fiscalización— haga la consulta. Es una medida que no ofrece ninguna vía de regularización a cambio; solo hace más visible la irregularidad ya existente, sin resolver la causa de fondo que llevó a esas personas a trabajar sin el permiso correspondiente en primer lugar.

Para la numerosa comunidad venezolana en Chile —la mayor de Sudamérica fuera de Colombia, con más de 500,000 personas según cifras del propio Departamento de Extranjería y Migración— esta herramienta llega en un momento de particular sensibilidad migratoria, y es previsible que sea la comunidad más afectada dentro de ese universo de 232,000 personas. Como documentamos ayer, miles de venezolanos ya han decidido abandonar el país este año, y una parte importante de los que se quedan trabaja precisamente en los sectores que el propio informe de SERMIG identificó como los de mayor informalidad laboral —comercio, gastronomía y construcción—. Son, en su mayoría, personas que quieren trabajar honestamente, aportar con su esfuerzo y su actividad económica, y ser gente de bien en el país que los recibió; esta medida no les ofrece un camino para resolver su situación, solo les añade el riesgo real de que ese esfuerzo termine costándoles el trabajo de un día para otro.

Por qué esto importa para la diáspora venezolana: la introducción de un mecanismo de verificación tan accesible y rápido —consultable en minutos, de forma gratuita, por cualquier empleador que decida usarlo— reduce el margen de tolerancia que existía hasta ahora para la contratación informal de migrantes en Chile, sin ofrecer a cambio ninguna vía para que esas mismas personas regularicen su situación. Para los venezolanos que hoy trabajan en el país sin la autorización correspondiente, muchos de ellos cotizando y contribuyendo de forma genuina a la economía chilena, esta herramienta representa un riesgo adicional real, no una oportunidad. Es, en la práctica, una pieza más de una política migratoria que endurece el control sin abrir puertas, y que cada familia venezolana en Chile necesita entender bien para proteger su propia situación laboral en los próximos meses.