¿Debe Venezuela abandonar por completo el bolívar y adoptar el dólar como moneda oficial? ¿O la salida más sensata es reconocer y administrar mejor el sistema bimonetario que, en la práctica, ya funciona en las calles del país desde hace años?

Esa es la pregunta que reabrió, de golpe, un artículo exclusivo que la revista estadounidense Fortune publicó el pasado 20 de agosto. El texto presentaba al economista Steve Hanke, a quien Fortune describió como el “doctor del dinero”, como asesor de un diputado de la Asamblea Nacional. Su misión declarada: curar una hiperinflación que el propio Hanke calcula en 354% anual, la más alta del mundo.

Quién es el “doctor del dinero” y qué receta propone

Steve Hanke es profesor de Economía Aplicada en la Universidad Johns Hopkins, y uno de los economistas más reconocidos internacionalmente en materia de regímenes cambiarios y procesos de estabilización monetaria. No es la primera vez que su nombre se asocia a Venezuela. Según el propio reportaje de Fortune, esta sería la segunda vez que el país evalúa seriamente una receta suya, tres décadas después de rechazar su primer intento.

Su propuesta actual no es una dolarización parcial ni de transición. Implica una ley de dolarización plena que eliminaría por completo el bolívar como moneda de curso legal, y que además contempla la desaparición del propio Banco Central de Venezuela, con el objetivo declarado de impedir que cualquier gobierno futuro pueda volver a emitir dinero sin respaldo para financiar su gasto. Hanke estima entre 50% y 80% la probabilidad de que una ley en ese sentido logre aprobarse, apoyándose en encuestas que muestran que la mayoría de los venezolanos preferiría abandonar el bolívar.

El diputado que impulsa la propuesta

Detrás de esta iniciativa está el diputado Antonio Ecarri, del partido Lápiz, quien sostiene públicamente desde 2017 que “la dolarización es la vacuna contra la hiperinflación en Venezuela”. Ecarri resumió el argumento humano detrás de la propuesta técnica con una frase que vale la pena citar completa: “Venezuela ya está dolarizada de hecho. Pero quienes siguen cobrando en bolívares, que pierden valor todos los días, son nuestros maestros, enfermeros, trabajadores y pensionados. Ya basta”.

Es, en esencia, el argumento central de quienes defienden la dolarización plena: mantener el bolívar como moneda oficial, mientras la economía real ya funciona mayoritariamente en dólares, perjudica de forma desproporcionada a quienes menos capacidad tienen de protegerse de la devaluación. Empleados públicos, jubilados, trabajadores con salarios fijos en moneda nacional.

La reacción política: negación oficial y una investigación abierta

La publicación del artículo de Fortune desató una crisis política inmediata dentro de la propia Asamblea Nacional. Apenas un día después, el equipo de Ecarri aclaró que el diputado trabajaba con Hanke “a título personal”, no en representación institucional del Parlamento.

Ese mismo día, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, negó categóricamente que el Parlamento hubiera contratado a Hanke. Calificó la información como “descabellada” y “absurda”, y anunció una investigación formal sobre el origen de la noticia. Rodríguez fue más allá: retiró a Ecarri de la presidencia del Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-Estados Unidos, y lo acusó de posibles infracciones al Reglamento Interior de Debates y al artículo 318 de la Constitución, que establece al bolívar como la única unidad monetaria de la República. En una sesión previa, Rodríguez había calificado la propia idea de dolarizar como una “estupidez”.

Hanke, por su parte, confirmó directamente a El Diario que la información publicada por Fortune era precisa, dejando a la versión oficial de la Asamblea Nacional y a la del propio economista contratado en contradicción abierta.

La otra corriente académica: administrar el bimonetarismo, no eliminarlo

Frente a la propuesta de dolarización plena de Hanke, existe una corriente de pensamiento distinta entre varios de los economistas venezolanos que más han estudiado el fenómeno de cerca. Una alternativa con menos riesgos estructurales, aunque también con resultados menos inmediatos.

El economista venezolano Pedro Palma, en un artículo publicado en el Boletín Académico de Políticas Públicas de la Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE), argumentó que aunque la dolarización plena “puede parecer una solución seductora y expedita a corto plazo para erradicar la inflación y generar confianza, sus altos costos a largo plazo la convierten en una opción poco idónea para el país”. Palma señala dos costos concretos y permanentes: la pérdida definitiva de los ingresos públicos por señoreaje, el beneficio que obtiene un Estado al emitir su propia moneda, y la renuncia total a cualquier posibilidad de aplicar política cambiaria propia en el futuro.

Su propuesta alternativa es lo que él mismo denomina un “bimonetarismo bien administrado”: aceptar y regular formalmente la convivencia entre bolívares y dólares, en lugar de eliminar por completo la moneda nacional, mientras se reconstruye la confianza institucional necesaria para sostener cualquier sistema monetario a largo plazo.

La pregunta que ningún plan de dolarización responde todavía: ¿con qué dinero?

Hay un vacío en este debate que rara vez se discute con la misma intensidad que el signo monetario en sí: de dónde saldrían los recursos para liquidar los pasivos del Banco Central de Venezuela bajo cualquier esquema de dolarización plena, y qué prioridad tendría ese gasto frente a otras necesidades igual de urgentes.

El profesor Oswaldo Leal, docente de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) en Barquisimeto, aportó las cifras concretas de esa tensión: la crisis eléctrica venezolana, por sí sola, requiere una inversión estimada de 40,000 millones de dólares repartidos en cinco años para recuperar el sector. A eso se suma que el país apenas recibiría unos 30,000 millones de dólares vía ingresos petroleros en ese mismo período, de los cuales una parte considerable se pierde en el propio tipo de cambio, sin contar las deudas acumuladas que también compiten por esos mismos dólares. “Aquí hay que recuperar el 78% de la producción y todos los sectores son prioritarios”, advirtió Leal. Salud, educación y la propia industria petrolera reclaman, con el mismo grado de urgencia, una porción de un pastel de divisas que sencillamente no alcanza para todo a la vez.

Es exactamente el punto que resume, mejor que cualquier informe técnico, una simple pregunta: ¿tiene sentido dedicar una parte importante de esos recursos escasos a liquidar pasivos monetarios, mientras el país atraviesa una crisis eléctrica implacable? La respuesta no es sencilla, y ningún economista consultado se atreve a lanzar una cifra exacta de cuánto costaría realmente una dolarización plena, precisamente porque nadie cuenta todavía con las estadísticas completas para calcularlo con certeza.

Lo que sí parece cada vez más claro, como planteó el analista Román Sastre al discutir este mismo dilema, es que la política monetaria no puede decidirse de forma aislada del resto de las crisis que atraviesa el país. “Creo que hay que tener la estructura de un plan de rescate y a partir de ahí ver qué modelo monetario funciona mejor”, planteó Sastre. Su advertencia va más allá: “ante la falta de planes coherentes, integrales y bien pensados, lo que se va a terminar imponiendo son los peores planes posibles”.

Lo que dice la evidencia académica publicada sobre el caso venezolano

Más allá de las declaraciones públicas de los economistas involucrados, existe ya un cuerpo de investigación académica formal sobre este fenómeno específico en Venezuela.

Un estudio de 2019 de los investigadores Armando Urdaneta, Emmanuel Borgucci, Gracian Morán y Ronny Farinango, publicado en la Revista de Ciencias Sociales de la Universidad del Zulia, analizó el proceso de dolarización venezolano desde el enfoque de la demanda de dinero entre 1990 y 2015. El trabajo usó un modelo de regresión múltiple para entender cómo el consumo, la inversión y el nivel de riqueza empujaron a los venezolanos hacia el dólar mucho antes de que el fenómeno se volviera masivo y visible.

Un trabajo más reciente, publicado en 2024 en la Revista Innovación y Gerencia por la investigadora L. Navas, concluyó, tras consultar a cinco expertos en gerencia financiera mediante un enfoque cualitativo, que la dolarización venezolana actual es “unilateral”. Es decir, impulsada espontáneamente por los propios ciudadanos y empresas ante la pérdida de función del bolívar como unidad de cuenta y reserva de valor. Ese proceso ha convertido de hecho al sistema económico venezolano en un sistema bimonetario, sin que haya mediado ninguna decisión oficial de Estado.

El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) también ha documentado el fenómeno. Un estudio de 2022 del economista L. Zambrano, titulado “Dolarización y desdolarización, ¿un dilema en Venezuela?”, examinó las principales implicaciones macroeconómicas y de política económica de este proceso.

La comparación que más se repite: el modelo peruano

En un foro organizado por Analítica bajo el título “¿Conviene o no dolarizar?”, varios economistas coincidieron en un punto que va más allá de la disputa técnica entre dolarizar o no: el verdadero desafío de fondo no es el signo monetario que use el país, sino reconstruir instituciones, disciplina fiscal y confianza.

En ese mismo foro, el economista García defendió que la dolarización transaccional que ya existe en Venezuela no tiene sentido combatirla ni prohibirla, pero sí encauzarla legalmente hacia un esquema bimonetario formal similar al de Perú, con cuentas bancarias tanto en soles como en dólares, libertad plena de elección para los ciudadanos, y un Banco Central verdaderamente independiente que haya demostrado capacidad real de derrotar la inflación. La referencia no es casual: tanto Perú como Brasil atravesaron episodios de hiperinflación tan severos como el venezolano, y lograron estabilizar sus economías sin renunciar por completo a su moneda nacional, apoyándose en reglas fiscales estrictas y bancos centrales autónomos del poder político de turno.

Por qué esto importa para la diáspora venezolana: más allá de cuál posición técnica termine imponiéndose, este debate revela con crudeza que el bimonetarismo ya es la realidad cotidiana de millones de venezolanos, dentro y fuera del país. La pregunta de fondo no es si debe existir, sino si el Estado venezolano va a seguir ignorándolo institucionalmente mientras perjudica a quienes cobran en bolívares, o si finalmente va a construir un marco legal y económico serio alrededor de esa realidad, con un plan que responda también a la pregunta de con qué dinero se paga la transición. Ya sea mediante la dolarización plena que propone Hanke, o mediante el bimonetarismo administrado que defienden Palma y buena parte de la academia venezolana, el punto de encuentro entre ambas posiciones es el mismo: ningún esquema monetario, por sí solo, va a resolver la crisis venezolana sin instituciones sólidas, disciplina fiscal real y un banco central genuinamente independiente del poder político. Para la diáspora que envía remesas semana tras semana, y que ve a sus familiares atrapados entre un salario devaluado en bolívares y una economía que ya funciona en dólares a su alrededor, este no es un debate abstracto de economistas: es la diferencia entre que ese dinero enviado desde el exterior mantenga su valor real, o se diluya en un sistema que todavía no decide en qué moneda quiere vivir.