Dos madres venezolanas acudieron hoy a la oficina de la Misión Vuelta a la Patria en Caracas para exigir al Gobierno de Delcy Rodríguez respuestas sobre la retención de un grupo de 146 migrantes deportados desde Estados Unidos que fue trasladado a un hotel que colapsó durante los terremotos del pasado 24 de junio, sin que se conozca hasta ahora cuántos de ellos murieron. “No hubo un buen trato desde la recepción aquí en Venezuela, porque ellos fueron maltratados, porque le sacaron su documentación (…) eso es una detención indebida”, declaró Osvadeliz Núñez, madre de uno de los deportados, tras entregar un documento formal exigiendo explicaciones.

Lo que pasó ese día: el vuelo 164 y el Hotel El Santuario

El 24 de junio, un vuelo con 146 personas —120 hombres, 19 mujeres y 7 menores de edad, según ICE Flight Monitor, la iniciativa de Human Rights First que da seguimiento a estos vuelos— aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía como parte del programa Misión Vuelta a la Patria. Ese mismo día, la propia misión informó que los pasajeros habían sido recibidos “con dignidad, siguiendo todos los protocolos necesarios para asegurar un feliz reencuentro en nuestra nación”. Según relatan los familiares, los deportados fueron trasladados al Hotel El Santuario, en Macuto, estado La Guaira —una instalación ubicada dentro de un complejo del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)—, donde permanecerían mientras se completaban trámites administrativos, sanitarios y de seguridad. Horas después, dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron el centro-norte del país, y el edificio colapsó.

Las preguntas que las familias todavía no logran responder

Según reportó Univision, las familias denuncian que a los deportados les confiscaron sus teléfonos celulares y su documentación de identidad al llegar, y que permanecían encerrados bajo llave en el hotel como parte de lo que las autoridades venezolanas han descrito como un proceso de “triaje”. “Queremos saber por qué, dónde está escrito eso, dónde está el protocolo, dónde está el procedimiento de deportación y de repatriación entre EE.UU. y Venezuela, para saber por qué ellos estaban así”, cuestionó Núñez. Danielys, otra familiar citada por LaPatilla, relató que al buscar a su ser querido en la sede del SEBIN en Caracas, le informaron que estaba en “paradero desconocido” porque algunos deportados habían huido del edificio en el momento del sismo. Las familias se organizaron en un grupo de WhatsApp para acompañarse y presionar juntas por respuestas.

La postura de Washington: la responsabilidad terminó al aterrizar

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos declaró a CNN que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ya no era responsable de los deportados en el momento en que ocurrieron los terremotos, es decir, una vez que los pasajeros habían sido entregados a las autoridades venezolanas en el aeropuerto. Es una separación de responsabilidad que deja el vacío informativo actual exclusivamente en manos del Gobierno de Delcy Rodríguez, que hasta el momento no ha publicado un balance oficial de cuántas personas de este grupo específico murieron, resultaron heridas o permanecen sin localizar.

Una concentración más amplia, en camino

Según Infobae, un grupo más amplio de familiares convocó hoy mismo una concentración en Caracas para exigir al Gobierno respuestas y justicia por este caso específico, ampliando la presión que hasta ahora habían ejercido de forma individual madres como Núñez. Es una escalada en la exigencia pública, dos meses después de la tragedia, ante la ausencia persistente de una respuesta oficial detallada.

Por qué esto importa para la diáspora venezolana: este caso concentra, en una sola historia, dos de las tensiones más dolorosas que atraviesan hoy a las familias venezolanas separadas por la migración: el riesgo real que enfrentan quienes son deportados de regreso a un país en crisis, y la falta de rendición de cuentas de un gobierno que, según denuncian las propias familias, ni siquiera ha explicado por qué mantenía retenidos —con documentos y teléfonos confiscados— a un grupo de deportados sin antecedentes penales, dentro de un edificio custodiado por su propio servicio de inteligencia. Para la diáspora que sigue de cerca cada uno de estos casos, la exigencia de estas madres no es solo sobre lo que pasó el día del terremoto: es sobre si el Estado venezolano está dispuesto, dos meses después, a rendir cuentas por decisiones que él mismo tomó.