El Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó a Fernando González Llort, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y uno de los cinco agentes de inteligencia cubanos de la conocida Red Avispa condenados en territorio estadounidense en la década de 1990, junto a otros dos directivos de la misma institución y nueve entidades estatales cubanas. “El régimen cubano ha pasado décadas utilizando grupos pantalla para infiltrarse entre los estadounidenses, corromperlos y radicalizarlos”, declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, al anunciar las nuevas medidas a través de su cuenta oficial en X.

Quién es Fernando González, y por qué su sanción tiene un peso simbólico particular

González Llort cumplió 15 años de prisión en Estados Unidos por su participación en la Red Avispa, una extensa red de espionaje cubano desmantelada en Florida a finales de los años noventa, antes de ser liberado en 2014 como parte del intento de normalización de relaciones impulsado por el entonces presidente Barack Obama. Según el propio comunicado del Departamento de Estado, tras su regreso a Cuba y su vinculación con el ICAP, González “ha continuado sus esfuerzos por desestabilizar Estados Unidos”. Junto a él fueron sancionadas la vicepresidenta primera del instituto, Noemí Rabaza Fernández, y la directora para Norteamérica, Leima Martínez Freire.

Nueve entidades de sectores estratégicos, alcanzadas por la misma medida

Más allá de las figuras del ICAP, la ofensiva alcanzó directamente a nueve entidades económicas cubanas: el Ministerio de la Construcción, la Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara, las importadoras Metalcuba, Acinox Comercial y Transimport, la comercializadora Consumimport, el Grupo Empresarial Geominero Salinero (Geominsal), ACOREC y CORATUR. Según Rubio, estas nueve entidades “sostienen y financian el aparato represivo del régimen” de La Habana. Las sanciones congelan cualquier activo bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a personas y empresas de Estados Unidos realizar transacciones con las partes sancionadas, salvo autorización expresa del gobierno.

El contexto: el aniversario de Fidel Castro y una red vinculada a Hezbolá

El propio comunicado oficial vincula el momento de esta sanción con el centenario del nacimiento de Fidel Castro, que documentamos hace unos días: “hace apenas unos días, el régimen intentó aprovechar el centenario del nacimiento del líder comunista y déspota Fidel Castro para revitalizar esta red subversiva, trasladando a La Habana a una nueva brigada de simpatizantes internacionales”, señaló Rubio. El medio ADN Cuba había documentado previamente vínculos entre el ICAP y Al-Tajammu, una coalición proiraní cuya junta directiva incluye integrantes de Hezbolá, los hutíes y otras organizaciones señaladas como terroristas por Washington —conexiones que la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar ya había denunciado públicamente en septiembre de 2025, calificando entonces al instituto como “fachada de la inteligencia, la radicalización y el terrorismo cubanos”. El propio ICAP ya había sido sancionado en junio, después de patrocinar un convoy humanitario internacional que entregó 14 toneladas de ayuda a la isla.

Por qué esto importa para la diáspora cubana en Estados Unidos: esta nueva ronda de sanciones, que apunta directamente a sectores estratégicos como la construcción y la minería —industrias de las que depende buena parte de la economía formal cubana—, confirma que la presión estadounidense sobre la isla sigue intensificándose en múltiples frentes simultáneos, tal como hemos documentado en semanas recientes con el aislamiento diplomático regional y la crisis energética interna. Para la diáspora cubana, que sigue de cerca cada nueva medida de este tipo, el hecho de que Washington vincule explícitamente estas sanciones con el propio aniversario de Fidel Castro y con redes de influencia dirigidas hacia Estados Unidos añade una dimensión adicional a un conflicto que, según todo lo documentado hasta ahora, no muestra señales de desescalar en el corto plazo.