En un hecho sin precedente en la historia moderna de Estados Unidos, tanto la Cámara de Representantes como el Senado aprobaron en junio, por separado, resoluciones bajo la Ley de Poderes de Guerra que ordenaban formalmente al presidente Trump retirar las tropas estadounidenses de las hostilidades contra Irán, a menos que contara con una autorización explícita del Congreso o una declaración de guerra. Era la primera vez que ambas cámaras aprobaban una resolución de este tipo dirigiendo a un presidente a sacar tropas de una zona de guerra. El Senado la aprobó 50 a 48, la Cámara 215 a 208, con un puñado de republicanos —entre ellos Thomas Massie, de Kentucky, y Rand Paul— cruzando la línea partidista para respaldarla, citando el costo de la guerra en los precios de la gasolina y el diésel para sus electores.

Ese voto histórico, sin embargo, no tenía fuerza vinculante real: Trump había dejado claro que la vetaría si llegaba a su escritorio, y el Congreso nunca reunió los votos necesarios para superar ese veto. Era, en palabras del propio senador demócrata Tim Kaine, impulsor de la resolución en el Senado, una forma de dejar constancia pública de la posición de cada legislador, no un mecanismo con capacidad real de detener la guerra. Ese límite quedó demostrado con claridad este fin de semana: Irán atacó bases en Jordania, matando a dos militares estadounidenses e hiriendo o desapareciendo a un tercero —las primeras bajas de EE.UU. en el conflicto desde marzo—, y horas después Teherán anunció formalmente que ya no buscará implementar el acuerdo de tregua alcanzado con Washington el mes pasado.

La secuencia completa de los últimos meses ayuda a entender por qué la resolución del Congreso terminó siendo, en la práctica, poco más que un gesto simbólico: Trump declaró en junio, al margen de una cumbre de la OTAN, que el cese al fuego con Irán estaba “terminado”, calificando a sus contrapartes de “escoria”, y esa misma noche Estados Unidos intensificó los ataques hasta alcanzar 90 objetivos en un solo día. Ni la resolución de la Cámara de junio, ni la del Senado, lograron alterar esa trayectoria de escalada. El propio senador republicano James Risch había advertido, antes de la votación, que aprobar la resolución llevaría a Irán a “simplemente levantarse y abandonar las negociaciones” —una predicción que, con el anuncio de este fin de semana, parece haberse cumplido, aunque por razones que van mucho más allá del voto del Congreso.

Por qué esto importa más allá del debate constitucional sobre los poderes de guerra: para las familias hispanas que ya sienten la presión combinada de aranceles más altos y el impuesto a las remesas, la escalada de este fin de semana confirma que el principal mecanismo de control que tiene el Congreso sobre una guerra que el presidente decide sostener por su cuenta —la Ley de Poderes de Guerra— demostró tener, en la práctica, poca capacidad real de frenar nada mientras no exista una mayoría dispuesta a superar un veto presidencial. Mientras ese pulso institucional sigue sin resolverse, el costo tangible —precios del petróleo por encima de los 80 dólares el barril, presión inflacionaria adicional sobre una Reserva Federal que ya evalúa subir las tasas— sigue recayendo, como siempre, sobre el mismo bolsillo de siempre.