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El Departamento de Justicia retiró este jueves las citaciones que exigían testimonio ante un jurado federal y registros telefónicos de periodistas de The New York Times, después de que el juez federal Arun Subramanian cuestionara casi cada paso del proceso durante una audiencia y llegara a amenazar con sanciones a los abogados del gobierno. Las citaciones, presentadas el 10 de julio, buscaban identificar las fuentes confidenciales detrás de dos reportajes sobre fallas de seguridad en el nuevo avión presidencial Air Force One, donado por la familia real de Catar, que llevaron al Servicio Secreto a impedir que Trump lo usara durante un viaje reciente a Medio Oriente.

Lo que convierte este caso en algo más que una disputa legal puntual es la dureza con la que el propio juez —designado durante la administración de Biden— desmontó el argumento del gobierno en plena audiencia. Subramanian señaló que los fiscales debieron agotar otras fuentes de información antes de recurrir a citaciones contra la prensa, y cuestionó con dureza un pedido paralelo: que los proveedores de telefonía no informaran a los periodistas sobre la existencia de las citaciones, pese a que el propio Departamento de Justicia ya había confirmado públicamente su existencia semanas antes. El juez calificó los argumentos de “trabajo legal descuidado” y advirtió que la demanda planteaba “preocupaciones profundas de Primera Enmienda”.

El abogado general de The New York Times, David McCraw, resumió el desenlace con una frase que capta bien lo que está en juego más allá de este caso puntual: “es un gran día para la Primera Enmienda y un gran día para el estado de derecho”. El Times había argumentado que las citaciones se presentaron de mala fe, como una forma de disuadir a los periodistas de seguir publicando información que, según sus fuentes, molestó directamente al presidente. El propio Departamento de Justicia insistió en que actuaba únicamente por motivos de seguridad nacional, un argumento que el juez no encontró convincente dado el patrón de conducta que describió durante la audiencia.

Este episodio no ocurre de manera aislada: se conoce apenas días después de que el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara, controlado por republicanos, emitiera citaciones contra medios independientes como BreakThrough News, The People’s Forum y Tricontinental Institute for Social Research, lo que sugiere que la presión sobre distintos tipos de prensa —desde medios establecidos hasta plataformas independientes— se mantiene activa en múltiples frentes simultáneamente, incluso mientras este caso puntual terminó con una victoria para los periodistas involucrados.

Para cualquier ciudadano, este caso importa como un recordatorio de que las protecciones constitucionales a la prensa no se sostienen solas: dependen de que jueces individuales, en casos concretos, estén dispuestos a exigir que el gobierno justifique con rigor cualquier intento de forzar a un periodista a revelar sus fuentes. Que esta vez el sistema haya funcionado como salvaguarda no garantiza que la próxima vez ocurra lo mismo, especialmente si, como advirtió un abogado consultado sobre el caso, es poco probable que sea el último intento del Departamento de Justicia de obtener este tipo de información por esta vía.