El Senado de Estados Unidos aprobó esta semana, sin que un solo senador objetara, una resolución no vinculante que le pide formalmente al presidente Trump que no indulte ni conmute la sentencia de Ghislaine Maxwell, la cómplice condenada del fallecido financista Jeffrey Epstein. La senadora demócrata Jacky Rosen pidió consentimiento unánime para la resolución, y ningún republicano se opuso —incluidos todos los senadores que, hasta ahora, habían respaldado sistemáticamente cada decisión del presidente.

La resolución llega después de que Trump, en repetidas ocasiones, se negara a descartar la posibilidad de un indulto. En su declaración más reciente, hecha desde su resort de Turnberry en Escocia, el presidente dijo que “tiene permitido” darle un indulto a Maxwell —una frase que, según analistas, generó más alarma que tranquilidad, precisamente por confirmar que la opción sigue sobre la mesa. Maxwell, condenada en 2021 por tráfico sexual de menores y actualmente cumpliendo una sentencia de 20 años en una prisión de mínima seguridad en Texas, agotó en semanas recientes su última vía de apelación cuando la Corte Suprema rechazó revisar su caso, dejando el indulto presidencial como su única salida legal posible.

La resolución del Senado no ocurre en el vacío: llega en medio de audiencias del Comité Judicial que han intensificado el escrutinio sobre el manejo del caso. Una sobreviviente de los abusos de Epstein, Dani Bensky, testificó ante el comité que el fiscal general adjunto Todd Blanche —el mismo funcionario cuya nominación como Fiscal General enfrenta oposición de otras sobrevivientes, como reportamos hace unos días— pasó nueve horas interrogando a Maxwell, pero “no le dedicó ni nueve minutos” a reunirse con una víctima. El mismo día de esa audiencia, un juez federal ordenó a Blanche entregar documentos sin redactar relacionados con el caso Epstein antes de las 3 de la tarde, intensificando aún más la presión sobre el Departamento de Justicia.

Por qué esto importa más allá del caso individual: que el Senado republicano haya roto, aunque sea de forma simbólica y no vinculante, con la ambigüedad de Trump sobre este tema específico, es una señal política inusual en un partido que durante casi todo su segundo mandato ha respaldado sin fisuras casi cualquier decisión presidencial. La resolución no tiene poder para impedir un indulto —esa facultad es exclusivamente presidencial—, pero deja constancia pública de que, en este caso puntual, ni siquiera sus propios aliados están dispuestos a defender la ambigüedad del presidente. Para la opinión pública que sigue de cerca el caso Epstein, la pregunta ya no es solo qué va a decidir Trump, sino qué tan dispuesto está su propio partido a seguir cubriéndolo si decide ejercer ese poder.