Una organización de exiliados venezolanos radicada en la ciudad de Miami pidió formalmente a Estados Unidos y a otros países suspender las deportaciones hacia Venezuela, al considerar que en el país persisten, sin resolverse todavía de forma verificable y comprobada, la persecución política, las detenciones arbitrarias y la falta de garantías básicas para quienes son enviados de vuelta. La solicitud, presentada formalmente por VEPPEX (Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio), fue dirigida directamente al Departamento de Estado de Estados Unidos, a la Organización de los Estados Americanos (OEA), y también a organismos internacionales de derechos humanos, a autoridades migratorias y a medios de comunicación.

El argumento central del extenso informe presentado por VEPPEX es bastante directo: deportar a una persona hacia un país donde puede ser detenida, perseguida, torturada o sometida a represalias de cualquier tipo representa un riesgo real y directo para su vida e integridad física. La organización sostiene que, pese a la amnistía aprobada el 19 de febrero de 2026 y las liberaciones de presos políticos anunciadas por el gobierno de Delcy Rodríguez en los meses posteriores a la captura de Maduro, esos gestos no han alcanzado a todas las personas perseguidas por motivos políticos. Según cifras de la organización no gubernamental Foro Penal, citadas textualmente en el informe presentado por VEPPEX, al 27 de julio de 2026 todavía había 379 presos políticos activos registrados en Venezuela: 353 hombres y 26 mujeres en total, de los cuales 219 son civiles comunes y 160 son militares activos o retirados.

Esta solicitud llega apenas dos días después de que aterrizara en Venezuela el primer vuelo de deportación procedente de Estados Unidos desde los terremotos del 24 de junio: 147 personas que salieron de Miami y, debido a que el aeropuerto principal de Maiquetía sigue con restricciones operativas por los daños del sismo, tuvieron que aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Barcelona, en el estado Anzoátegui. Ese vuelo, parte del programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria, fue el hecho concreto que parece haber precipitado el pronunciamiento de VEPPEX: para la organización, reactivar las deportaciones masivas justo cuando el país receptor todavía cuenta a sus muertos por el terremoto —la cifra oficial ya supera los 6,100 fallecidos— y no ha resuelto ni siquiera el problema de los presos políticos preexistentes, agrava un riesgo que ya era alto antes de la catástrofe natural.

El planteamiento de VEPPEX se enmarca en un debate más amplio que atraviesa a la diáspora venezolana en Estados Unidos desde la pérdida del Estatus de Protección Temporal (TPS). La designación de 2023 fue cancelada por la administración federal en febrero de 2025 y ratificada por la Corte Suprema en mayo de ese mismo año; la de 2021, con más beneficiarios, se extendió algo más gracias a distintas órdenes judiciales, pero terminó formalmente el 7 de noviembre de 2025. En conjunto, más de 600,000 venezolanos llegaron a depender del TPS en algún momento, según cifras citadas por Univision, y su pérdida dejó a esa población expuesta a la deportación incluso mientras persistían —según denuncian organizaciones como VEPPEX— las mismas condiciones de riesgo que originalmente motivaron su salida de Venezuela.

Es importante notar que la solicitud de VEPPEX no cuestiona la legitimidad general del actual proceso de repatriación voluntaria hacia Venezuela, sino específicamente las deportaciones forzosas de personas que, según su lectura, podrían enfrentar persecución al regresar. Esta distinción —entre quienes eligen volver de forma voluntaria, muchas veces para reencontrarse con familiares tras el terremoto, y quienes son enviados de vuelta por la fuerza bajo un proceso migratorio estadounidense— es un matiz que ha cobrado más peso en el debate público a medida que ambos flujos, el del retorno voluntario y el de la deportación, ocurren de forma simultánea y a veces en los mismos vuelos gestionados por el gobierno venezolano.

El comunicado de VEPPEX se suma además a un ambiente de creciente escrutinio internacional sobre las condiciones de detención migratoria en Estados Unidos en general, no solo hacia Venezuela: esta misma semana informamos sobre la muerte de un salvadoreño bajo custodia de ICE en Nueva Jersey, un caso que se convirtió en la persona número 56 en fallecer bajo detención federal durante el actual mandato de la administración Trump. Aunque se trata de un caso distinto —una muerte bajo custodia dentro de Estados Unidos, frente a un riesgo de persecución tras la deportación hacia el país de origen—, ambos episodios alimentan el mismo cuestionamiento de fondo que organizaciones de derechos humanos vienen planteando: si los mecanismos de protección y verificación de riesgo antes de una deportación son suficientes frente al ritmo acelerado con que la actual política migratoria estadounidense se está aplicando.

El propio historial de VEPPEX como organización le da cierto peso adicional a esta gestión: fundada por exiliados venezolanos con décadas de trayectoria documentando casos de persecución política, la organización ha actuado en el pasado como una de las voces de referencia para periodistas, legisladores estadounidenses y organismos multilaterales que buscan verificar denuncias específicas sobre presos políticos venezolanos, más allá de los conteos oficiales o las cifras que el propio gobierno de Caracas divulga. Esa función de verificación independiente es, en la práctica, lo que le da sustento a un pedido como este: no se trata solo de una opinión política sobre si conviene o no deportar, sino de un llamado a que las autoridades estadounidenses incorporen datos concretos y actualizados sobre riesgo real antes de decidir a quién envían de vuelta.

El contraste entre el discurso oficial de ambos gobiernos también merece atención. Mientras Washington presenta las deportaciones como parte de un proceso migratorio ordinario y Caracas describe cada vuelo del programa Vuelta a la Patria como un gesto de reencuentro nacional, organizaciones como VEPPEX insisten en que ninguno de esos dos marcos discursivos aborda directamente la pregunta que más le importa a las familias afectadas: qué le pasa concretamente a una persona específica una vez que pisa suelo venezolano, si esa persona tuvo en algún momento un perfil de activismo, disidencia o simple crítica pública al gobierno antes de emigrar. Esa es, precisamente, la evaluación caso por caso que la organización reclama que no se está haciendo con el rigor necesario.

Por qué esto importa para la diáspora venezolana: la petición de VEPPEX no es solo un posicionamiento político de una organización de exiliados —es un llamado concreto dirigido a las mismas instituciones, el Departamento de Estado y la OEA, que tienen la capacidad de influir sobre si las deportaciones hacia Venezuela continúan al ritmo actual o se pausan hasta que existan garantías verificables. Para las decenas de miles de venezolanos en Estados Unidos que hoy enfrentan procesos de deportación sin la protección que antes ofrecía el TPS, el resultado de este tipo de gestiones —más que cualquier otro factor— podría determinar si su eventual regreso a Venezuela ocurre en condiciones de seguridad mínimamente verificadas, o si simplemente se suman a una cifra de repatriaciones forzosas que, según Foro Penal y VEPPEX, todavía no puede garantizar que quien regresa no enfrente exactamente el mismo riesgo político del que en su momento huyó.